LA HABANA, Cuba – Una de las principales noticias en días recientes ha sido la firma, por el Gobierno de Colombia y la narcoguerrilla de las FARC-EP, del acuerdo para crear una Jurisdicción Especial para la Paz. Es natural que esa información despertara interés en el país sudamericano, pero también en Cuba se le dio gran cobertura.
Al término del Noticiero Estelar de la Televisión de la Isla, se retransmitieron todos los discursos pronunciados con ese motivo en un horario estelar de la semana pasada. Bajo Fidel Castro esto habría sido normal, pues el Comandante, cada vez que se le ocurría, ordenaba la posposición de la novela. ¿No recuerdan los alucinantes informativos nocturnos de dos horas y más de duración durante la saga del niño Elián?
Esa postergación del culebrón brasileño de turno –un grave pecado a los ojos de las cubanas y de muchos de sus compatriotas masculinos– ha sido evitada en lo posible por el General de Ejército. Dado lo limitado y lento de las llamadas “reformas raulistas”, esta muestra de consideración hacia sus súbditos constituye uno de los logros del actual equipo gobernante de La Habana.
Grande tiene que ser el interés del régimen castrista para que, faltando a esa regla, las peroraciones del presidente colombiano Juan Manuel Santos, el líder subversivo Timoleón Jiménez (alias Timoshenko) y el propio Raúl Castro, hayan ocupado ese horario estelar. Lo mismo cabe decir del diario Granma, que el jueves 24 dedicó cinco de sus ocho páginas a reproducir el texto de esos materiales.
Son dignas de recalcar las palabras del General de Ejército: “No descansaremos en nuestros esfuerzos hasta que se logre el ansiado objetivo de la paz estable y duradera para la querida Colombia”. Después que los castristas se dedicaron durante decenios a subvertir medio continente (para hablar sólo de nuestro Hemisferio), es digno de aplauso este cambio.
Como reza el refrán, rectificar es de sabios. Y por supuesto que es preferible que, en lugar de dedicarse a brindar ayuda de todo tipo a los subversivos, a entrenarlos en la guerra de guerrillas o en la realización de sabotajes y otros actos violentos (como hicieron durante decenios), las autoridades cubanas ayuden al restablecimiento de la paz en la convulsa tierra colombiana.
Lo primero que llama la atención en la noticia es que la práctica no se haya ajustado a los anuncios formulados de inicio. Al comenzar las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla, se afirmó que nada estaría convenido en tanto no se hubiese acordado todo. Ahora, sin embargo, se le da gran publicidad a este arreglo parcial cuando las partes han reconocido que aún faltan puntos importantes por conciliar.
Según el Comunicado Conjunto difundido al efecto, entre los aspectos más importantes de este acuerdo, se encuentra la concesión, al terminar las hostilidades, de una amplia amnistía por delitos políticos y conexos. El resto del convenio versa sobre la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, la cual, según ha dicho recientemente BBC Mundo, estará compuesta “por un total de 35 jueces”.
El mencionado Comunicado Conjunto establece que esa Jurisdicción Especial “tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado”. Entre las conductas de las que conocerá (y que no podrán ser amnistiadas) están “los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra”.
Según declaraciones de Enrique Santiago a BBC Mundo, “el 80% de esos jueces serán colombianos y el resto extranjeros”; ellos “serán elegidos por una comisión de selección acordada entre las partes”. Como una de estas últimas son las FARC-EP, parece razonable pensar que entre los magistrados foráneos veremos a cubanos y venezolanos que han participado en las farsas judiciales perpetradas en sus respectivos países contra los opositores. ¡Pobres colombianos!
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch-Americas, declaró: “Es difícil imaginar que esta fórmula de justicia transicional supere un escrutinio riguroso en la Corte Constitucional colombiana o, en última instancia, en la Corte Penal Internacional”.
Coincido con el destacado defensor de los derechos humanos. Por ejemplo, por muy enrevesada que sea la dialéctica que empleen, no alcanzo a comprender cómo se admitirá la designación de jueces extranjeros, cuando el artículo 99 de la Constitución de Colombia dispone: “La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para (…) desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción”.
Pero, por encima de objeciones, lo importante es que ahora existen razones para que nuestros hermanos colombianos confíen en que un acuerdo final de paz se firme a más tardar el próximo 23 de marzo. ¡Ojalá que así sea, para bien de ese sufrido pueblo!