LA HABANA, Cuba. – La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana señaló para el viernes 21 de agosto la celebración del juicio oral en la Causa 45/20, seguida mediante querella criminal contra la popular cantautora Danay Suárez Fernández.
La acusación particular por el supuesto delito de injuria fue presentada el 10 de julio por el abogado Lázaro Arencibia, del Bufete Colectivo de Santos Suárez, a nombre del doctor Alberto Roque Guerra, quien pidió una sanción de multa contra la afamada representante del hip-hop femenino cubano.
Este doctor, médico intensivista de profesión, es un reconocido defensor de los derechos por la diversidad sexual. La acusación se sustenta en la publicación que en su perfil de Facebook realizó Danay; en la cual la intérprete compara pedofilia y homosexualidad.
Al respecto Roque, en su blog HOMOsapiens, manifestó: “Dicho acto irresponsable constituye un delito contra el honor de un colectivo de personas que produce daños morales”. Con esto se refería a las molestias sufridas por la comunidad LGBTIQ+ por la publicación.
La noticia trascendió por una fuente judicial que declinó ser identificada y refirió que Danay Suárez fue emplazada legalmente de la acusación particular formulada.
Este último letrado evacuó oportunamente el trámite de conclusiones provisionales a su cargo, lo que hizo negando la comisión por Danay del delito de injuria previsto en el artículo 320 del Código Penal.
Por otra parte, una segunda fuente judicial señaló que, en principio, el juicio será público. No obstante, es previsible que se apliquen las limitaciones de distanciamiento físico, conforme a lo dispuesto por las autoridades ante la actual pandemia de COVID-19.
Ambas partes se han mostrado muy cautelosas con respecto a la próxima celebración del juicio y han evitado hacer cualquier manifestación pública al respecto. Existen indicios de que esa actitud pueden haberla adoptado a recomendación de sus abogados.
El proceso ha llamado la atención de la opinión pública cubana, por ventilarse entre figuras públicas y por las implicaciones que pudiera provocar una sanción (aunque se trate de una mera multa), en el orden del reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y el menoscabo a la libertad de expresión en las redes sociales.
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