LAS TUNAS, Cuba.- “La casa nos está cayendo arriba”, dijo mi mujer esta mañana, recogiendo del piso trozos de hormigón desprendidos del techo.
Mirando al techo recordé, “dime de qué presumes y te diré de qué careces”; no por viejo el refrán cada día está más a tono con el régimen del general Raúl Modesto Castro Ruz, y estrecha relación guarda con la premeditada destrucción de nuestra casa.
Con una aureola de dotes de mando, muy publicitada su disciplina militar y sus cualidades de administrador, tras la enfermedad que condujo a la sepultura a su hermano Fidel Castro, el general Raúl Castro asumió el mando en el ya lejano julio de 2006, proyectando una imagen instituidora.
Pero la tan anunciada institucionalidad que pondrían en práctica los generales-ministros nombrados por el general-presidente Raúl Castro, destinada a poner orden en el país, se difumina en el tiempo, como tantas otras promesas del discurso oficial castrista.
La incuria administrativa la padecen todos los días los cubanos, y es tan palmaria que, cual terapia de relajación, la prensa gubernamental se suma al coro de descontentos, denunciando, hasta casos de desobediencia al mismísimo Tribunal Supremo por parte de funcionarios administrativos, siempre, en perjuicio de la propiedad y los intereses de las personas.
Ante esas arbitrariedades administrativas los fidelistas solían decir: “Esto no lo sabe Fidel, si él lo sabe esto no pasa”. Y la queja-lamento-murmullo funcionaba entre los castristas como funciona un analgésico en quien padece un dolor.
Pero ahora ya no sucede así. Desaparecido Fidel Castro del escenario sociopolítico cubano, el castro-comunismo está transmutándose de régimen totalitario en ramplona anarquía.
Es, como si fuera de las cuestiones estratégicas de supervivencia del régimen, lo demás poco importara y los jefecillos castristas con manos libres para actuar, transformados de discípulos de Mark en seguidores de Proudhon, dijeran:
“Toda ley, toda administración, toda política, toda organización de fiscales y jueces están de más cuando uno de nosotros decide, nadie puede interceder, lo hecho, bien hecho está”.
Pero en esos desafueros entre los castristas no existen ni esos mínimos conciliábulos, les basta su imagen de “legalidad socialista”, simplemente hacen lo que les viene en ganas y sanseacabó. Siempre lo hicieron, no es nada nuevo, sólo que el abuso de poder ahora es más descarado de lo que siempre lo fue.
Así, administraciones subordinadas pasan sobre resoluciones de instancias superiores, conculcando derechos constitucionales sin que los culpables sufran el menor castigo por violaciones de derechos ciudadanos que, en no pocos casos, son constitutivos de delitos de abuso de autoridad, prevaricación, desobediencia o daños, previstos y sancionables según el Código Penal.
Quejarse en Atención a la Población del Consejo de Estado, la Fiscalía General de la República o cualquiera otra institución adscrita a la administración gubernamental es perder el tiempo, incluso, aunque la instancia superior recurrida otorgue la razón a quien se queja. Al final no pasa nada y todo sigue igual.
“En su caso violaron los términos, pero yo no puedo violar la ley, usted recibirá una respuesta a su debido tiempo”, me dijo la semana pasada una fiscal.
Personalmente soy víctima y testigo del poder anárquico conque el castro-comunismo gobierna en Cuba con un único fin: hacer como si las cosas cambiaran para que nada cambie. Es el gatopardismo castrista en acción. La simulación de legitimidad encubriendo la connivencia.
Como hemos venido reportando en CubaNet, sin imputar infracción de ley la construcción de nuestra casa fue paralizada por la Dirección Municipal de Planificación Física (DMPP) en Puerto Padre el 17 de octubre de 2016. Esa misma entidad, luego de investigar y no encontrar ilegalidades, dio marcha atrás al mes siguiente diciendo: “Usted puede continuar su construcción”.
Pero en diciembre de 2016, recibimos en nuestra casa la visita del director de la Dirección Provincial de Planificación Física (DPPF) de Las Tunas Norge Rojas Cruz. Percibí en la mirada del encumbrado visitante como si yo fuera un espécimen raro. Y por supuesto, otra vez la construcción de nuestra casa fue paralizada sin imputar infracción alguna.
De la actuación del señor Rojas Cruz y quienes están tras él, me quejé al director del Instituto de Planificación Física, general Samuel Rodiles Planas el 13 de abril de 2017. La queja no podía presentarla directamente, sino a través del director Rojas Cruz, quien en diez días debía hacerla llegar a su destino. Pero mi queja no llegó en diez días al general Rodiles Planas, sino que permaneció cinco meses en una gaveta.
Nuevas quejas, estas a la Fiscalía General de la República, diciéndome ésta por toda respuesta: “Su escrito ha sido trasladado a la Fiscalía Provincial de Las Tunas, entiéndase con dicho órgano”. Respondiendo “dicho órgano”: “Tiene que esperar por la respuesta del Presidente del Instituto de Planificación Física”.
Por fin el Presidente ha respondido. Debí esperar siete meses por la respuesta del general Rodiles Planas que debió dárseme en 45 días. Resolvió, “en apego a los fundamentos de hecho y de derecho” por mi reclamados, “anular la Resolución No. 38 de la Dirección Provincial de Planificación Física en Las Tunas”, que decretaba la cancelación de la licencia de obra y la pérdida de lo construido, retrotrayendo el proceso a la contestación del emplazamiento “para que se proceda como corresponde legalmente”.
¿Debo sentirme contento? Ni un ápice. El general Rodiles Planas firmó su resolución el 31 de octubre de 2017, debió notificárseme cinco días después, pero se me dio a conocer este 22 de noviembre, y “para que se proceda como corresponde legalmente”, en 20 días debió investigarse teniendo en cuenta que “Mendez Castelló propuso desde la contestación del emplazamiento (18 de abril de 2017) prueba testifical sobre ello, sin embargo no consta prueba practicada en ese sentido”, afirma Rodiles Planas.
Desobedeciendo lo resuelto por el Instituto de Planificación Física y de paso confirmando el desgobierno campante existente hoy en Cuba, la dirección provincial de Planificación Física en Las Tunas mantiene la construcción de mi casa paralizada, sin cumplir lo indicado en la Resolución No. 74 por el Presidente de esa institución, que es corroborar la legalidad y dar continuidad al trámite, pues “no se trata de una persona que haya construido ilegalmente”, dice la supradicha resolución.
Esa ilegalidad institucional y constitucional conlleva al daño de una vivienda y al deterioro de una tonelada de cemento, en un país como Cuba, donde los materiales de construcción son tan escasos, que luego del último ciclón se reconstruyen casas derribadas empleando tablas de palmeras.
A ese punto ha llegado la permisión de la administración del general Raúl Castro: a la connivencia con funcionarios públicos que por un lado propician el daño de viviendas y materiales de construcción valiosos, mientras por otro, a duras penas reconstruyen casas derribadas por los ciclones talando el árbol nacional.
