BARCELONA, España.- El juzgado contencioso administrativo número 10 de Barcelona ha obligado al gobierno a conceder a Arián R.F., un joven de 28 años hijo de una cubana casada con un español que urge un trasplante hepático y de riñón, el permiso de residencia que necesita para entrar en la lista de espera para un trasplante.
El gobierno ha recurrido la sentencia porque considera que el joven no acreditó que está a cargo de sus padres, uno de los requisitos que plantea la ley de extranjería para quienes no son menores de edad, aunque, tras el fallo, le ha tenido que conceder el permiso de residencia provisional a la espera de que se resuelva el pleito, con lo que podrá ser trasplantado.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el juez considera que la ley de extranjería ampara también la concesión de residencia a “los ascendientes directos y a los de su cónyuge o pareja registrada que vivan a su cargo” y ha tenido en cuenta los informes médicos que avalan la gravedad de la enfermedad hepático-renal del joven.
Arián R.F. vive desde hace dos años en Barcelona con su madre y el esposo de ésta, un español, y se trasladó a la capital catalana para poder ser tratado de su enfermedad aconsejado por los médicos cubanos.
Según ha explicado a Efe el abogado del joven, Jorge Graupera, del bufete Legalcity, cuando el joven fue atendido en la sanidad pública catalana le informaron que precisaba urgentemente un trasplante de hígado y otro de riñón.
Pero para poder entrar en la lista de la Oficina Nacional de Trasplantes necesitaba el Número de Identificación de Extranjeros (NIE) que tienen los extracomunitarios con permiso de residencia, y por ello presentó la solicitud en la Subdelegación del Gobierno, que el 31 de mayo del año pasado le denegó la solicitud.
Graupera ha explicado que el joven apenas puede andar, ni levantar pesos y que cada día tiene que someterse a diálisis en el hospital Vall d’Hebron, a la espera de que un trasplante le pueda salvar la vida.
El abogado, que ha llevado el caso por razones humanitarias sin cobrar nada a su cliente, ha reconocido que el gobierno deniega “prácticamente el 100 %” de las solicitudes de residencia de hijos de parejas mixtas si no son menores de edad, porque la ley obliga a acreditar que están a cargo del ciudadano español, aunque ha considerado que en este caso quedaba suficientemente acreditado por la situación de “enfermedad grave con riesgo para la vida”.
También ha considerado que no debían haber denegado el permiso porque el consulado español en Cuba le concedió un visado humanitario para viajar a España, con lo que la administración infringió la doctrina de ir “contra actos propios”.
(EFE)
