LA HABANA, Cuba.- Antes de la reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular efectuada el pasado mes, se reunió la Comisión Permanente de Industria, Construcción y Energía.
Dicha comisión analizó los problemas que se confrontan en la construcción, reparación y rehabilitación de viviendas. Los análisis giraron en torno al programa de producción de materiales, la atención a la construcción de viviendas por empresas estatales y por esfuerzo propio, la entrega de susidios y el incremento del financiamiento con el fin de garantizar los insumos necesarios para el cumplimiento de los planes constructivos aprobados.
Hubo consenso entre los diputados miembros de la comisión acerca del insuficiente número de viviendas construidas.
Según el informe “Panorama Económico y Social, Cuba 2015, edición abril 2016”, emitido por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), en su capítulo 26 “Cuba: Construcción. Viviendas terminadas por territorios 2015”, se construyeron 23 003 viviendas, de ellas el Estado y las cooperativas edificaron 10 417, y por esfuerzo propio se levantaron 12 586, representando esto último el 57,7% del total de viviendas construidas.
Se reconoció que la producción de materiales es baja y que en lo fundamental se emplean en el mantenimiento de los inmuebles. Los diputados reconocieron que muchos de los materiales que se venden a la población son caros, no correspondiéndose sus precios con el monto de los subsidios.
Los controles efectuados en 167 municipios para conocer el estado de la producción de materiales de la construcción y la venta de estos, arrojaron que once están en retroceso, ocho estancados y seis evaluados de mal.
Las deficiencias detectadas en 25 municipios son consecuencia de la inadecuada gestión de los Consejos de Administración municipales, responsables directos de que los grupos de trabajo que responden por la ejecución y reparación de las viviendas no actuaran con la efectividad exigida.
El personal de las entidades de Vivienda tiene que estar calificado y mejor preparado para llevar a cabo el proceso de los subsidios. Se deben crear mecanismos de chequeo sistemático de este programa.
Los integrantes de la Comisión reconocieron que todavía persisten las deficiencias en la calidad en la terminación de los edificios multifamiliares. En muchos que se han entregado como terminados, cuando las familias se mudan se encuentran que, por la mala terminación, son prácticamente inhabitables. Eso demerita las inversiones millonarias que se hacen para la construcción de edificios para la población.
Muchas veces la mala terminación se debe al desvío y robo de materiales y recursos, un fenómeno al que no se ha podido poner freno.
El periodista del diario Granma Eduardo Palomares Calderón, en un trabajo titulado “Insta Ramiro Valdés al rigor y exigencia en la calidad de las viviendas”, informó que el vicepresidente del gobierno, en una reunión con directivos de la delegación del Ministerio de la Construcción en Santiago de Cuba se quejó de “la mala calidad detectada en la ejecución de viviendas en varias provincias” y calificó el hecho como “un serio problema a resolver inmediatamente”.
Estos señalamientos críticos del vicepresidente del gobierno responden a la persistencia de deficiencias técnicas y constructivas en el proceso de edificación de los edificios multifamiliares, y también en los elementos prefabricados.
Esta situación ocurre, según Ramiro Valdés, “por la falta de rigor técnico y de exigencia, el robo de áridos para venderlos ilícitamente en el mercado negro (…) Es una muestra de la insensibilidad y de irrespeto a al pueblo, que se manifiesta en estos casos inadmisibles”, dijo.
Como se puede apreciar, tanto los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Gobierno, en este caso representado por Ramiro Valdés, reconocen los problemas que hoy lastran la construcción y reparación de viviendas, y el mal desempeño productivo de la industria de materiales de la construcción.
El reflejo de esas deficiencias está en el promedio de 1 916 inmuebles construidos mensualmente en todo el territorio nacional en el año 2015, una cifra insuficiente para enfrentar la demanda de la población.
