LA HABANA, Cuba, agosto de 2013, Yaremis Flores/ www.cubanet.org.- Sara Elena Álvarez Oquendo es una mujer de 50 años con autorización para alquilar su casa a cubanos. Aún no ha sido sancionada por ningún Tribunal, pero las amenazas de confiscarle su vivienda ya se cumplieron. Su hija, Diana, desesperada, conversó con Cubanet. Su vida es un infierno desde el 15 de diciembre de 2012. Ese día, policías le hicieron un registro domiciliar en Colón, Matanzas. Apresaron a su mamá por el presunto delito de Proxenetismo y Trata de Personas.
“Nos trasladaron a una casa en las afueras de la ciudad el pasado lunes 19 de agosto. La investigación está basada en mentiras, hablé con las testigos y me confesaron que declararon bajo amenazas “, dijo Diana. En Cuba, las mujeres que se prostituyen son declaradas en estado peligroso. Por lo general son internadas por 4 años en establecimientos penitenciarios del Ministerio del Interior (MININT).
Recién iniciado el proceso penal, el núcleo familiar, incluido un menor de edad, fue declarado ocupante ilegal del inmueble, por la Lic. Caballero Pérez, Directora Provincial de Vivienda en Matanzas.
Según la resolución confiscatoria, tras “un expediente secreto y operativo por más de un año, el órgano competente del MININT”, se supo que supuestamente la Sra. Sara contactaba con mujeres para que mantuvieran relaciones sexuales por dinero, que vendía alimentos y bebidas alcohólicas.
“Mi mamá está construyendo esa casa desde que tengo dos años, está en los altos de la vivienda de mis abuelos, quienes dependen de nuestros cuidados”, precisa Diana. “Él nos cedió el uso de la azotea para vivir cómodos en familia, incluso nuestra entrada está en su terreno”.
“Supliqué que por lo menos nos pusieran como arrendatarias permanentes, pero al parecer esa casa ya tiene otro dueño”, lamenta Diana.
Para algunas personas enteradas del suceso, parece increíble que una persona pierda su vivienda sin aún celebrarse juicio en su contra. Pero este no es un caso aislado. A Jesús Campos Matienzo, ex atleta del equipo nacional de baloncesto, también le confiscaron su inmueble en el 2003, aunque los jueces lo declararon inocente de los cargos de corrupción de menores.
“Aún y cuando la Sala Cuarta de lo Penal del Tribunal Provincial de La Habana absuelve al Sr. Jesús Campos Matienzo, por no constituir delito, lo cierto es que a quien resuelve le ha quedado demostrado que en la vivienda (…) realmente se realizaron actos sancionables administrativamente”, consignó Víctor Ramírez Ruíz, Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda.
¿En qué argumentos se basó el Sr. Ramírez, para demostrar hecho alguno y tomar una decisión contraria al órgano judicial? Lo lamentable es que contra lo resuelto no procede establecer recurso alguno ni en lo administrativo ni en lo judicial.
El Decreto Ley 232 de 2003 permite la confiscación de viviendas, en los que se trafique drogas y se practiquen actos de corrupción, prostitución, proxenetismo u otros de similar connotación. Según la disposición legal, en el proceso solo interviene Fiscalía y Policía, excluyendo el derecho a las personas a ser escuchada ante un juez.
La escasez de vivienda y las escasas posibilidades de los cubanos para adquirir una, hace que en la isla un inmueble sea el bien más preciado. Es injusto que el Estado se los adjudique mediante actos administrativos arbitrarios.
