MIAMI, Estados Unidos. – El pasado 3 de octubre fue detenido nuevamente el activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide Jesús Sánchez Romero. El opositor fue interceptado por agentes policiales en uno de los consejos populares del municipio Guamá, en Santiago de Cuba, mientras se encontraba en un ómnibus.
La Policía obligó a Sánchez Romero a bajar del vehículo y le ocupó cuatro pomos de aceite, cuatro pares de botas y un bolso donde estaba su ropa.
El capitán conocido como Santiago se mantuvo al frente del operativo.
“Me gritaba insultos porque yo le decía que los ladrones eran ellos, que me robaban a mí y también a todo el pueblo. Él se molestó porque dijo que él era comunista y era una ofensa llamarlo ladrón. Por eso me fabricó un delito de desacato”, dijo Sánchez Romero a CubaNet.
“Donde me detuvieron exactamente ―Ocujal del Turquino― hay un punto de guardafronteras que lo tienen como punto de control para detener los medios de transporte y decomisarles a las personas todo lo que ellos (las autoridades) estimen conveniente”, explicó el activista.
Sánchez Romero fue liberado luego de 24 horas en el calabozo de la unidad policial de la localidad de Chivirico. Sin embargo, la Policía no le devolvió sus pertenencias.
Desde mayo de 2020, el activista ha sido agredido por oficiales del Ministerio del Interior en varias ocasiones. Su vivienda ha sido allanada y sus bienes ocupados. En agosto pasado el opositor denunció a través de CubaNet que había recibido “una brutal golpiza” a manos de policías.
Sánchez Romero no solo está acusado de “desacato”, también debe varias multas que se niega a pagar por considerarlas arbitrarias. Además, continúa acusado por el delito de “receptación”. Este último, según el Código Penal cubano, prevé sanciones administrativas y penales de tres meses y hasta cinco años de privación de libertad para los infractores.
No obstante, ambos delitos son parte de un abanico de ardides que utiliza el Departamento de la Seguridad del Estado para sancionar a opositores y otros actores de la sociedad civil independiente cubana, que en realidad son procesados por motivos políticos.
También en Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU denunció que la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), le habría cortado o restringido el servicio de internet por datos móviles.
Usualmente, ETECSA cumple órdenes de la Seguridad del Estado y realiza estas operaciones para mantener incomunicados a los opositores, sobre todo cuando son víctimas de algún acto represivo, ya sean detenciones o registros sorpresivos a sus viviendas.
Entretanto, en La Habana se reportó otra detención violenta. Se trata del joven Jhoni Guevara Fernández, residente en el municipio Arroyo Naranjo.
El activista permaneció dos horas en los calabozos de la estación policial El Capri. Antes de ser liberado fue golpeado, según confirmó José Díaz Silva, líder del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), grupo al que pertenece Guevara. También fue multado con una cuota de 300 pesos.
Durante este año, según publicó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), septiembre ha sido el mes con mayor número de allanamientos, detenciones, multas y citaciones contra activistas, artistas y periodistas independientes.
De acuerdo con los datos recabados en la Isla por la red de observadores del OCDH, al menos se registraron 600 actos represivos.
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