Empresa estatal socialista, perestroika y neocastrismo (I)

Empresa estatal socialista, perestroika y neocastrismo (I)

El sistema bancario y financiero del castrismo se encuentra bajo la total égida de GAESA manejado por López Calleja

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Cabrisas, Malmierca. En el centro, López Callejas (foto archivo)

LA HABANA, Cuba. – Hace diez años el régimen vendía a la comunidad internacional y sobre todo a la administración de Barack Obama, que en Cuba existía un proceso de reformas con eje en el llamado cuentapropismo. Se trató en esencia de una jugada política que justificaría el posterior “deshielo”.

Ante el incremento de las sanciones económicas por parte de la actual administración, la profunda crisis que se vive en la Isla y la experiencia acumulada en Venezuela, el régimen cubano se apresta a usar alternativas más audaces para su sobrevivencia.

El periódico oficialista Trabajadores publicó un paquete de medidas las que, según, a solicitud de Miguel Diaz Canel, promueven un grupo de economistas. Las propuestas buscarían la renovación de la economía estatal e incluirían contenidos para una futura “Ley de Empresas” en la Isla. Dentro de las medidas están:

1. separar las funciones estatales y empresariales

2. descentralizar el comercio exterior

3. crear mayores incentivos financieros para la exportación y la sustitución de importaciones

4. cambios en el sistema bancario que favorezcan un mayor acompañamiento de las empresas

5. relaciones transparentes y legítimas entre todos los actores económicos

6. mayor autonomía empresarial, que las entidades puedan escoger su modelo de gestión, definir sus proveedores y clientes, precios, salarios y cargos propios

7. formar directivos y hombres de negocios, experimentación gerencial

Este paquete recuerda la misma lógica que durante el período de la perestroika en 1988 promovió Mijail Gorbachov para luego introducir reformas más profundas.

Examinemos cómo funcionaron en aquel contexto, hace más de treinta años y su proyección en la situación actual de la Isla.

Mientras Gorbachov trataba infructuosamente de estimular la economía soviética la crisis política y social se acrecentaba. Una vez que se produce la desintegración de la URSS, Boris Yeltsin toma el mando y comienzan nuevos intentos por salir de la profunda depresión. Los actores reformistas sentían premura por privatizar las empresas para evitar que la nomenclatura frenara el proceso de reformas. Dentro de ese contexto toman partido los directores rojos, cuadros de esa nomenclatura comunista, quienes a cambio de aceptar un giro en el rumbo político se adueñaron de las fábricas por ellos administradas y generarían un ambiente de rapiña.

Los directores rojos terminaron convirtiéndose en un freno para las transformaciones económicas. Estos cuadros recibían los réditos personales esperados, tributaban a sus aliados políticos pero temían una competencia real en el plano empresarial. Según algunas cifras menos del 2.5% de los directores rojos habían sido despedidos para finales de 1994. El escenario empresarial ruso no se desmonopolizó y fue testigo de una guerra entre los distintos actores por hacerse de las mayores empresas y establecer lealtades con agentes de poder. Gazpron fue un caso claro, Viktor Chernomyrdin, primer ministro durante el período de Yeltsin se convirtió en el primer director de dicha empresa y acumuló una fortuna estimada en 8 mil millones de dólares.

Muchos describen el final del comunismo ruso como un momento donde primó un vacío institucional. Sin embargo, especialistas como Anders Aslund aseguran que este período fue conducido por los directores rojos que usaron las anomalías institucionales y la incompatibilidad entre las políticas implementadas con la economía de libre mercado para obtener beneficios personales y de grupo. Ejemplo de estas políticas espurias son: forzar tasas de interés, distorsión de precios, múltiples tasas de cambio monetario, emisión desproporcionada de moneda, entre otras.

Cuando analizamos las propuestas presentadas en el periódico oficialista observamos pasos hacia la entrega de empresas en una especie de usufructo a los nuevos “directores o gerentes rojos”. Los puntos 1, 2, 3 y 4 preparan las condiciones para la implementación del punto 6.

Un elemento crucial dentro de estas medidas sería el relacionado con los bancos. Es un criterio generalizado que en los países ex comunistas la mayor fuente de corrupción surgió en estas instituciones. Desde el manejo de créditos blandos hasta el uso fraudulento de los tipos cambiarios dieron amplias posibilidades de hacerse de fuertes sumas de dinero.

En el caso cubano, el sistema bancario y financiero del castrismo se encuentra bajo la total égida de GAESA manejado por López Calleja. La actual designación de Manuel Marrero como primer ministro, facilita a esa élite determinar las inversiones de interés. Recientemente, también las remesas desde el exterior han pasado a ser oficialmente controladas por este conglomerado militar.

Todo parece indicar que los cuentapropistas y las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias tendrán que orbitar alrededor de las “empresas estatales de nuevo tipo” que incluirán la búsqueda de muchos de sus insumos, convirtiéndose en bisagras para intentar evadir las sanciones de los EU sobre las entidades militares y eje para el sector no estatal.

Con estas maniobras el régimen intenta dar una solución al diseño económico planteado durante el deshielo frente a la aplicación del capítulo tres y cuatro de la Ley Helms-Burtom. Los voceros del castrismo lo han dicho muy claro: el objetivo es fracturar el embargo.

La “privatización de nuevo tipo” que busca dar viabilidad al neocastrismo no solo enfrentará la falta de liquidez, el impago de la deuda, la inexistencia y ruina de una infraestructura básica, tendrá que lidiar con los altos niveles de corrupción existentes que se dispararán ante un escenario de gran incertidumbre.

Cuando los economistas oficialistas hablan de establecer “relaciones transparentes y legítimas entre todos los actores económicos” ponen sin dudas un toque de humor o cinismo. Recordar que el supra ministerio GAESA de la familia Castro posee todo el control económico, no es supervisado por la Contraloría General de la República ni tiene obligación alguna de rendir cuentas.

La llamada ley de empresas está anunciada para el 2022 un año después del próximo congreso del PCC planeado para abril del 2021. Mientras tanto, como han declarado, todo se mantiene en “estudio”.

(Primera parte. Puede leer la segunda parte aquí. Publicado originalmente en Estado de Sats.)

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Acerca del Autor

Antonio G. Rodiles

Antonio G. Rodiles

Director de Estado de Sats y coordinador del Foro por los Derechos y Libertades

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