LA HABANA, Cuba –Es conocida una anécdota del tenebroso José Fouché, cuando regenteaba el Ministerio de Policía del emperador Napoleón Bonaparte. Conforme a una norma establecida por él mismo, quien deseara organizar una reunión —aunque se tratase de una simple fiesta familiar—, debía notificarlo a esa dependencia, para que uno de sus agentes pudiese estar presente y conocer de primera mano todo lo que allí sucediera.
En determinada ocasión, uno de los más encumbrados miembros de la nueva nobleza militar comenzó a cuestionar ante el personaje el que se aplicase esa regla a un baile que él mismo iba a ofrecer en su mansión. El interesado argumentaba que los invitados eran todos personas muy adictas al régimen imperial, por lo que no cabía esperar que hubiera alguna expresión o acto contrario al gobierno. Por consiguiente —decía— resultaba superflua la presencia del gendarme.
Como el debate se prolongaba, en un momento dado el Ministro preguntó al aristócrata si tenía consigo la lista de los invitados. Al recibir una respuesta afirmativa, se la pidió y le echó una ojeada que, por su brevedad, sólo dio tiempo para leer los primeros dos o tres nombres. De inmediato devolvió la relación al noble, a quien dio la razón: “Es verdad; no es necesario que asista un agente de la policía”. Resulta obvio que, dentro de esa pareja o trío, había al menos un informante de la represiva institución.
He recordado este episodio al leer un trabajo de Manuel Zayas, fechado en Nueva York y de título esperanzador: “El MININT se echa atrás ante protesta de cineastas cubanos”. Bajo ese encabezamiento, el colega alude a una contraorden del Ministerio del Interior castrista, digno émulo de la entidad organizada y dirigida hace un par de siglos por el camaleónico Fouché.
Es el caso que, de conformidad con lo que había sido establecido, todo aquel que estuviese interesado en rodar una película en Cuba, estaba obligado a someter el guión y el listado técnico del proyecto al referido órgano policial. Lo anterior constituía un requisito ineludible para recibir los necesarios permisos de filmación.
Según el citado colega, esta regla “causó un malestar generalizado en el gremio, lo que provocó que decenas de realizadores y productores dirigieran una carta de protesta al instituto oficial de cine y al Ministerio de Cultura”. El documento no se hizo público, pero fue firmado por “todos los participantes en una asamblea que tuvo lugar el 29 de marzo en el Centro Cinematográfico Fresa y Chocolate”.
Vale la pena señalar que “el procedimiento del MININT no fue revocado hasta tener repercusión internacional el asunto, a pocos días de celebrarse el Congreso de la UNEAC” (la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba). Un participante en este último evento reveló que, como cabía esperar, “a la dirigencia no le gustó nada de nada el asunto”.
Sospecho que los argumentos tomados en consideración por el Ministerio del Interior para derogar su disposición, presenten bastantes similitudes con las razones que tuvo en cuenta Fouché para “dispensar de la aplicación de su decreto” al alto jefe militar napoleónico. De todos modos, es digna de aplauso la actitud asumida por la generalidad de nuestros cineastas, que demandaron y lograron la revocación de la arbitraria norma policial.
