MIAMI, Estados Unidos.- Desde las protestas del año 2017 contra el régimen venezolano, Nicolás Maduro tiene entre manos la constitución de mecanismos de identificación, vigilancia y control sociopolítico de sus ciudadanos. Se denomina la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS), una estructura de control social que se asemeja a los CDR del régimen cubano.
De acuerdo a una nota publicada por Diario de las Américas, durante las primeras semanas del mes de octubre los diversos canales digitales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) han presionado sobre la necesidad de concretar esta creación.
La nueva red venezolana prevé garantizar el registro y control de los venezolanos. El funcionamiento de estas estructuras se sustenta en leyes ampliamente rechazadas por organizaciones especializadas en la defensa de los Derechos Humanos, y RAAS, en concreto, funcionará para desarrollar el contenido de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2002) y de la derogada Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia (2008).
#AQUÍ Conoce más sobre la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS) @NicolasMaduro @dcabellor @taniapsuv @JULIOLEONYARA pic.twitter.com/xLmdXuvdEW
— PSUV (@PartidoPSUV) October 13, 2018
De acuerdo a la publicación, el PSUV ha difundido videos por diferentes canales digitales en los que asegura que la RAAS funcionaría como un mecanismo para que los ciudadanos simpatizantes del gobierno de Maduro “puedan identificar y denunciar a aquellos que están contra sus ideales políticos, utilizando para esto la calificación de enemigos”
La RAAS parte de la estructura ya conformada de las llamadas Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH) para que sus integrantes realicen cuatro funciones básicas:
- Identificar quién es su enemigo histórico
- Fortalecer la unidad para enfrentar al enemigo
- Elevar al máximo su voluntad de lucha contra el enemigo
- Organizarse y adquirir el conocimiento necesario para vencer al enemigo
El Programa Venezolano de Educación y Acción sobre Derechos Humanos (PROVEA) asegura que estas estructuras sociales pretenden “convertir a los militantes del PSUV en sapos (delatores) para que denuncien a familiares y vecinos que piensen diferente (…) se busca establecer una red social y comunitaria de delación donde todos sus integrantes son guardianes del proceso revolucionario, convirtiendo a los vecinos, trabajadores y ciudadanos comunes en vigilantes, monitores y acusadores de las actividades privadas o públicas de cualquier persona”.
Por otra parte, según los integrantes del Observatorio de Conflictividad Social “esta Red está enmarcada en la doctrina de Seguridad Nacional en la que todos los ciudadanos que intentan hacer contraloría social, exigen y defienden derechos humanos o que expresan críticas a la gestión pública o adversan políticamente al gobierno son identificados como enemigos internos”.
Obligar a los ciudadanos a realizar inteligencia social es un viejo anhelo del chavismo. En el año 2008 el gobierno de Hugo Chávez intentó implementar la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia. Coloquialmente esta Ley fue bautizada como la “Ley Sapo (ante la presión social Chávez tuvo que derogarla en junio de 2008).
Esta ley contenía la obligación de cualquier persona a cumplir labores de inteligencia social si así lo solicitaban las autoridades o ser enjuiciados por la Fiscalía en caso de negarse.
