GUANTÁNAMO, Cuba.- El pasado 18 de octubre de 2018 el periódico Granma —órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba— publicó fragmentos de la conferencia dictada por el señor Homero Acosta Álvarez, Secretario del Consejo de Estado de la República de Cuba, en la inauguración del Congreso Internacional Abogacía 2018.
Lo publicado demuestra cómo lo injusto y antidemocrático resulta indefendible, informa sobre algunos de los artículos del Proyecto de Constitución que han resultado más polémicos y sugiere que el documento se va a imponer al pueblo a pesar de las opiniones.
Según el señor Homero Acosta Álvarez, se ha pretendido desde algunas posiciones contraponer el papel del partido a la soberanía popular y a las atribuciones que en el orden estatal corresponde a cada uno de los órganos definidos en la Constitución. Refuta esa posición alegando que el partido no está situado por encima de la Constitución, pues como ente político viene obligado a acatarla y es también su defensor. Pienso que eso sería lo correcto, mucho más ahora cuando los mandantes exportan la idea de que Cuba va a ser un Estado socialista de derecho, pero no es eso lo que dijo el señor Toledo Santander —presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular— cuando se discutió el Proyecto en ese órgano legislativo, ni es lo que ha ocurrido en los 53 años de la existencia del Partido Comunista Cubano. De hecho el artículo 5 del Proyecto de Constitución establece diáfanamente que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado y esa formulación jurídica le reconoce una posición privilegiada que corresponde al pueblo y, dentro del Estado, a la Asamblea Nacional del Poder Popular, jamás a ese partido que se ha aupado a sí mismo sin respaldo ciudadano.
Si fuera cierto que el partido comunista respeta la institucionalidad del país —como afirma el señor Secretario del Consejo de Estado— no habría implantado nuevas estructuras de gobierno en las provincias de Artemisa y Mayabeque, ni hubiera aplicado políticas aprobadas en su séptimo congreso, antes de modificar la Constitución. Tal modo de actuar demuestra que no es precisamente ese partido quien puede erigirse en defensor de la institucionalidad. Sería más honesto anunciar que a partir de ahora eso cambiará —y habría que verlo— porque la primacía del partido comunista es un mentís rotundo a la igualdad política al prohibir que los cubanos que no comulgan con su ideología puedan asociarse y manifestarse pacíficamente y participar en el gobierno del país, por eso ese partido es discriminatorio y sí ha secuestrado el ejercicio de la soberanía popular.
En otro momento de su conferencia el señor Secretario del Consejo de Estado afirmó que el reconocimiento de Cuba como un Estado socialista de derecho no es un simple enunciado de complacencia sino la determinación y voluntad de alcanzar el imperio de la ley, aunque no mencionó cómo ni cuándo, ni tampoco explicó por qué —entonces— no han sido incorporados al Proyecto de Constitución todos los derechos humanos tal y cómo aparecen en los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por el gobierno cubano, ni por qué no se consignó en el artículo 40 del Proyecto que la discriminación política también es lesiva a la dignidad humana.
Con respecto al matrimonio igualitario el señor Acosta afirmó que el Derecho no puede permanecer esclavo perpetuo de rezagos sociales, aun cuando en un momento pueda entrar en colisión con parte del espectro social —aunque en este caso sea abrumadoramente mayoritario—, sin dudas un espaldarazo a los interesados en que sea aprobado. Para apoyar ese pensamiento Acosta afirmó que si la Constitución proclama el reconocimiento con amplitud del derecho de igualdad no debe limitar que personas con diferente orientación sexual puedan alcanzar el matrimonio. Siguiendo la lógica de este pensamiento también podemos afirmar que no se debe circunscribir la participación social y política de los ciudadanos alrededor de lo que impone el partido comunista, sino que se debe reconocer la pluralidad social y política en la Cuba de hoy, la cual debe contar con un espacio y contender en igualdad de condiciones con el partido comunista.
Una preocupación que abrigan muchos ciudadanos, consistente en cómo y cuándo se van a garantizar los derechos plasmados en el Proyecto de Constitución, pero que resultan inviables en las circunstancias de un Estado totalitario como el cubano, fue esclarecida por el señor Acosta cuando afirmó, aunque obviando referirse a los derechos civiles y políticos: “Algunos derechos económicos y sociales, cuya garantía no puede ofrecerse de inmediato por razones económicas que superan la voluntad estatal y que haría ficticia la Constitución, están regulados con una proyección de progresividad, lo que igualmente genera cierta inconformidad. Tal es el caso del derecho a una vivienda digna, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, entre otros. La fórmula utilizada impone al Estado trabajar por alcanzar la plenitud de esos derechos, pero, desde nuestra perspectiva, no puede configurarse de modo terminante por las propias limitaciones objetivas que tiene su consecución”. Es decir, que tendremos otra Constitución que será letra muerta en muchos de sus artículos.
En otro fragmento el señor Acosta afirmó que ninguna opinión será dejada de tener en cuenta, aunque ello no significa que cada recomendación será inscripta en el texto, pero no aclaró cuál va a ser la metodología para decidir qué planteamiento se incluye o se desestima, ni quienes decidirán sobre eso, ni si van a publicar los datos estadísticos de la consulta popular. Así funciona la transparencia de los comunistas cubanos.
Lo publicado por Granma me recordó los cantos de las sirenas en La Odisea, obra del eterno Homero, gran poeta y demócrata, y cómo la seducción de la palabrería comunista puede provocar la muerte civil definitiva de lo poco que aún queda de rebeldía en nuestra tierra, a menos que nos echemos cera en los oídos y un poco de dignidad en el pecho.