LA HABANA, Cuba.- El gobierno de Costa Rica ha decidido no conceder más visas a los cubanos que atraviesen esa nación centroamericana en su tránsito hacia los Estados Unidos.
Un año después de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, y a un mes de haberse producido la contención de miles de cubanos en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, parece que la estrategia del gobierno de Raúl Castro para ejercer presión sobre el país norteño y obligarlo a derogar la Ley de Ajuste Cubano, comienza a ofrecer resultados favorables para la antidemocracia insular.
Tras la decisión, por parte de Ecuador, de exigir visas nuevamente a los cubanos que desean viajar a esa nación andina, la incertidumbre ha hecho presa en decenas de miles de antillanos que han redoblado sus esfuerzos para abandonar la Isla por cualquier vía, pues temen el cese de la política que les permite obtener beneficios una vez alcanzado suelo norteamericano. El súbito aumento del flujo migratorio ha generado una crisis humanitaria en Costa Rica que el gobierno cubano intenta, como es habitual, manipular para hacer recaer toda la responsabilidad sobre Estados Unidos.
La opinión internacional hace ecos a la falacia castrista de que la “inhumana” Ley de Ajuste Cubano provoca que decenas de miles de cubanos intenten llegar a los Estados Unidos mediante vías y expedientes que atentan contra su vida. Sin dejar de admitir que la ley de marras constituye un instrumento político, sería injusto no ponderar la razón fundamental por la cual tantos cubanos han decidido arriesgar su integridad física tratando de llegar, por mar o por tierra, al único país que les ofrece oportunidades concretas de mejorar su calidad de vida.
Funciona en este sentido, para la Ley de Ajuste Cubano, la misma filosofía de la manzana en el jardín del Edén: el fruto prohibido está ahí, al alcance de la mano, esperando ser arrancado. Tal como Eva sabía del castigo y eligió morder la manzana, el cubano sabe de naufragios, tiburones, huracanes, vandalismos en alta mar o tierra continental, tráfico ilegal de personas, atracos para robar identidades, estafas y asesinatos. Aun así, vende todo lo que tiene y decide partir. Es una elección personal, espoleada por una legislación tentadora pero, sobre todo, por la insoportable situación económica y de derechos existente en la nación antillana.
Por muy prometedor que fuera el futuro allende los mares, un cubano no abandonaría su patria y sus seres queridos si pudiera llevar una vida digna en Cuba, donde después de estudiar y prepararse durante largos años, es recompensado con un salario que no alcanza para la comida del mes (ni siquiera redondeándolo con la canasta básica), no le permitirá mejorar su vivienda, ni adquirir un medio de transporte para llegar puntual a su centro de trabajo, ni vestirse decentemente, ni formar una familia a la que deberá proveer de lo indispensable.
El problema de Cuba es que no existe la posibilidad de concretar un proyecto de vida. A punto de finalizar el 2015, y a pesar de tantos convenios firmados con un sinnúmero de países, de la reanudación de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y de un supuesto crecimiento de la economía en un 4%, Cuba es un país invivible, cuya realidad empeora a diario.
Basta observar los precios del mercado y compararlos con el salario promedio vigente, para percibir que el gobierno actual -como el precedente- solo quiere la explotación y aniquilación de los cubanos. La feroz campaña contra la Ley de Ajuste Cubano es un intento desesperado por retener a técnicos y profesionales decididos a abandonar el país en busca de mejores oportunidades. ¿Dónde radica, en este caso, la defensa de los Derechos Humanos? ¿Qué criterio maquiavélico puede culpar a una Ley extranjera de la prolongada crisis cuya responsabilidad moral recae en el gobierno cubano?
Con el trillado discurso sobre los logros en la Salud y la Educación, el gobierno cubano tiene engañado a medio mundo y considera que su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos está cumplido. Sin embargo, tras la propaganda de escuelas pulcras con claustros completos, subyace un sistema educacional envenenado por la corrupción y la desidia. Tras los hospitales luminosos donde amables especialistas velan por sus pacientes, hay una desastrosa red primaria de Salud Pública –consultorios y policlínicos- que evidencia carencias y barbarismos inadmisibles en un país pomposamente declarado “potencia médica”. Es el predecible resultado de enviar cientos de médicos a misiones internacionalistas con el único objetivo de quitarles el 75% de sus ingresos y quedar bien con la opinión internacional; mientras en la Isla los facultativos no dan abasto para cubrir las necesidades de la población.
El primero de los derechos humanos y constitucionales: la libertad de expresión y de activismo político, es diariamente violado en Cuba, ante los ojos del mundo. Existe la creencia de que la emigración cubana se produce por razones netamente económicas; pero esta verdad es solo epidérmica. El poder centralizado no admite la legalización de partidos políticos que puedan aportar nuevas directrices administrativas. Asimismo, rebosa a la iniciativa privada de regulaciones e impuestos para impedir la acumulación de capitales que, unidos, pudieran financiar alternativas orientadas hacia el bienestar social y el cambio político. Tras las inquietudes pecuniarias que embargan a los cubanos, aumentan las presiones de una política obsoleta signada por el voluntarismo, el empecinamiento y la irracionalidad típica de las dictaduras. Esa es la causa primera de la emigración cubana, no el American Way of Life.
La derogación de la Ley de Ajuste Cubano equivaldría a cerrar, para siempre, la única salida posible para que los cubanos puedan aspirar a una vida mejor. Ninguna opinión internacional que se considere defensora de los Derechos Humanos, puede condenar dicha legislación y cerrar los ojos ante la apabullante ausencia de libertades individuales que existe en Cuba. Sería una actitud hipócrita. Piénsese que cuando un ser humano decide arriesgar el don preciado de la vida para escapar de una sociedad que se autoproclama “la más justa e igualitaria”, tiene que haber un error o un engaño de dimensiones desproporcionadas.