ONU notificó recibo de denuncias sobre arrestos en Cuba

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria acusó recibo tras reclamación de abogado independiente cubano
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Foto ilustrativa: La Voz de América

MADRID, España.- La Organización de Naciones Unidas (ONU) confirmó este lunes haber recibido varias denuncias sobre detenciones ilegales en Cuba, enviadas por el abogado independiente cubano Sergio Osmín Fernández Palacios al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA).

El GTDA envió acuse de recibo tras una reclamación, hecha por correo electrónico, de Fernández Palacios a Tom Haeck, encargado de la sección América, de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. 

“La queja en cuestión aborda la falta de notificación automática de acuse de recibo por parte del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias adscrito a Naciones Unidas, en relación a las denuncias que se le fueron presentadas en el mes de noviembre en el Procedimiento de Investigación de Casos Individuales», explicó el jurista a Radio Televisión Martí

“Felizmente, a raíz de la queja formulada, fueron restablecidas las notificaciones automáticas, asegurando la transparencia, la seguridad jurídica y la confianza sobre la tramitación de dichas denuncias”, agregó el abogado cubano.

Las denuncias sobre arrestos ilegales en están todas relacionadas con los sucesos del 11 de julio en Cuba y la convocatoria a la Marcha Pacífica del 15 de noviembre. 

Entre los defendidos por Palacios se encuentran el joven habanero, de 18 años, Brandon David Becerra; los holguineros William Manuel Leyva Pupo y Miguel Enrique Girón Velázquez, de 21 y 25 años, respectivamente; Maikiel Armando Peña Suárez (22 años) y Juan Enrique Pérez Sánchez (41 años), de la provincia Mayabeque; y de Camagüey, Dixán Gainza Moré (35 años). 

Todas estas denuncias se presentaron ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre. 

El mandato del Grupo de Trabajo consiste en investigar casos de privación de libertad impuesta arbitrariamente o incompatible con las normas internacionales correspondientes a la Declaración Universal de Derechos Humanos o a los instrumentos jurídicos internacionales aceptados por los Estados interesados.

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