LA HABANA, Cuba.- ¿Hasta cuándo los derechos fundamentales serán considerados delitos en Cuba? ¿Cuáles son las opciones de activistas, artistas y periodistas para desempeñarse por fuera del Estado? ¿Qué puede hacer la comunidad democrática internacional y el sistema universal de protección de derechos humanos de la ONU? Fueron estas algunas de las interrogantes que orientaron el seminario web organizado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), este martes 16 de febrero.
El panel, bajo el título “¿Hasta cuándo la criminalización de la libertad de asociación, expresión y reunión en Cuba?”, contó con representantes de organizaciones internacionales como Civil Rights Defenders, Freedom House, Race and Equality, Committee to Protect Journalists (CPJ) y CIVICUS, así como con el periodista independiente cubano Abraham Jiménez Enoa y el abogado independiente cubano Julio Ferrer Tamayo.
El evento se desarrolló en recordación de los 22 años de la imposición de la Ley 88/99 “Protección a la Independencia Nacional y la Economía de Cuba”, mediante la cual en el año 2003 el gobierno de la Isla detuvo arbitrariamente y condenó, de manera sumaria, a 75 opositores pacíficos, entre ellos 25 periodistas independientes. Este suceso se conoció como la Primavera Negra de Cuba.
“Como en 2003, el régimen cubano ha iniciado a fines de 2020 una campaña de linchamiento mediático contra sus críticos, en especial periodistas y artistas independientes. Al tiempo que Cuba no reconoce la libertad de asociación, censura las opiniones críticas y reprime la protesta pacífica, acusa de “mercenarios” a quienes reciben financiamiento del exterior”, destacó la convocatoria del evento.
María Salazar-Ferro, de CPJ, rememoró los sucesos de la Primavera Negra y que los arrestados no tuvieron acceso a abogados hasta pocos minutos antes del juicio; muchos terminaron en cárceles lejos de sus familias como otra forma de castigo. Explicó igualmente la crueldad de las prisiones, en las que no tenían acceso a tratamiento médico o buena alimentación, además de que sus familias eran también criminalizadas, “la cárcel se extendió también a ellos”.
Debido a la presión internacional, muchos fueron liberados y desterrados del país, otros permanecieron años tras las rejas, hasta 2009.
Abraham Jiménez Enoa explicó que la Ley Mordaza todavía está vigente en Cuba. Asimismo, expuso que la mayoría de los que conforman la nueva generación de periodistas cubanos son egresados de las universidades de la isla, y que los medios independientes han proliferado gracias a la aparición de internet y las redes sociales.
“Esta nueva generación no solo comenzó a narrar la realidad cubana sino a especializarse en diferentes temas. Esto provocó que salieran a la luz todas las zonas oscuras del país”, declaró el cofundador de la revista El Estornudo.
Para Jiménez Enoa, en estos medios de prensa los cubanos han encontrado la manera de trastocar, de subvertir esa realidad que durante años fue monopolizada por el Estado. No obstante, internet sigue siendo excesivamente caro y, por tanto, muchos siguen sin tener acceso a la red de redes y continúan informándose solo a través de los medios oficiales.
“No pasa un día en que un periodista o activista no denuncie alguna violación de derechos humanos en Cuba”, advirtió el periodista. Para él, esta represión responde a dos factores fundamentales: al impacto de esa nueva prensa y del empoderamiento de las redes sociales, y porque cada vez más el régimen se encuentra sin armas para enfrentar eso que antes tenía controlado.
Abraham Jiménez expuso además que ha sido gracias a las redes sociales que se han desarrollado algunas manifestaciones pacíficas en Cuba, de ciudadanos que exigen derechos, entre ellas la del 11 de mayo de 2019 y la del 27 de noviembre de 2020. “Obviamente sigue siendo muy poco”, porque el régimen cubano impide el diálogo o iniciativas independientes y sigue reprimiendo, pero es mucho más de lo que hemos visto en años anteriores.
Para Inés Pousadela, representante de CIVICUS, lo que diferencia a Cuba de otros países de la región es que se trata de un régimen de control total en el que no existen libertades algunas de asociación y su naturaleza no ha cambiado pese a las reformas. “También lo que sucede en Cuba es que muchas de estas transgresiones son legales”, afirmó.
La especialista señaló además que algunas de esas violaciones están consagradas en la nueva Constitución de la República. De igual modo, enumeró algunas de las violaciones sistemáticas que se cometen en Cuba: la represión y allanamiento de organizaciones, detenciones de activistas de derechos humanos, humillaciones y prohibiciones de viajes como represalia por su labor.
“La represión sigue respondiendo a lógicas de la Guerra Fría”, refirió. Aun así, reconoció igualmente que el nivel de voces autónomas de la sociedad civil cubana es hoy mayor que nunca.
En cuanto al nuevo contexto, marcado por la difamación a periodistas independientes, artistas y activistas de derechos humanos, el abogado Julio Ferrer consideró que no cree que se llegue a “un desenlace como el de la Primavera Negra porque la situación nacional e internacional no es propicia para eso”.
Recientemente, el régimen de La Habana publicó un listado de actividades prohibidas para ejercer como Trabajo por Cuenta Propia, entre las que se encuentra el periodismo. Al respecto, el representante de Cubalex afirmó que se trata de “más de lo mismo”. Al gobierno de Cuba “no le interesa el trabajo y la propiedad privada pero la situación económica los ha obligado a abrirse a estas iniciativas, pero a la vez las ata”.
En este sentido, resaltó la importancia de las presiones internacionales sobre el régimen cubano, aconsejó seguir apelando a organizaciones internacionales de derechos humanos, además de continuar promoviendo los derechos humanos en la Isla.
Por su parte, Abraham Jiménez Enoa destacó que, aunque no corre la sangre en Cuba como en otros países de la región, “es igualmente difícil, y el precio que pagamos por hacer lo que hacemos es altísimo”. Ante el total estado de indefensión de los periodistas y activistas cubanos, el periodista agradeció y subrayó el respaldo de las organizaciones internacionales.
Entre enero y diciembre de 2020, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) registró 438 hechos violatorios de la libertad de prensa en Cuba, cifra que supera en un 53 % al 2019, cuando se contabilizaron 287 casos. Solamente en enero de 2021 se documentaron 38 hechos, de los cuales el 55 % correspondieron a detenciones arbitrarias sin orden judicial.
Según se resaltó en el panel organizado por CADAL, la pandemia de la COVID-19 ha sido utilizada como pretexto para reprimir más y cercenar las libertades.
El moderador del panel, Gabriel C. Salvia, Director General de CADAL, recordó una reunión que se sostendrá el 24 de febrero próximo entre representantes de la Unión Europea y la sociedad civil cubana. Y, en este sentido, explicó que se trataría de una sociedad civil permitida o reconocida por el gobierno cubano, es decir, no será inclusiva.
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