MIAMI, Estados Unidos. – Penas de entre siete meses y seis años de prisión fueron impuestas a los siete hombres implicados en la compraventa de 15.000 manzanas en la tienda habanera La Puntilla, informó el diario digital 14ymedio.
Según un familiar de los sancionados al que tuvo acceso el medio independiente, los implicados en el hecho fueron condenados por “los delitos de cohecho y acaparamiento continuado”. El juicio se efectuó en junio, pero no se conocieron los resultados hasta ahora.
El caso se destapó el pasado año, cuando el bloguero oficialista Iroel Sánchez denunció que varios individuos habían sacado unas 15.000 manzanas del mercado de La Puntilla, retirándose con la mercancía en un vehículo de la corporación estatal CIMEX.
Ese mismo mes, tras una investigación, la corporación estatal decidió separar definitivamente de sus cargos y procesar judicialmente a los siete empleados del centro comercial habanero.
Los acusados fueron condenados nueve meses después en un juicio oral y público que tuvo lugar en el Tribunal Militar Región Sistema Empresarial en La Habana, debido a que la tienda pertenece a CIMEX, una corporación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
Según 14yMedio, los procesados se nombran Rafael Tápanes Montalvo, Adonis Semanat Ortiz y Joel Muñiz Lorenzo, Luis Eduardo Bruzón Mesa, Alexis Hechavarría Guerra, Raudelis Ramos Mejía y Eliecer Samada Hechevarría. Los cuatro primeros eran empleados de la tienda y los otros, los compradores de las manzanas.
Tápanes Montalvo era dependiente de la Base de Almacenes Tropicola, que abastece a dependencias de la FAR, mientras que Semanat Ortiz trabajaba en el almacén La Puntilla. Ambos fueron condenados a seis años de cárcel. La severidad de sus condenas se debió a que eran trabajadores civiles de las FAR.
Según información de la periodista Luz Escobar, a Tápanes Montalvo se le acusó del delito de cohecho porque avisaba a través de mensajes de texto a los cuentapropistas sobre el lugar y la fecha de la venta de las manzanas. A cambio recibía 20 CUC y una recarga a su línea de celular, según la Fiscalía.
Sobre Tápanes Montalvo y Semanat Ortiz, el documento judicial señaló: “Como sujetos especiales, debían evitar que agentes corruptores lograran romper la barrera de la honradez e integridad que debe caracterizar a un empleado público”.
Muñiz Lorenzo, que se desempeñaba como chofer de la Plaza Carlos III y el vehículo estatal que conducía se empleó para el traslado de las manzanas, fue sentenciado a siete meses de cárcel, pero salió en libertad tras el juicio porque ya había purgado su pena en detención preventiva.
Los cuentapropistas fueron acusados de especulación y acaparamiento y sancionados a penas que oscilan entre tres y cuatro años de prisión.
El acaparamiento es una figura delictiva recogida en el artículo 230 del Código Penal cubano y castiga a quien retenga en su poder o transporte mercancías o productos “en cantidades evidentes e injustificadamente superiores a las requeridas para sus necesidades normales”.
El abogado Miguel Iturria, de la independiente Asociación Jurídica de Cuba, citado por 14ymedio medio, señaló que algunos juristas son del criterio de que el delito de acaparamiento “está reservado solo para productos normados cuya adquisición es limitada”, pero en la práctica judicial se ha aplicado con frecuencia contra clientes de mercados liberados, como las tiendas en moneda convertible.
“Si alguien acude a un establecimiento público a comprar 40 o 50 frazadas de piso, producto que desaparece con frecuencia, en la entidad estatal se las venden y al llegar a su domicilio o en la vía pública es detenido, procesado y, posteriormente, sancionado”, dijo Iturria, quien considera que “esta situación constituye un absurdo”.
El sector privado de un mercado mayorista que le permita comprar grandes cantidades de productos a precios preferenciales.
La prensa oficial culpa a los cuentapropistas por el desabastecimiento de algunas mercancías y exhorta a denunciar a quienes compran grandes volúmenes de alimentos u otros productos.
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