MIAMI, Estados Unidos. – El ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, señaló este lunes que las empresas españolas que operan en Cuba han recibidos avisos de futuras demandas vinculadas al Título III de la Ley Helms-Burton, pero que, en concreto, ninguna ha sido aún procesada por tal motivo.
En declaraciones a la agencia EFE al término de una reunión de cancilleres de la Unión Europea (UE) en Luxemburgo, el funcionario español dejó claro que, en cualquier caso, su gobierno va a apoyar a las empresas españolas que tienen negocios en Cuba.
Expertos en el tema señalan que las notificaciones previas de demandas forman parte del protocolo de la Ley Helms Burton para llevar adelante los casos contra empresas o ciudadanos que hayan traficado con bienes de ciudadanos estadounidenses y de origen cubano que hayan sido expropiados por el régimen castrista, un procedimiento que ha sido denunciado por países miembros de la Unión Europea y Canadá, principales inversionistas en la isla.
“No se trata solo de defender intereses comerciales, sino también de rechazar tajantemente la aplicación extraterritorial de la legislación de un país”, dijo Borrell, quien advirtió que la reciente activación de la normativa constituye “una clara violación del derecho internacional”.
El canciller español explicó que una supuesta huida de las empresas europeas a causa de las sanciones de resultaría contraproducente para el acercamiento con la isla y allanaría el camino para la inversión de “otros países”.
También advirtió que el endurecimiento de la política contra el régimen cubano solo exacerbará el “victimismo” de La Habana y “el empobrecimiento de los ciudadanos”.
En el caso específico de empresas españolas que operan propiedades en la isla caribeña, el pasado 3 de junio, los descendientes de Rafael Lucas Sánchez Hill presentaron en una corte de Palma de Mallorca una demanda contra la hotelera Meliá Hotels International por explotar dos hoteles en terrenos expropiados al empresario. Según ha trascendido, los demandantes exigen una compensación mínima de 10 millones de euros.
