MIAMI, Estados Unidos. — La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) incluyó en la lista de Represores Cubanos a varios juristas que participaron en los procesos contra participantes en las protestas del 11 de julio de 2021 (11) en el municipio habanero de Guanabacoa.
Se trata de la jueza Yolanda Patricia Llus Leiva y las ponentes Haydée Tamara González Domínguez y María Elena Martínez Quesada, quienes firmaron sentencias de entre dos y ocho años de prisión dictadas el pasado 24 de enero contra los manifestantes. También fue incluida la fiscal Piray Yamilet Gil Bello, quien participó en el proceso penal.
Rolando Cartaya, coordinador del programa de Represores Cubanos impulsados por la FDHC, dijo a Radio Televisión Martí que “las tres magistradas impusieron severas penas a sabiendas de que son injustas por lo que se convierten en posibles reos de un delito de prevaricación”.
Los condenados en esta ocasión fueron Jandys González Mujica (ocho años), Marlon Hitachi Paz Bravo (seis años), Maikel González Mura (seis años), Yamilka Pérez Naranjo y Roxana Miriam Perdomo, estas últimas sentenciadas a cuatro años de trabajo correccional sin internamiento.
Cartaya explicó que Haydée Tamara González Domínguez y María Elena Martínez Quesada “ya tenían abiertas fichas por las condenas de seis a 15 años de prisión impuestas a 20 de los participantes” en las protestas populares en el barrio La Güinera (La Habana), ocurridas el 12 de julio.
El experto añadió que la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba abrirá expedientes a los miembros del Ministerio del Interior (MININT) que aparecen en el documento de sentencia: la Jefa de Sector Mariannis Hernández Sánchez, un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) nombrado Yordanis Díaz García, los peritos Yenileydis Queralta Álvarez, Jaime Quevedo Santa Cruz y Claudia Williams Pedroso, así como los instructores penales Andelis Roque Moreno y Yurelis Blanco Fuentes.
