La dictadura “está sepultando en vida a José Daniel Ferrer”, denunció su esposa

MADRID, España.- El preso político cubano José Daniel Ferrer permanece desde hace casi cuatro meses semi desnudo en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, con lesiones dermatológicas debido a las picaduras de mosquito, así como por hongos y bacterias, sin recibir la atención médica requerida, denunció su esposa Nelva Ismaray Ortega.

“Está en una celda (aislado) bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, con sus patologías de base y otras sintomatologías asociadas a esas mazmorras, tecnológicamente preparadas para torturarle”, denunció Ortega en conversaciones con Radio Televisión Martí.

En cuanto a la prohibición de llamadas y limitación de visitas, la esposa del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), precisó: “El pasado viernes, como cada viernes esperando la llamada de mi valiente esposo, el régimen castro-comunista-Canel lo negó nuevamente. (…) ¡Ni siquiera sacarlo al teléfono!, la última vez fue bajo protesta, el pasado 4 de junio del presente año”.

“Sin derecho a visitas familiares y conyugales, alimentándose de la ‘jaba’ que le llevamos y que le permiten cada cuarenta y cinco días, incluso, le niegan hasta una hoja de papel para poder exigir y solicitar asistencia religiosa”, agregó la activista.

Ante esta situación, Nelva Ismaray Ortega declaró: “Sin duda, la dictadura Castro-Canel, a pesar de estar sepultándolo en vida y matándolo lentamente, no deja de temerle a un hombre, un simple hombre, por su inquebrantable firmeza”.

Tras 55 días en aislamiento, el pasado cinco de septiembre a José Daniel Ferrer se le permitió una visita de su esposa, quien lo encontró muy delgado, lleno de picadas de mosquitos, con fuertes dolores en un brazo debido a una bursitis, con sangrado bucal y problemas gástricos intensificados.

El activista se encuentra detenido desde el 11 de julio del pasado año por intentar acceder al lugar donde se desarrollaban las protestas en su provincia. Un mes más tarde, le fue revocada una condena de cuatro años de prisión que cumplía desde 2020 en reclusión domiciliaria.

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