GUANTÁNAMO, Cuba.- El perjuicio causado a la economía estatal guantanamera en los primeros cinco meses del año, en sólo tres entidades estatales, asciende a la suma de once millones de pesos corrientes (CUP), según una escueta nota publicada por el periódico Venceremos, órgano oficial del comité provincial del Partido Comunista, el pasado viernes 23 de junio.
La nota obvia mencionar a cuánto asciende el monto total del perjuicio, pero no es difícil admitir que si la cifra revelada ha sido provocada por sólo tres entidades estatales, el perjuicio económico causado en lo que va de año es más elevado. Las tres entidades involucradas en este perjuicio económico son el Banco Popular de Ahorro (BPA), la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios y la Municipal de Comercio.
De los once millones en pérdidas, cinco corresponden a faltantes de productos alimenticios de la canasta básica en los almacenes mayoristas y el resto a dinero en efectivo presuntamente apropiado por funcionarios del BPA mediante el otorgamiento de créditos bancarios, violando los procedimientos establecidos y al desvío de dinero y materias primas para la elaboración de alimentos en la red gastronómica, según informaron al periódico las fuentes consultadas.
Aunque todavía no se han efectuado los juicios orales que por mandato de la Ley de Procedimiento Penal constituyen la parte final de cada proceso penal, donde los jueces deben determinar si los encausados por estos hechos participaron o no en ellos, la nota en cuestión ya los ha presentado ante la opinión pública como responsables, aunque sin mencionar sus nombres, un método que se ha usado en otras ocasiones para preparar a la opinión pública ante las sanciones que seguramente dictarán los tribunales.
Una prueba de lo anteriormente expuesto es este párrafo: “Según los expertos, los delitos más frecuentes en las entidades implicadas fueron la falsificación de documentos privados y bancarios, así como de comercio; la malversación, el uso indebido de recursos materiales y financieros; el incumplimiento del deber de preservar los bienes en entidades económicos, cohecho y apropiación indebida”. Ante tales afirmaciones, ¿para qué hacer juicio?
No obstante el desliz y la menor o mayor participación que los encausados hayan tenido en los hechos —tarea que corresponde definir únicamente a los jueces, no a los fiscales que sirvieron de fuente al periódico— es evidente que este año los perjuicios causados a la economía estatal guantanamera por actos de corrupción pueden alcanzar un nuevo récord.
La cifra de cinco millones de pesos defraudados por concepto de faltantes en productos alimenticios de la canasta básica es alarmante si tenemos en cuenta que se trata de productos subsidiados, ofertados a precios muy inferiores a los que rigen los mercados de venta liberada.
Aunque la prensa oficialista no publicó información sobre el monto de los perjuicios económicos causados a la economía provincial en los años 2015 y 2016 todo indica que la corrupción sigue enraizada entre los dirigentes y funcionarios estatales de Guantánamo, la mayoría de ellos militantes del partido comunista de Cuba.
El viernes 11 de julio del 2014 el mismo periódico publicó que la provincia había cerrado el año 2013 con pérdidas superiores a los 21 millones de pesos y que más de la mitad de esa suma correspondía al Grupo Empresarial de Comercio, convertido en un emporio de la corrupción, aunque le siguen de cerca las empresas de la Industria Alimenticia.
Recientemente una de ellas, la Empresa Porcina de Guantánamo, pagó más de medio millón de pesos corrientes (CUP) por una entrega ficticia de más de 18 000 toneladas de carne de cerdo, pero el resultado del proceso investigativo no ha sido informado aún por la prensa oficialista.
Desde hace casi diez meses se encuentra en prisión preventiva, acusado por la presunta comisión de varios delitos económicos, el señor Orlando Benítez, quien fuera administrador de la pizzería estatal La Veneciana, muy alabada en la prensa oficialista por su eficiencia y resultados económicos cuando él la administraba.
En estos momentos el Combinado Lácteo de Guantánamo es objeto de una auditoría integral. Según una fuente consultada por CubaNet, miembro del Consejo de dirección de dicha entidad y que por razones obvias pidió que no reveláramos su nombre, allí también hay problemas que seguramente saldrán a relucir.
El complejo comercial y gastronómico “El Guararey” también ha sido objeto de investigación debido a la detección de varios hechos delictivos.
Es cierto que la Controlaría General de la República realiza acciones contra este flagelo y constantemente orienta medidas tendentes a contrarrestarlo pero todavía los resultados dejan mucho que desear. La pregunta que se impone es la siguiente: ¿Por qué si las medidas orientadas son claras nadie las hace cumplir en estas empresas donde existe un Consejo de Dirección, un núcleo del partido y un comité de la Unión de Jóvenes Comunistas? Reprimir a quienes delinquen contra el patrimonio público es necesario, pero es una medida que se adopta cuando ya el mal está hecho. Quizás sea así porque en Cuba no se realizan estudios criminológicos profundos que arrojen luz sobre tales comportamientos, ni ofrezcan vías realmente efectivas para reducirlos al mínimo. Parodiando una frase que reiteradamente pronunciaban los líderes del Movimiento Popular para la Liberación de Angola, pudiera decirse de esta situación que por años azota a la economía estatal guantanamera: “La lucha continúa, la corrupción es cierta”.
