LA HABANA, Cuba.- Como parte de la Tarea Ordenamiento iniciada el 1ro de enero del presente año, este martes el gobierno cubano aprobó varias medidas con connotaciones para el sector económico, la seguridad social y las telecomunicaciones.
En reunión sostenida por el Consejo de Estado se adoptaron tres Decretos-Leyes. El primero de ellos es el Decreto-Ley de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y el Uso del Espectro Radioeléctrico. Esta norma, según explicó el periódico Granma, “contribuirá a la informatización del país, a la soberanía tecnológica, a la eficiente gestión del espectro radioeléctrico; a contrarrestar las agresiones radioeléctricas y en el ciberespacio, a salvaguardar los principios de seguridad e invulnerabilidad de las telecomunicaciones en beneficio de la economía, la sociedad, la Seguridad y la Defensa Nacional, el Orden Interior y la Defensa Civil, y para defender los logros alcanzados por nuestro Estado socialista”.
Hasta el momento, se desconoce el contenido explícito del documento, pero es probable que complemente el Decreto-Ley 370, Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba, aprobado en julio de 2019 y mediante el cual han sido multadas 31 personas, la mayoría de ellas activistas de derechos humanos y periodistas independientes.
Para el Director Ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, es preocupante porque “el régimen lleva tiempo intentando restringir aún más el acceso a Internet, el cual recientemente ha permitido denunciar abusos en el país y organizar protestas”.
Los funcionarios del gobierno también aprobaron el Decreto-Ley Del Sistema Empresarial Estatal Cubano, el cual “regula los principios de organización y funcionamiento de las empresas estatales, las empresas filiales y las organizaciones superiores de dirección empresarial, que integran el sistema empresarial estatal cubano”.
Suscribieron además el Decreto-Ley modificativo de la Ley 105, Ley de Seguridad Social, del 27 de diciembre de 2008, con el objetivo de “fortalecer la empresa estatal socialista” y “facilitar la reincorporación al empleo de los pensionados por edad”.
Asimismo, acordaron la creación del Consejo Nacional de Innovación, órgano consultivo del Estado, que asistirá al Presidente de la República en la toma de decisiones “para impulsar la innovación en el funcionamiento del Estado, el Gobierno, la economía y la sociedad, de forma coordinada e integrada”.
En otro encuentro sostenido este martes por Miguel Díaz-Canel Bermúdez con productores agropecuarios, expertos y científicos de diferentes ramas, se aprobaron un total de 63 medidas para potenciar la producción de alimentos, 30 de las cuales se consideran con prioridad y algunas de carácter inmediato.
Entre ellas: reducción de las tarifas de electricidad y de agua a los productores, aumento del pago por litro de leche (de 7.50 a 9 pesos) a aquellos que cumplan o sobrecumplan el plan de entrega mensual a la industria, autorización de la venta liberada de leche y sus derivados y la comercialización de carne de ganado menor y mayor, después de cumplir con el encargo estatal y siempre que se garantice que no haya decrecimiento de la masa ganadera.
Este último aspecto ha sido, durante décadas, uno de los mayores reclamos de los ganaderos, quienes no tenían permitido consumir la carne de las reses que ellos mismos criaban.
Díaz-Canel señaló que estas decisiones de su gobierno buscaban enfrentar la actual crisis económica que afecta al país. “Todo ello —afirmó— nos llevó a aprobar la Estrategia de desarrollo económico-social, no solo para resistir, sino, además, para avanzar y darle un mayor impulso al Plan nacional de desarrollo hasta 2030, y llegar al cercano 8vo Congreso del Partido con el mayor número de lineamientos cumplidos”.
El anuncio de este paquete de medidas para el sector agropecuario coincide además con la destitución, a propuesta del Presidente del Consejo de Estado, del Ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, quien había desempeñado el cargo durante once años. Como sustituto se designó al ingeniero agrónomo Ydael Jesús Pérez Brito, quien era el Viceministro Primero.
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