LA HABANA, Cuba.- El zar de la economía cubana, Marino Murillo, acaba de clausurar en La Habana el Segundo Taller Internacional de Auditoría, Control y Supervisión. Pero no se piense que la esencia del discurso de Murillo tuvo que ver con la manera de combatir el delito y la corrupción, por demás muy abundantes en la sociedad cubana.
El alto funcionario castrista aprovechó su intervención para exaltar dos de los documentos debatidos durante el VII Congreso del Partido Comunista, y que próximamente se “pondrán a la consideración” de otros sectores de la vida nacional. Se trata de la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.
En una parte de su alocución, el señor Murillo expresó que “el debate popular y el enriquecimiento de los documentos del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba que tendrá lugar en los próximos meses es una demostración práctica de planificación participativa”.
Curiosa manera esta de propiciar la planificación participativa, pues el susodicho debate popular será una fachada para encubrir el autoritarismo con que ambos documentos fueron elaborados por las altas esferas del poder. Si de veras se hubiera querido propiciar un ambiente democrático en torno a esos documentos, hubiese bastado con convocar a diversos sectores de la sociedad civil a la hora de su confección.
Si echamos un vistazo, por ejemplo, al Plan hasta el año 2030, notamos que la Cuba deseada para esa fecha no dista mucho de la situación actual de la isla. Todo en sintonía para salvaguardar los intereses de la clase dominante.
El acápite 23 del Plan se refiere al desarrollo de actividades productivas y de servicios que puedan exportarse aprovechando el principio de las ventajas comparativas, y por tanto las tornen competitivas en la arena internacional. Sin embargo, nada se dice de aplicar ese mismo principio a la hora de importar todo lo que no sea eficiente producirlo en el país. Entonces se infiere que para el 2030 seguiremos con la estrategia de “sustitución de importaciones”, y la población pagará las consecuencias al sufrir escasez y tener que adquirir artículos de calidad inferior.
El acápite 29 concibe la inversión extranjera como esencial para el desarrollo del país. Mientras tanto, en ningún lugar del documento aparece la posibilidad de que los cubanos también puedan invertir.
El acápite 99 valora el beneficio que puede brindar la integración económica, pero siempre en los marcos regionales o subregionales. Es decir, la integración al estilo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de las Américas (ALBA). Nada de firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos o la Unión Europea, como ya han hecho, o piensan hacer, muchas naciones latinoamericanas.
El acápite 213 aboga por una Cuba futura donde no exista discriminación por el color de la piel, la identidad de género, orientación sexual, discapacidad, origen territorial, creencia religiosa y edad. En cambio, se pasa por alto la discriminación político-ideológica, que es y será el principal motivo de exclusión para los cubanos.
El acápite 219 solicita hacia el 2030 una población preparada “para interpretar críticamente los mensajes nocivos, proimperialistas, anexionistas, consumistas, coloniales, racistas, violentos y degradantes que produce con frecuencia la industria cultural hegemónica”. Nada más parecido al férreo control que hoy pretende ejercer la cultura oficialista.
Estos son algunos de los resultados de la “planificación participativa” que propone Marino Murillo. La Cuba deseada para el 2030 por la cúpula del poder, y de acuerdo con una frase de moda entre los cubanos de a pie, no sería otra cosa que “más de lo mismo”.