LA HABANA, Cuba. —
Aproximadamente cuatro años después de iniciado el proceso de reinstauración del trabajo privado en Cuba, las cifras oficiales reconocen la existencia de más de 400 mil “cuentapropistas” en toda la Isla, lo que representa un porcentaje de trabajadores a tener en cuenta por lo que tributan al Estado por concepto de impuestos y por los empleos que generan.
Es decir, cerca de medio millón de individuos que producen bienes y servicios, que ofrecen salarios a otros y que aportan a la economía del país, sustentando de paso al propio Estado y a sus numerosas instituciones, tan parásitas como éste.
Las autoridades, a través de sus medios, han estado insistiendo sobre la importancia de que los cubanos ganemos experiencia y conciencia en cuanto a cultura tributaria (pagar impuestos), toda vez que ha terminado la era del “paternalismo estatal” con sus políticas de subsidios y cada quien debe esforzarse para ganar el sustento según sus propias capacidades y recursos, a fin de salvaguardar las prestaciones sociales de la revolución, a saber, los supuestamente extraordinarios estándares de salud y educación de los que gozamos en la Isla.
Cinismos aparte, la lógica de la necesidad de una cultura impositiva es innegable en cualquier sociedad medianamente funcional. Pero en el caso de Cuba – ¿alguna vez dejaremos de ser “un caso”? – todo indica que la cultura tributaria a la que ahora se aspira, y que fue destruida por el gobierno con la Ofensiva Revolucionaria, está llamada a fluir en un solo sentido: desde los que aportan el impuesto hacia las instituciones fiscales del Estado, pero nunca en sentido inverso.
Así, se introduce una peculiar variante económica en virtud de la cual el que produce debe asumir la obligación de las fuertes cargas tributarias con el Estado, pero éste no tiene la obligación de informar sobre los montos recaudados ni sobre el destino de dicha recaudación.
Los tributos silenciosos
Pero también existen tributos de más larga data cuyo destino también se desconoce. A lo largo de décadas los cubanos hemos tributado al Estado-partido-gobierno a través del sistema de cotizaciones de las múltiples organizaciones paraestatales que éste mismo creó.
Por ejemplo, si utilizamos las propias cifras oficiales que indican alrededor de 3 millones de empleados estatales cuyo promedio salarial es de 400 pesos, y si tomamos en cuenta que éstos están afiliados a la Central de Trabajadores de Cuba y como tales donan un día de haber al año con destino a unas inexistentes Milicias de Tropas Territoriales, su aporte por este concepto sería de unos 50 millones de pesos anuales –unos 16,66 pesos per cápita–, sin contar lo que pagan por concepto de cotización sindical propiamente dicha a una organización que, para mayor paradoja, representa los intereses del patrón que se beneficia tanto de lo que producen los trabajadores como de lo que cotizan.
Por estos días, un amigo y colega especulaba sobre el aporte de los 800 mil militantes del partido gobernante y único. Haciendo un cálculo extremadamente conservador, mi amigo consideró un estimado de 50 pesos anuales cotizados por cada militante, lo que arrojó la cifra de 40 millones de pesos anuales aportados al Estado.
A estas cifras estimadas se podrían sumar los tributos recaudados de las organizaciones de masa como los Comités de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas, mínimos por su monto, pero considerables por el número de sus afiliados; o de la Unión de Jóvenes Comunistas, la “vanguardia juvenil de la revolución”, en la que militan tanto estudiantes como trabajadores.
Todas esas organizaciones, a su vez, se soportan sobre una monstruosa (y costosa) infraestructura que incluye desde edificios de oficinas, mobiliario, parque automotor, empleomanía, materiales y medios, hasta salarios, gastos en combustible y energía eléctrica, etc., sin producir absolutamente nada.
En cuanto al colosal aparato burocrático del gobierno y sus cuerpos represivos, resulta imposible calcular los costos de su sustento. En este sentido, muchos cubanos, en particular los llamados “cuentapropistas”, han comenzado a sacar sus propias cuentas y se preguntan si no resulta un contrasentido demasiado fuerte contribuir al sostenimiento del mismo sistema que los expolia y reprime y que, por añadidura, continúa tratándolos como a leprosos.
Porque, definitivamente, la cultura tributaria no es –-como se pretende por el gobierno–- la imposición de una conciencia de servidumbre al Estado patrón en virtud de conservar supuestos ideales supremos que hasta hoy solo lo benefician a él. La cultura tributaria nace y se consolida a partir de la autoconciencia que adquieren los individuos cuando alcanzan la autonomía económica, una vía que más temprano que tarde tendrá que comenzar a fluir en dos sentidos.
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