MIAMI, Estados Unidos.- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que La Habana ha arreciado en las prohibiciones para entrar y salir del país a los ciudadanos cubanos, burlando así la Ley Migratoria firmada en 2012 y en vigor desde 2013.
“El Decreto Ley 302 de 2012 debió significar el fin de las restricciones al derecho de entrar y salir de su país de los cubanos, pero no ha sido así. El gobierno cubano utiliza tretas jurídicas para el juego sucio, amparado en supuestos problemas de ‘defensa y seguridad nacional’, ‘razones de interés público’ y ‘protección de la información oficial’, entre otras. Todas significan que el gobierno decide arbitrariamente la entrada y la salida de los cubanos”, dijo en un comunicado Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.
Decenas de activistas cubanos han sido recientemente catalogados por el régimen como “regulados”, una categoría empleada por el gobierno cubano para impedirles salir del país, aunque tengan toda la documentación en regla.
Este es el caso de los periodistas independientes Ana León (CubaNet); Inalkis Rodríguez, Iris Mariño, Sol García e Isel Arango (La Hora de Cuba); Luz Escobar (14yMedio) y Yunia Figueredo Cruz (Diario de Cuba).
Así mismo, el Observatorio denunció también que algunos cubanos emigrados que desean entrar al país están sujetos a la voluntad de las autoridades, pues la entrada a Cuba es otorgada “no como un derecho de los ciudadanos, sino como una prerrogativa del Estado”.
“El decreto 302 prohíbe regresar a su país natal a aquellos que hayan podido organizar, estimular, realizar o participar en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano, entre otros supuestos. O sea, todos aquellos que hayan sido ‘sancionados’ por ejercer derechos pacíficos, internacionalmente reconocidos, como las libertades de expresión, asociación y pensamiento, recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, añadió González Raga.
La reforma migratoria de Cuba, en vigor desde 2013, eliminó el permiso de salida, pero dejó en control del Ministerio del Interior determinar quiénes podían viajar u obtener un pasaporte.
La Habana, desde entonces, ha dispuesto categorías para impedir la salida de determinados ciudadanos en “condición de regulados”, entre los que están las personas sujetas a proceso penal o tengan pendiente el cumplimiento de una sanción penal o medida de seguridad, los “atletas de alto rendimiento, técnicos y entrenadores vitales para el movimiento deportivo cubano”, los viajes por motivos personales de médicos y otros profesionales y a algunos dirigentes.
