MIAMI, Estados Unidos. – La Asamblea Nacional de Poder Popular (ANPP) aprobó este jueves cuatro nuevas leyes para el funcionamiento de su aparato judicial, sumamente criticado por sectores de la ciudadanía debido a su dependencia del control estatal.
Se trata de la ley de Proceso Penal, la ley del Proceso Administrativo, la ley de los Tribunales de Justicia y la ley del Código de Proceso, que fueron presentadas a los diputados por el presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro.
Según señaló Remigio Ferro durante una comparecencia en el Palacio de la Revolución de La Habana, la nueva ley de Proceso Penal reemplazará la vigente Ley de Procedimiento Penal, que databa de 1977.
El funcionario destacó que, para su elaboración, se tuvieron en cuenta los derechos y garantías recogidos en la Constitución de 2019, así como las recomendaciones realizadas por el Parlamento durante la rendición de cuenta del Tribunal Supremo Popular ante ese órgano, además de 23 convenciones e instrumentos internacionales.
En el caso de la ley de los Tribunales de Justicia, reemplazará a la Ley No. 82 de 1997, la cual, de acuerdo con Remigio Ferro, “respalda el principio socialista del país y tiene en cuenta lo establecido en los lineamientos socioeconómicos y en la conceptualización del modelo cubano”.
Para su elaboración –sostuvo el presidente del TSP– “fueron observadas las convenciones, protocolos y otros tratados internacionales ratificados por Cuba”.
De igual forma, la ley del Proceso Administrativo suplantará a la norma No.7 de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico. De acuerdo con Remigio Ferro, “es fruto de una elaboración colectiva, enriquecida desde la base”.
La normativa asegura que se podrá reclamar contra decisiones administrativas u omisiones de directivos, funcionarios o empleados, en el ámbito de sus funciones administrativas.
Por último aparece la ley de Código de Procesos, que reemplazará en gran parte la Ley No.7, de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, y unificará “la forma de proceder para los asuntos civiles, familiares, mercantiles y del trabajo y la seguridad social, estableciendo dos modalidades básicas similares para la tramitación de todos los asuntos de estas materias: el proceso ordinario y el proceso sumario”.
Medios oficialistas señalaron que una comisión de corrección y estilo revisará el texto de las cuatro leyes antes de que estas entren en vigor el 1ro de enero de 2022.
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