MIAMI, Estados Unidos. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este lunes en Miami el informe anual sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, país que atraviesa una grave crisis agudizada tras el estallido social de abril del pasado año.
La lectura del informe estuvo a cargo de la Comisionada Relatora para Nicaragua, Antonia Urrejola, quien hizo hincapié en las múltiples irregularidades detectadas por el organismo durante el trabajo de campo realizado en ese país.
Una de las violaciones señaladas por la CIDH radica en la persecución y el acoso que padecen activistas y miembros de la oposición política, sometidos a un escrutinio constante por parte del régimen de Daniel Ortega. También se registran detenciones arbitrarias y confiscación y retención de documentos y otros bienes personales.
Aunque el gobierno nicaragüense liberó recientemente a decenas de opositores, la organización regional considero que la amnistía no será suficiente en tanto no abandonen la cárcel todos los presos políticos y les sean garantizados todos sus derechos civiles y políticos.
Urrejola dio a conocer también que las cifras presentadas en la investigación, que reportan la existencia de varias centenas de muertos y miles de heridos en 2018, fueron presentadas al estado de Nicaragua, que rechazó el informe alegando “falta de objetividad e imparcialidad” en el mismo.
La presentación del documento abrió el panel integral sobre la situación en Nicaragua, presidido por la presidenta de la CIDH, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño y Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de la entidad.
Arosemena recalcó que la incorporación de un país -en este caso Nicaragua- al capítulo 4 del informe anual sobre derechos humanos “implica el reconocimiento voluntario por parte de todos los estados miembros de la OEA de la situación que atraviesa la nación en cuestión.
El evento, celebrado en el salón de conferencias del Hotel Courtyard Miami Downtown, también contó con la presencia de funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA), exiliados y miembros de la Sociedad Civil nicaragüense, quienes mostraron su voluntad en el diálogo para poner fin a la violencia que se vive en el país.
Los activistas también solicitaron a los organismos continentales competentes y a las autoridades migratorias norteamericanas analizar la dificil situación que viven los inmigrantes nicaragüenses que se ven forzados a abandonar el país, y que, en su trayecto hacia la frontera entre México y Estados Unidos, suelen ser presas fáciles del crimen organizado y de traficantes de personas.