MADRID, España.- David Charters, presidente de la firma de inversores CRF-I Ltd. que reclama al Gobierno cubano el pago de 72 millones de euros, negó este jueves que el grupo fuera un fondo buitre, argumento del régimen de la Isla para evadir el pago.
CRF “es demasiado pequeño” para ser considerado “un fondo buitre”, dijo Charters durante la tercera jornada del juicio contra el Gobierno cubano y el Banco Central de Cuba (BCC) que tiene lugar en Londres, informó la agencia EFE.
Por la parte cubana declaró el profesor de Derecho Procesal en la Universidad de La Habana, Juan Mendoza Díaz.
Según su interpretación de la ley, el Banco Nacional de Cuba (BNC), antes BCC, tiene solo una “función administrativa” en la gestión de la deuda externa desde 1997, cuando se creó el nuevo Banco Central.
Así como alegó que por el artículo 56 de un decreto ley de 1999, el Banco Nacional de Cuba “no tiene facultad para actuar en nombre del Gobierno cubano ni aprobar cesión de deuda pública sin la autorización previa del Ministerio de Finanzas y Precios y del Consejo de ministros”.
Sin embargo, el CRF asegura que el artículo 56 no se aplica a la deuda histórica previa a 1997 y sostiene que el BNC sí tenía competencias delegadas para reasignar la deuda.
CRF señaló también que desde el 2013 intentó negociar una reestructuración de la deuda con el Estado cubano, pero al no recibir aceptación, decidió ir a las Cortes.
Este miércoles el abogado de CRF-I, Jawdat Khurshid, había acusado al Gobierno cubano de “fabricar pretextos” para no reconocerlo como acreedor.
La jueza Sara Cockerill tendrá que determinar si el CRF es el acreedor legítimo de los títulos por 72 millones, derivados de contratos de préstamos suscritos por el Gobierno de Fidel Castro con dos bancos europeos en 1984.
El juicio, iniciado este lunes, ha estado acompañado de emigrados cubanos que se han manifestado en las afueras de la Corte de Justicia, denunciando y exigiendo al régimen el pago de la deuda.
