LA HABANA.- Ser chivato en Cuba, es decir, un soplón al servicio de las autoridades, es ganarse el desprecio de la mayoría de las personas. Semejante sentimiento se pudo constatar, por ejemplo, tras la caída de los gobiernos autoritarios de Gerardo Machado y Fulgencio Batista. En ambas ocasiones los chivatos fueron blanco predilecto de la ira popular.
Con el advenimiento de Fidel Castro al poder y la instauración de un sistema totalitario ―más opresivo aún que sus antecesores autoritarios―, y específicamente con el surgimiento de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la chivatería alcanzó cotas inimaginables en la isla.
Sin embargo, con el desgaste que han sufrido los CDR no es aventurado afirmar que hoy quedan pocos chivatos entre sus miembros, pues la mayoría de los “cederistas” no creen en esa organización, y pertenecen a ella de una manera simbólica para no señalarse ante las autoridades. No obstante, los contados chivatos que quedan a nivel de cuadra reciben, en el fondo, la condena del vecindario.
Los gobernantes cubanos, empero, no han renunciado a la chivatería como un modo de asegurar sus intereses. Así vemos cómo, de un tiempo a acá, crearon una plaza de chivato en cada una de las empresas estatales, bajo el eufemístico calificativo de auditor interno.
El sistema de auditoría en Cuba cuenta con dos tipos de auditores: los externos y los internos. Los primeros pertenecen a la Contraloría General de la República o a los distintos ministerios, y acuden a las empresas y unidades presupuestadas por un tiempo limitado. Es decir, el período que dure un control o una auditoría.
En cambio, el auditor interno es plantilla de la propia empresa, y tiene la triste misión de chequear el trabajo de sus compañeros para después irle con el chisme al director o administrador sobre lo que considere un hecho “delictivo” cometido por cualquier trabajador.
Mas, las evidencias indican que disminuye el número de trabajadores ―en este caso especialistas en materia económica― que se prestan para tan ingrata labor. Durante la celebración del balance del trabajo de la Contraloría General de la República durante el año 2017 se informó que la plantilla de auditores internos en el país solo está cubierta al 64%, y que sigue el éxodo de esos especialistas hacia otras ocupaciones.
Trascendió que en 2017 se detectaron por la Contraloría 280 delitos económicos más que en 2016. Como consecuencia se aplicaron cinco mil 658 medidas disciplinarias a mil 237 directivos, a mil 370 ejecutivos, y a tres mil 51 trabajadores.
En el referido balance, el vicecontralor general de la República, Reynol Pérez Fonticoba, apuntó que “existen cadenas delictivas que comienzan en el sector empresarial y terminan con la desviación de recursos hacia el sector no estatal, por lo que urge trabajar con intencionalidad en todo lo concerniente al origen y destino de los recursos” (“Andar a cuatro ojos y prevenir a los cuatro vientos”, periódico Juventud Rebelde, edición del 31 de marzo).
Si los gobernantes cubanos creyeran más en las enseñanzas que dejó el economista inglés Adam Smith hace más de doscientos años, advertirían que la mano invisible del mercado se encarga de distribuir los recursos hacia los sectores donde serán mejor empleados, y en el caso cubano parecen ser los no estatales.
Cuando eso suceda mayoritariamente, y en consecuencia merme la interferencia estatal, de seguro no harán falta tantos auditores internos.