¿Podrá cumplir Cuba con el Compromiso de Lima?

¿Podrá cumplir Cuba con el Compromiso de Lima?

Se trata de un documento que aboga por esgrimir la gobernabilidad democrática para hacer frente a la corrupción

Rodrigo Malmierca y Bruno Rodríguez, en la Cumbre de Lima (cubadebate.cu)

LA HABANA, Cuba.- La propaganda oficialista cubana apostaba porque la Cumbre de las Américas celebrada en Lima, Perú, concluiría sin un comunicado o documento final que trazara pautas para el devenir de nuestra región. Tal hipótesis se basaba en la supuesta falta de consenso que habría en esa cita a la hora de analizar los asuntos más acuciantes que afectan a las Américas.

Mas, al parecer, sucedió lo contrario. Al término de la reunión se dio a conocer el “Compromiso de Lima”, un documento de 57 puntos que aboga por esgrimir la gobernabilidad democrática para hacer frente a la corrupción. El documento debe de haber sido firmado por todas las naciones asistentes a la Cumbre, entre ellas Cuba. Sin embargo, basta repasar algunos de los puntos para corroborar que a las autoridades de la isla les va a resultar difícil materializar el empeño.

El punto no.1 insiste en “fortalecer las instituciones democráticas para la prevención y combate de la corrupción en el hemisferio”. El discurso oficialista considera que son las “prácticas económicas neoliberales” las causantes de la corrupción en buena parte de los países del continente. Es decir, un enfoque diametralmente opuesto al de la mayoría de los presentes en Lima. Tampoco podemos obviar que Cuba carece de las referidas instituciones democráticas.

El punto no.2 aboga por “fortalecer la autonomía e independencia judicial para promover el respeto al Estado de Derecho”.  Bien sabido es que en Cuba el poder judicial no es independiente. Porque la mayoría de los jueces portan en sus bolsillos un carnet del Partido Comunista —el único permitido—, y antes de actuar con imparcialidad prefieren someterse a la disciplina de esa organización política.

El punto no.3 se refiere “a la promoción de una iniciativa hemisférica con vistas a la educación cívica de nuestras sociedades”. Lo contrario es lo que ha sucedido en Cuba, donde una educación basada en valores emergentes, como ser revolucionario —o sea simpatizar con el castrismo—, ha llevado a un segundo plano la vigencia de valores cívicos,  como la honradez, la decencia y otros,

El punto no.13 solicita “fortalecer los sistemas o las medidas nacionales anticorrupción,  como por ejemplo la participación de la sociedad civil en el seguimiento de la gestión gubernamental”.  Y debe quedar claro que en la isla no existe mecanismo alguno que le permita a la sociedad civil (ni a la verdadera, ni a la domesticada por el gobierno) controlar la gestión gubernamental. Esfera en la que, por cierto, ocurren los mayores actos de corrupción en el país.

El punto no.23 clama por “proteger el trabajo de los periodistas o personas que investigan casos de corrupción, que incluya la libertad de expresión”.  Una intención que, evidentemente, choca con la realidad cubana, donde solo trascienden los trabajos periodísticos que favorecen el punto de vista de las autoridades.  Ningún periodista independiente será protegido, tanto si se dedica a denunciar actos de corrupción, como a tratar cualquier otro tema.

Por último, el punto no.33 pide “implementar medidas para la reducción de la burocracia y la simplificación de trámites en todos los niveles de gobierno para la prevención de la corrupción”.  Es difícil que un aparato gubernamental tan omnímodo e ineficiente como el castrista pueda desembarazarse de la burocracia y el atolladero en las tramitaciones.

En resumidas cuentas, todo indica que más allá de la hipotética firma de un documento para salir del paso, el gobierno cubano no comulga con el espíritu democrático que prevalece en las Américas.

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