Régimen podría “juzgar en ausencia” a cubanos radicados en el extranjero
MIAMI, Estados Unidos. ─ Autoridades judiciales cubanas advirtieron el pasado sábado sobre la posibilidad de que ciudadanos de la Isla radicados en el extranjero sean juzgados por financiar, coordinar o participar, directa o indirectamente, en acciones que atenten contra los intereses del régimen de la Isla.
Durante el programa Hacemos Cuba, conducido por el vocero oficialista Humberto López, el Jefe de Departamento en la Dirección Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, José Luis Reyes Blanco, aseguró que tanto la Constitución de 2019 como el sistema de leyes del país prevén la apertura de procesos judiciales contra personas que promuevan “la subversión política-ideológica” desde el extranjero.
“Tenemos leyes para castigar este tipo de conductas. Estas nos permiten, nos posibilitan, el juzgamiento de personas que no se encuentran en el país (…) Todas las personas que tengan un nivel de participación pueden ser procesadas en ausencia”, señaló Reyes Blanco.
El jurista aseguró, además, que los ciudadanos que sean juzgados podrían ser devueltos a la Isla a través de lo que calificó como “algún tipo de cooperación jurídica internacional”.
En el espacio, Humberto López alertó a la audiencia que tanto la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubana (1996) como la Ley de Protección a la Independencia Nacional y la Economía de Cuba (1999) permiten juzgar de forma expedita a aquellos que “quieran destruir el sistema económico” imperante en Cuba, “con sanciones mucho más severas” que las contempladas en el Código Penal y en la propia Constitución.
“Ambas leyes se hacen para protegernos de la Ley Helms-Burton y de todas las acciones agresivas que se implementaron a raíz de la promulgación de esa ley por el gobierno de Estados Unidos”, sostuvo Reyes Blanco.
Humberto López también recordó a la ciudadanía la existencia de la Ley 88, también conocida como “Ley mordaza”, y que fuera reactivada en Cuba en 2019 en respuesta a la aplicación de los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton por parte de la administración del expresidente Donald Trump.
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