MIAMI, Estados Unidos.- José Daniel Ferrer, líder y fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) lleva casi 20 días detenido por la policía política de Cuba y nadie sabe su paradero, esto “es un mecanismo de represión indirecta contra toda la sociedad civil y, por supuesto, una grave violación de derechos humanos”, dijo en entrevista con Diario de Cuba la abogada Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal (CUBALEX).
La detención y “desaparición” de Ferrer y de otros tres activistas de la UNPACU viola el acuerdo legal por el que el régimen dice regirse, aseguró Diversent. “Si vamos a la Ley de Procedimiento Penal, ahora mismo la Policía cubana tiene facultades para detener a cualquier persona durante 24 horas sin tener que dar explicación. Después de esas 24 horas se tiene que pasar el caso a un instructor y este tiene tres días para decidir si la persona debe continuar privada de libertad. Son en total siete días para este procedimiento”.
Y continuó: “En el caso de Ferrer, la principal violación es de acceso a la información, porque lo mantienen completamente incomunicado. La incomunicación coloca a la persona en riesgo de ser desaparecida forzosamente, por lo que las autoridades tienen que decir dónde está y facilitar la comunicación con los familiares. Si hay un fiscal que dictó un auto de prisión provisional, debieron darle acceso a esa información a la familia para que contrate a un abogado con las debidas garantías”.
Sin embargo, nada de esto ha ocurrido, y la familia de José Daniel Ferrer leva días denunciando que las autoridades del régimen no los deja ver al opositor, por lo cual incluso han llegado a pedir una prueba de vida.
Ferrer habría sido trasladado supuestamente a la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba, pero hasta ahí se han movilizado en varias ocasiones Nelva Ortega, su esposa, a quien le ha sido ha sido imposible tener contacto con el opositor. En la última visita Ortega fue violentada y expulsada de la cárcel, poco después de que el custodio le dijera que la persona a la que buscaba no estaba en la lista de los detenidos.
Diversent aseguró a DDC que “la lectura jurídica del caso es que hacen con la ley lo que quieren. Hacia la oposición buscan tener un efecto ejemplarizante, sobre todo en estos momentos en que el régimen debe estar muy nervioso. Detener a una figura tan visible como José Daniel Ferrer debería tener un efecto contra el desarrollo de la libertad de expresión”.
La abogada dijo además que este evento es un mecanismo “de represión indirecta contra toda la sociedad civil”, además de una grave violación de derechos humanos, que lleva implícita detención arbitraria y desaparición forzada.
Pese a los hechos y a lo que pudiera significar en la arena política, la abogada recuerda que al régimen cubano le importa muy poco el costo político. “Siempre hay la posibilidad de justificarse, y ellos siempre se van a justificar”.
“Pueden estar empezando un proceso de tener presos políticos de alto perfil para usarlos como moneda de cambio”, dijo Diversent, que agregó que no es la primera vez que el gobierno de La Habana utiliza la misma estrategia. “Habrá que ver qué busca el Gobierno con estas privaciones de libertad de personas de la sociedad civil con alto perfil”.
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