BOGOTÁ, Colombia. – La sociedad colombiana condenó este jueves por unanimidad la decisión del exjefe negociador de paz de las FARC, Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, de volver a las armas porque eso empuja de nuevo al país al conflicto armado.
Márquez, número dos de la antigua guerrilla, anunció en un video que junto a otros disidentes inicia una “nueva etapa de lucha” armada, alegando que el acuerdo de paz firmado con el Gobierno en noviembre de 2016 fue traicionado.
Uno de las críticas más contundentes fue la de su excompañero de armas Rodrigo Londoño, quien al leer ante la prensa una declaración del partido político FARC no solo rechazó la deserción de Márquez y otros mandos, como Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich”, y Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”, sino que se disculpó por lo sucedido.
“Sentimos vergüenza. Yo le pido disculpas al pueblo colombiano, a la comunidad internacional y a los países como Cuba y Noruega (garantes del acuerdo de paz) que se han fajado tanto en apoyarnos en este proceso”, manifestó.
Londoño, conocido en sus tiempos de guerrillero como “Timochenko”, dijo que Márquez delira al llamar de nuevo a la lucha armada.
“Los acuerdos de paz encarnan la culminación del viejo anhelo del pueblo colombiano por poner fin al conflicto armado y sembrar la esperanza de consolidar definitivamente la paz con justicia social en nuestro país. Proclamar la lucha armada en la Colombia de hoy constituye una equivocación delirante”, aseguró el presidente del partido FARC.
En el mismo sentido se pronunció el expresidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018), en cuyo Gobierno se firmó la paz, quien recomendó que el Estado mantenga su apoyo a los exguerrilleros que siguen comprometidos con el proceso y “reprimir” a desertores como “Iván Márquez”.
“El 90 % de las FARC sigue en el proceso de paz. Hay que seguirles cumpliendo. A los desertores hay que reprimirlos con toda contundencia. La batalla por la paz no se detiene”, manifestó Santos en Twitter.
El expresidente Álvaro Uribe, que gobernó de 2002 a 2010 y es un enemigo declarado de las FARC y crítico acérrimo del acuerdo de paz, propuso que se elimine la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que se quite el rango constitucional a ese pacto.
“El acuerdo (de paz) es muy dañino para el país. Hay que reformarlo, ojalá pensar en reformar esa JEP, recortarle el tiempo, eliminarla”, dijo Uribe.
Por su parte, el exjefe del equipo negociador del Gobierno en los diálogos de paz de La Habana, Humberto de la Calle, pidió a los ciudadanos “proteger el proceso de paz”.
“No es esta la primera ni será la última crisis del proceso”, dijo De la Calle al leer un comunicado firmado también por Sergio Jaramillo, excomisionado de paz y su mano derecha en las negociaciones.
Los dos exnegociadores gubernamentales también criticaron al Gobierno del presidente Iván Duque por “sus ataques permanentes al proceso y los riesgos de desestabilización jurídica” que “podría llevar a varios comandantes (de las FARC) a tomar decisiones equivocadas”.
“El Gobierno debe asumir con decisión y con criterio de Estado el liderazgo del proceso de paz y dejar de actuar con criterio de partido, como lo ha hecho hasta la fecha”, expresaron.
Pidieron además a la comunidad internacional, especialmente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que redoble su apoyo al proceso de paz.
La Misión de Verificación de la ONU en Colombia se unió al rechazo general al regreso a las armas de un grupo de líderes de las FARC y manifestó que “condena enfáticamente” ese anuncio.
El organismo alentó a los excombatientes “a persistir en su voluntad de paz” e hizo un “llamado a que se mantenga la fe en un proceso de paz que ha permitido salvar miles de vidas”.
Al analizar el porqué de la decisión de Márquez y sus seguidores, el general retirado de la Policía colombiana Luis Herlindo Mendieta, que estuvo 12 años secuestrado por las FARC, dijo este jueves que obedece principalmente a las ganancias que les deja el narcotráfico.
“Indudablemente la causa que lleva al resurgimiento de este grupo armado ilegal es el narcotráfico porque en el país no se ha combatido ese flagelo”, dijo a Efe Mendieta, secuestrado el 1 de noviembre de 1998 en la toma guerrillera a Mitú, capital del selvático departamento de Vaupés (sureste) y rescatado el 13 de junio de 2010.
A su vez, el senador de izquierdas Iván Cepeda, copresidente de la Comisión de Paz del Congreso, indicó que el anuncio es “un golpe al proceso de paz” pero no su fracaso.
“Es una situación que realmente es un golpe al proceso de paz. Es una situación que era previsible y que de ninguna manera significa el fracaso del proceso de paz”, sostuvo Cepeda a EFE por teléfono.
El senador Roy Barreras, también copresidente de la Comisión de Paz y exnegociador en La Habana, tachó de “traidores” a quienes retomaron las armas.
“Son un puñado de traidores de la paz. Son idiotas útiles de una extrema derecha, que por supuesto levantarán ahora las banderas de la guerra”, dijo en un comunicado Barreras que instó “hoy más que nunca” a “permanecer activos en la defensa de la paz lograda, la paz posible, y de la paz completa”.
(EFE)
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