MADRID, España. — En Cuba, a falta de la publicación de los decretos, decretos leyes y resoluciones que contienen la normativa relacionada con las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas no agropecuarias y el ejercicio del trabajo por cuenta propia (dentro de lo que se denomina perfeccionamiento de los actores de la economía), hay que conformarse con las informaciones sueltas que ofrecen las autoridades en sus comparecencias en televisión.
Para tratarse de un asunto tan importante para la economía nacional, parece evidente que Alejandro Gil, Meisi Bolaños, Marta Elena Feitó Cabrera y Johana Odriozola no han elegido el espacio más adecuado para dar a conocer las reformas planteadas, sobre todo, en lo relativo a las mipymes. Sin embargo, pese a la falta de información, algunas cuestiones se pueden obtener de lo dicho en la Mesa Redonda del miércoles 11 de agosto. Cuestiones sobre las que recae un posible éxito o fracaso de lo que se pretende regular.
La primera, es la obsesión del ministro por explicar que la aprobación de las normas no tiene que ver con las protestas sociales del 11J. Tiene razón porque de este tema se ha venido hablando años, pero el ministro tiene que reconocer que ha habido un apretón de última hora para acelerar la norma, y eso, aunque no lo diga, tiene mucho que ver con el estado caótico de la economía cubana y el amplio malestar social que existe en el país.
La segunda cuestión está relacionada con la anterior: ¿por qué se elige entonces este momento, que no es el más propicio para transformaciones como las propuestas? Va a acabar ocurriendo como con la Tarea Ordenamiento, que después de haber dormido dos décadas esperando su momento, llegó de forma acelerada y en el peor posible, tras la grave crisis del coronavirus en 2020. Parece que los dirigentes castristas insisten en meterse en líos, con elecciones irresponsables, que lejos que mejorar la vida de todos los cubanos, la empeoran.
En tercer lugar, mucho nos tememos que esta es otra imposición de partido —como lo fue la Tarea Ordenamiento— y que se trató de una imposición política y partidista ante el congreso comunista de abril. No es cierto, como ha dicho el ministro, que hubiera que adoptar la Tarea Ordenamiento para que se pudieran crear la mipymes en la economía cubana.
Cuarto. Los dirigentes comunistas creen que los problemas de la economía cubana, como la falta de divisas y el embargo o bloqueo de Estados Unidos, se pueden resolver con la creación de mipymes. Se equivocan. Tampoco estas entidades van a servir para potenciar la economía nacional, o en lenguaje ministerial, “para aprovechar todas las potencialidades internas del país, todo el talento formado por la revolución durante tantos años, las reservas que podemos explotar en función de respaldar una diversificación de la producción nacional y un crecimiento económico con el mínimo de componente importado”. Eso no depende de las mipymes cuya razón de ser es otra, y si el ministro no lo sabe, que eche un vistazo a lo que ocurre en todo el mundo.
Quinto. Es preocupante que este perfeccionamiento de los actores económicos que se pretende conseguir por medio de decretos, decretos leyes y resoluciones, no se limite a las mipymes, sino que también han decidido involucrar en el proceso otros agentes que ya están funcionando en la economía, como el trabajo por cuenta propia y las cooperativas. Lo preocupante es la afirmación de que seguirá siendo la empresa estatal “el principal actor económico”.
En opinión del gobierno comunista cubano, las nuevas normas del “perfeccionamiento” pretenden que se produzca un “diseño de encadenamiento productivo del sector no estatal con el estatal para lograr la eficiencia de la empresa estatal socialista y a que esta se convierta en el motor impulsor de la economía”.
Dicho de otro modo, el gobierno cubano quiere aprobar las mipymes, el trabajo por cuenta propia y las cooperativas no agrarias para que sirvan al sector estatal (de forma más concreta, a las empresas estatales, a las que la reforma quiere otorgar mayor autonomía), eliminar la obligación de aplicar la escala salarial o dar flexibilidad de los indicadores directivos y la distribución de utilidades por la vía de ingreso al trabajador.
Dicho de otro modo: las normas van a cerrar el paso al cuentapropismo, potenciar las cooperativas no agropecuarias, en tanto significan una novedad, y aprovechar de paso para introducir las mipymes como un mal necesario que carece de encuadre en el texto constitucional y que, por ello, puede ser borrado del mapa como actor económico tan pronto como las condiciones cambien y el gobierno se asegure su parcela de poder.
Nadie debe esperar de esta reforma el retorno de la propiedad privada de los medios de producción o la transformación de la economía cubana hacia el mercado y la libre empresa. Nada de esto se encuentra en la mente del legislador, que está pensando más en cómo controlar e intervenir lo que ahora quiere crear, que en darle vida, autonomía y responsabilidad.
Solo así es posible entender la cuestión relativa a las dimensiones que, para el gobierno, supone que las mipymes tendrán solo hasta 100 trabajadores. Además, habrá mipymes tanto en el sector no estatal como el estatal, permitiendo así que empresas estatales poco eficientes o con una estructura inadecuada puedan convertirse en empresa filial o formar una “mipyme” a partir de la separación entre la propiedad y la gestión. Será un asunto controvertido que traerá no pocos problemas a la realidad económica y social cubana.
De lo expuesto se puede concluir que el diseño para las mipymes que ha elaborado el gobierno cubano es intervencionista y limita notablemente la función de estas empresas, que se aprobarán en la medida que se orienten a los sectores y/o actividades prioritarios del gobierno (agricultura, turismo, desarrollo local, etc).
Cabe esperar que se publiquen las normas jurídicas en los próximos días para realizar un análisis más detallado de los contenidos. Los seis decretos leyes, además de un decreto y más de 15 resoluciones, van a exigir, como ocurrió con la Tarea Ordenamiento, un gran esfuerzo de conocimiento e interpretación que, casi seguramente, será innecesario cuando las protestas (que se van a producir) lleven al gobierno a modificar las normas.
Algo sí que cabe concluir a partir de las exposiciones en Mesa Redonda de las autoridades: las normas no van a servir para fomentar el libre derecho de creación de empresa, que seguirá estando sometido en Cuba a lo que decida el gobierno, en su caso. Flaco favor a la economía y a los cubanos que esperan establecerse por medio de empresas para desarrollar sus proyectos de vida.
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