Elías Amor, Author at Cubanet

MADRID, España. - Una vez más, las autoridades comunistas cubanas vuelven a otorgar plena confianza a los decretos publicados en la Gaceta Oficial como instrumentos para el impulso y promoción de las actividades económicas. Como si esto fuera posible. Llevan 61 años creyendo ciegamente que es así, pero los fracasos obtenidos desde las primeras reformas revolucionarias hasta el presente vienen a confirmar justo lo contrario. No conviene creer que una economía se dirige con decretos, sino con la libertad de actuación de los distintos agentes económicos, dentro de un marco estable y de respeto al ejercicio de los derechos de propiedad. Los gobiernos deben encargarse de crear ese escenario favorable, porque cualquier otra alternativa no produce resultados positivos. La experiencia cubana es un buen ejemplo de ello. Y con la agricultura el régimen comunista ha publicado tantas normas de contenido ideológico, ha hecho tantos experimentos y ha lanzado tantas arengas vacías de contenido, que una más poco importan. Ya nadie tiene la más mínima esperanza de que la comida llegue a los mercados en condiciones de cantidad y calidad acordes con las necesidades de la población. De modo que, cuando todavía resuenan las arengas de Machado Ventura a los campesinos de Cienfuegos para que produzcan más, la Gaceta Oficial del régimen ha vuelto a publicar un par de decretos, el Decreto-Ley No. 13/2019 y su Reglamento, y el Decreto No. 21/2020, para intentar regular y organizar lo que denominan “actividades decisoras en los procesos productivos agropecuarios, como la mecanización, el riego, el drenaje y el abasto de agua para los animales”. A esto ha llegado la agricultura en Cuba. A tener que implementar normas jurídicas para regular un conjunto de actividades del surco, que los productores agropecuarios conocen muy bien y no necesitan que nadie les diga lo que tienen que hacer ni cómo. Al parecer, a las autoridades les preocupa que tan solo un 7,4% de la superficie agrícola disponga de riego, cuando los estudios indican que hay un potencial para llegar a un 35%. El diagnóstico señala que la diferencia obedece a “la falta de equipamiento, al deterioro de los equipos y sistemas de riego existentes, e incluso, al mal estado de embalses y otras obras hidráulicas, cuestiones que provocan también una baja eficiencia e inadecuado uso y reutilización del agua”. Es decir, falta de inversiones. Y entonces, los dirigentes deciden afrontar esta situación, que tiene su origen en la propia política presupuestaria del régimen de otorgar prioridad a los gastos corrientes y olvidarse de las inversiones. Este es un buen ejemplo de por qué en Cuba la participación de la formación bruta de capital fijo en el PIB, alrededor del 10%, se sitúa por debajo de la mitad de los países de América Latina, que están por encima del 23%. Ese bajo e insuficiente nivel inversor de la economía, provocado por la ausencia de un sector privado potente que complemente la inversión del sector estatal, lastra las infraestructuras de la economía y explica los pésimos resultados en materia de riego y mecanización en la agricultura cubana que el gobierno quiere arreglar con decretos. El periódico Granma alude de paso a las inversiones realizadas en equipamiento para la producción de arroz, con técnicas en este tipo de cultivo, como la nivelación con láser, con GPS y otros instrumentos, que son muy provechosos para la reducción del consumo del agua y el incremento de la producción, pero el resultado fracasa y hay que pedir a Vietnam que regale varias toneladas de arroz para alimentar de urgencia a la población. También se refieren a la introducción de tecnologías avanzadas en actividades de atención a las fuentes renovables de energía para las que resulta necesaria la preparación del personal, así como programas para superar el insuficiente abasto de agua a los animales en la ganadería y las serias afectaciones por mal drenaje, o el empleo en las actividades agrícolas de tractores e implementos que no responden a las normas de conservación de los suelos y el medioambiente, incluyendo la limitada oferta de equipos, partes, piezas y agregados a todas las formas productivas. Nada que pueda aportar producción de forma directa, o que suponga aumentar la oferta agropecuaria. Todo, absolutamente todo, planificado y dirigido por el Estado. Sin embargo, sería bueno advertir que la solución no está en manos del gobierno, y este sería un buen ejemplo para explorar el modelo de colaboración pública y privada que necesita la economía cubana. Pero no parece que esta sea la opción elegida por el régimen, cuando defiende sus normativas diciendo que “tienen mucha relación con la protección del medioambiente y con las especificidades de la Política Nacional del Agua, pues contribuyen al cuidado de este recurso desde la actividad agrícola”, lo que indica la escasa importancia que se otorga a la participación de los intereses privados. Las autoridades creen que un “país agrícola, tropical además, con agua en su subsuelo, con más de 230 presas y 627 micropresas, debe ser capaz de lograr que su industria produzca equipamiento para satisfacer las necesidades de abasto de agua”, pero en vez de apostar por la colaboración privada y pública dentro de Cuba, sorprenden anunciando la intención de fomentar “proyectos de colaboración y la inversión extranjera hacia ese asunto”. Es decir, en vez de cooperar entre agentes económicos cubanos, el régimen prefiere atraer capital extranjero a los sistemas de regadío. Insisten en que la meta es “proteger y racionalizar todos los recursos e incrementar las producciones”, pero no confían para ello en el sector privado cubano, sino que se ponen al servicio del capital internacional. Otra cosa es que los inversores extranjeros muerdan el anzuelo. Por último, los decretos sorprenden en algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿de qué sirve la actualización de la inscripción y control de los tractores y cosechadoras autopropulsadas en el registro existente, cuando el problema realmente es producir para evitar una crisis alimentaria que, después de las inundaciones provocadas por las lluvias de la tormenta Eta, puede producirse en cualquier momento? Realmente, ¿vale la pena ese censo de tractores? ¿Cuántos tractores tienen los campesinos cubanos y cuántos los utilizan realmente para producir en las parcelas de reducidas dimensiones que les arrendó el régimen comunista? Perder el tiempo. Nada más y nada menos que el director de Mecanización, Riego y Drenaje del Ministerio de la Agricultura declaró a Granma “que estas disposiciones protegen la adquisición de los recursos para las actividades mencionadas por los productores y empresas estatales, así como también establece los requerimientos que deben cumplir sus tenentes (por qué no utilizar el término propietarios) para su correcta explotación y cuidado”. La cuestión es cuántos campesinos cubanos podrán comprar esos equipos, los tractores de baja potencia o los sistemas de riego, si, como han previsto las autoridades, se tendrán que pagar en dólares y no en CUP, que es la moneda dominante en el sector agropecuario. Si además, la financiación bancaria está muy controlada, ¿con qué fondos se podrá acceder a estos equipos y quién? Lo sorprendente es que los decretos obligan a que la financiación se respalde por el tenente del equipamiento, a través de su empresa, cooperativa o grupo empresarial, igual que ocurre con las nuevas inversiones para obtener estos recursos destinando a tal fin créditos bancarios, donativos o colaboración extranjera. De ese modo cierran el posible acceso del inversor extranjero al productor privado cubano. Gran error. Se tiene la impresión que en estos procesos regulados por los decretos se primará a los campesinos obedientes, recomendados por las organizaciones comunistas locales, y sobre todo, a aquellos que cumplan con las entregas al Estado, que al final en Cuba es lo mismo. Ahora, pensar que pueda surgir un mercado de equipamientos para la agricultura en Cuba es impensable. Y es una lástima. 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