GUANTÁNAMO, Cuba. ─ El activista pro derechos humanos Eldris González Pozo, integrante de la Alianza Democrática Oriental (ADO), podría terminar en prisión de confirmarse la condena de cuatro años de privación de libertad presentada por la fiscalía de Santiago de Cuba.
González Pozo, un cuentapropista dedicado a la venta de útiles del hogar, fue acusado por las autoridades con los cargos de atentado, desacato y desobediencia. Su delito: negarse a abrir su negocio a agentes estatales durante inspecciones realizadas el pasado año.
La vista oral del juicio tuvo lugar el pasado 12 de abril en la sala 4ta del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. El opositor mostró a CubaNet su inconformidad con lo allí ocurrido, y aseguró que el proceso judicial en su contra está “totalmente amañado”.
“La Fiscal hacia énfasis en que los testigos dijeran que yo me pronunciaba en contra del proceso revolucionario, los jefes de sector de la PNR alegaron que yo había amenazado varias veces con llenar la ciudad de Santiago de Cuba con carteles en contra del gobierno, y que era un contrarrevolucionario”, declaró Pozo.
El activista también sostuvo que los testimonios de los testigos utilizados en su contra no concordaban entre ellos y tampoco eran fieles a la realidad de los hechos.
“A la abogada la cuestionaron porque dijo que el proceso estaba encaminado a ser político, no común. La misma recomendó que se celebrara la vista oral en la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado. De los siete testigos que tenía previsto presentar la defensa solo le dejaron declarar a tres”, explicó el disidente.
El proceso contra Eldris González Pozo tiene su origen en agosto de 2020, mes en que una supuesta inspectora se personó en su domicilio tirando fotos a su negocio. Ello provocó que el cuentapropista le cerrara las puertas.
Seguidamente, González Pozo fue visitado por los dos jefes de sector de su zona (dos oficiales con el grado de capitán conocidos como Félix y Miguelito). Como el activista se negó a atenderlos, los oficiales procedieron a formularle una denuncia por lo sucedido. Sin embargo, tras realizarse las correspondientes investigaciones, el caso quedó archivado.
En enero del año en curso, González Pozo también resultó detenido. Como parte de un operativo de la Seguridad del Estado en su vivienda, le fueron ocupados un short de mezclilla y un pulóver. En esta ocasión, las autoridades lo estaban responsabilizando por el lanzamiento de unas piedras contra las vidrieras de la tienda de moneda libremente convertible (MLC) ubicada en la calle 4ta y Garzón.
Al siguiente mes, un fiscal militar se personó en su vivienda, le entregó las pertenencias a Pozo y le dijo que había sido vinculado con los hechos por error.
Entonces, cuando parecía que por fin todo acababa, el pasado 16 de marzo un alguacil del tribunal municipal se presentó en la casa de González Pozo y le entregó una petición fiscal. El documento aseguraba que el activista había empujado a la inspectora Kenia y faltado el respeto a los dos jefes de sector de su zona. También daba cuenta de las manifestaciones del activista contra el “proceso revolucionario”.
Con la inesperada petición fiscal le impusieron el pago de una fianza de 1 000 pesos cubanos (CUP), todo ello sin haberle sido notificado con anterioridad que existía algún proceso judicial en su contra.
Poco después, Eldris González Pozo inició una huelga de hambre duró 12 días. Reclamaba que le fueran retirados los cargos que pesaban contra él. Terminó deponiendo el ayuno ante las súplicas de su madre.
“Mi hijo es inocente. Este gobierno está cometiendo un crimen con llevarlo a prisión injustamente. Si va preso mi hijo, yo entraré en el grupo de las Damas de Blanco”, señaló a CubaNet Nidia Pozo Torreblanca, madre del opositor.
Cabe señalar que en 2007, Eldris González Pozo fue expulsado de la Universidad de Oriente junto a una decena de jóvenes estudiantes por participar en una serie de protestas en favor de mejoras en las condiciones del plantel estudiantil. La separación de ese centro de altos estudios se produjo cuando cursaba el 5to año de Licenciatura en Derecho.
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