MIAMI, Estados Unidos. – El venidero 1.o de septiembre entrará en vigor en Cuba una nueva resolución emitida por el Ministerio de Justicia que reducirá entre dos y diez días hábiles en la mayoría de los procesos notariales en la isla.
De acuerdo con la Gaceta Oficial, la medida tiene como objetivo “continuar la simplificación de procesos en el sistema del Ministerio de Justicia, en especial los relacionados con el estado civil de las personas naturales y disminuir los procesos de subsanación de errores u omisiones de los asientos registrales”.
La medida se hará efectiva para la mayoría de las escrituras notariales, entre ellas la de compraventa de bienes inmuebles, la de aceptación de herencia y adjudicación de bienes, la del contrato de permuta y la de liquidación de la comunidad matrimonial de bienes.
Entre las novedades se establece que, practicada la inscripción de nacimiento de un recién nacido, se entregue a los padres, de oficio, su primera certificación de nacimiento, antes del egreso de la unidad del sistema nacional de salud.
La resolución también señala que si un matrimonio se formaliza ante el registrador del Estado Civil de la oficina registral o el Palacio de Matrimonios, el acto debe culminar con la entrega de oficio de la certificación ese mismo día.
Asimismo, la nueva directriz se fiscalizará con recelo el trabajo de notarios y registradores, encargados de hacer valer las escrituras.
“Los registradores del Estado Civil y los notarios tienen la obligación de asesorar a los comparecientes en cuanto a la importancia y el derecho que les asiste en la revisión de las certificaciones, el sello de timbre por concepto de impuesto sobre el documento que debe aportar y la trascendencia de que conserven estas certificaciones para el futuro y así evitar situaciones complejas ante el olvido de datos importantes de esas certificaciones como tomo, folio y fecha”, señala la disposición, firmada por Oscar Manuel Silveira Martínez, ministro de Justicia.
La nueva resolución suma a la Instrucción 1 del citado organismo, dictada en 2018, la cual eliminó la exigencia de documentos en 12 procesos notariales y registrales, para simplificar los engorrosos trámites que debe cumplir la población de la isla.
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