MIAMI, Estados Unidos. – Los fiscales generales de 20 estados de EE.UU. demandaron este martes el plan de la administración del presidente Joe Biden para la concesión de 30 000 visas humanitarias a migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, informó la agencia de noticias EFE.
La denuncia fue liderada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton. En ella, los demandantes argumentan que el plan permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de EE. UU. que ya están “sobrecargadas”.
Asimismo, aseguraron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está abusando de su autoridad para conceder permisos humanitarios.
Además de Paxton, la demanda fue suscrita por los fiscales de estados como Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky, entre otros. La denuncia incluye al DHS y su titular, Alejandro Mayorkas; así como a las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y de regular el flujo migratorio.
El pasado 5 de enero, el gobierno de EE. UU. anunció que restringiría la entrada de migrantes cubanos, haitianos y nicaragüenses que intentaran ingresar de manera ilegal a través de la frontera con México. A la vez, indicó que concedería 30 000 visas humanitarias mensuales a migrantes de esas nacionalidades.
La Casa Blanca destacó en un comunicado que la medida buscaba frenar la actual oleada migratoria y, a su vez, crear un nuevo procedimiento “ordenado, seguro y humano” para reducir “sustancialmente” el número de personas que tratan de acceder a territorio estadounidense de forma ilegal.
No obstante, los cupos solo pueden ser ocupados por quienes cuenten con un patrocinador financiero en EE. UU.
En virtud de la nueva política, el DHS facultó a los oficiales fronterizos para expulsar de forma expedita a aquellas personas que intenten entrar al país sin permiso, no tengan una base legal para permanecer y no puedan ser expulsadas en virtud del Título 42.
Con la nueva normativa, los migrantes que sean removidos de forma expedita de EE. UU. estarán sujetos a la expulsión acelerada hacia sus respectivos países de origen y a una prohibición de reingreso por espacio de cinco años.
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