MIAMI, Estados Unidos.- El proceso abierto en Cuba contra altos funcionarios del Ministerio del Interior (MININT) por el lavado de millones de dólares tiene un nuevo implicado, según publicó el periodista Juan Juan Almeida en Martí Noticias.
Se trata en este caso de un alto oficial identificado como el “coronel Rafael”, quien fue “el interrogador principal durante el proceso de instrucción” del caso, que “explotó” en 2016 y el férreo hermetismo del régimen cubano ha mantenido casi en secreto.
En lo que el autor califica como “el caso más sorprendente de la ‘justicia’ cubana en los últimos 20 años”, el nuevo implicado está siendo investigado por filtrar información sobre el sumario y la ubicación de los implicados.
Ninguno de los implicados en lo que ha dado en llamarse los “papeles del MININT” está en prisión sino que permanecen recluidos en casas de protocolo en la barriada Siboney, “donde a algunos se les autoriza la visita de familiares”.
Sobre los acusados pesan cargos por “alta traición a la patria, robo y venta de material clasificado a gobiernos extranjeros, realizar actos dirigidos a promover la deserción y estimular desobediencias entre altos oficiales, propagar predicciones maliciosas tendentes a causar descontento entre altos mandos militares, enriquecimiento ilícito, cohecho y abuso en el ejercicio del cargo”, detalló Martí Noticias.
“El coronel Carlos Emilio Monsanto (principal acusado en la trama) fue sancionado a 37 años de privación de libertad, el mayor Ernesto Villamontes a 30, Jorge Emilio Pérez a 30, Román a 22 y el resto a penas similares. ¿Tú crees que van a cumplir sus condenas en casas operativas convertidas en prisión? La gente así es peligrosa si las dejan libres, y también estando presa. No creo que vayan a cumplir ni dos años encerrados en esas casas, y tampoco que vayan a prisión. Por la información que tienen lo lógico es que antes sufran algún accidente, o una repentina enfermedad como le pasó al general Abrantes”, dijo al periodista un pariente de uno de los condenados.
La fuente “declinó identificarse porque para poder visitar a su familiar se ve obligado a firmar un extraño pacto de silencio”.
Según esa misma fuente, “Lo que está claro es que Ernesto (Villamontes) y los demás procesados expatriaron capital, autorizados por la antigua dirección del MININT y la máxima dirigencia del país, con la misión de invertir en negocios y propiedades. Y la información robada del Edificio A del MININT no era para venderla, sino para usarla como protección y eso es imperdonable”.
Añade la persona cercana al caso que a los implicados, no obstante, los mantiene a salvo “que blanquearon capital en entidades como Financiera Ricamar S.A, Financiera Eurolatina S.A, y Financiera Bescanvi Occidental S.A, algunas de ellas pertenecen a empresarios panameños, entre los que se encuentra el expresidente Martinelli, y ahora mismo el gobierno de Panamá está investigando este asunto. Por eso es que todavía no los envían a prisión, ni les pasan cuenta; todo lo contrario, los instruyen para, de ser necesario, lanzarlos como chivos expiatorios en el posible proceso contra el expresidente panameño que, para bien o para mal, en lo político, lo mediático y lo internacional, podría alcanzar relevancia y ayudaría mucho a limpiar la huella del gobierno cubano. Como sucedió en las Causas I y II del año 1989”.
