Seguridad del Estado conversa con presidente de la Asociación Jurídica Cubana

Laritza Diversent

LA HABANA, Cuba, abril, (www.cubanet.org)  El pasado miércoles 8 de abril, el lic. Wilfredo Vallín, presidente de la Asociación Jurídica Cubana, recibió de parte de agentes de la seguridad del Estado una citación oficial de la Policía Nacional Revolucionaria, para conversar. 

La entrega de la referida citación aparte de adolecer, en contenido, de los requisitos legales previstos en la Ley de procedimiento penal; se realizó a las 10:50 AM, cuando el encuentro estaba previsto para las 12 horas de ese mismo día.  

No obstante, el abogado consintió que el teniente Abel (sin otras generales), oficial citador, lo condujera hasta la unidad policial sita en 110 y 31, Marianao. El lic. Vallín afirma que accedió al encuentro, porque no quiso dar a entender  que pretendían ampararse en subterfugios legales.  

Calificó las conversaciones de provechosa: “No hubo amenazas, en todo momento mantuvieron en una actitud respetuosa, sin alteraciones”.  Alega además que para una próxima plática no necesitan una citación oficial. Esta en disposición de reunirse nuevamente con ellos, siembre que el diálogo se desarrolle en un plano mesurado donde se escuchen las opiniones contrarias.  

Como parte de los objetivos propuestos por la asociación que preside el abogado, éste imparte una serie de cursos sobre derechos humanos y la legislación penal cubana. Con respecto a los mismos, el oficial que lo atendió dijo haber escuchado y visto como se impartía, aunque  el lic. Vallin no lo recordaba de ninguna de sus clases. 

La principal objeción que presenta la seguridad del Estado a la realización de los cursos estriba en el tipo personas que lo reciben. Dividen a la sociedad civil en gente común  y las que supuestamente están buscando el aval para obtener visa norteamericanas, acumulando acciones contra el gobierno. Al abogado le sorprendió que no utilizaran los términos contrarrevolucionario ni mercenario para referirse a los opositores interesados en aprender las leyes. 

Reconocieron que no tenían objeciones  contra los cursos, siempre que no fueran con ese tipo de gente. Consideran que esas personas podían utilizar en algún momento  los pactos y el conocimiento jurídico como una forma de atrincherarse contra la revolución, con lo que el licenciado no estuvo de acuerdo. Les recordó, además, que en las cartas que había enviado a la Ministra de justicia, Maria Esther Reus, los invitaba a participar y monitorear la actividad.  
 

Con respecto a los pactos de derechos humanos, pendientes de ratificación por parte del Consejo de Estado, afirmaron que tenían un proceso y que se cumplirían en algún momento, pero no especificaron cuando.

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“En el país hay una situación especial, y cuando hay una situación especial, El Código penal, la Ley y la Constitución, somos nosotros”.

Un oficial del Departamento de Seguridad del Estado 

Ciudad de la Habana, 6 de abril de 2009 

 
Lic. María Esther Reus

Ministra de Justicia de la República de Cuba 

Sra. Ministra: 

   No pensé nunca que tendría que escribirle por segunda vez, pero esta será la última ocasión que lo haga. De lo que se trata es de mi carta entregada en su Ministerio en días pasados, en la que le remitía los detalles de unos seminarios que como abogado, me habían sido solicitados por algunos ciudadanos desde la sociedad civil. Este seminario breve, de cinco sesiones de duración pretenden dar a conocer algunos elementos de ,la Teoría Constitucional, Derecho Penal, Procesal Penal y ciertos detalles de Derecho Internacional y los Pactos de los Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmados por el país en Nueva York el año pasado y en espera de ratificación. Le remití copia adjunta.

   Estos seminarios, allí donde he podido impartirlos, han sido acogidos con gran interés por los ciudadanos participantes y aunque muchísimos más me han planteado su deseo de recibirlos, he constreñido los mismos a no más de 10-12 personas para evitar aglomeraciones innecesarias ni interpretaciones inadecuadas. Como estoy seguro usted sabe, no ha existido ningún incidente que pueda atribuirse al curso en si mismo o a sus participantes. Por otra parte, recordará que invitamos a las autoridades a participar, y ahora soy más explícito, a monitorear de la forma que lo entendieran pertinente el contenido, su exposición y el transcurso de los mismos.

   Pero la historia se repite. Cuando me dirigía al último encuentro del segundo grupo que recibía estas lecciones, fui nuevamente interceptado por miembros del DSE que en esta oportunidad, y no con la cortesía de la vez anterior, me comunicaron tajantemente que los cursos no continuarían. Yo llevaba un Código penal conmigo. Se lo mostré a los agentes solicitándoles me indicaran en él los artículos en que fundamentaban su prohibición, pero ellos no quisieron ni tocarlo evidenciando más bien molestia ante su vista, insistiendo en su posición. Cuando argumenté que no podían prohibir lo que la ley no prohíbe y que podían cometer abuso de autoridad con su actuación, uno de ellos se me acercó espetándome las palabras con que encabezo esta carta.

   Hasta aquí los hechos. No es mi intención enzarzarme en una discusión pública con los señores del Ministerio del Interior los que, al menos estos últimos con quien “conversé”, parecen no prestar la menor atención al derecho positivo de la nación ni, siempre según mi apreciación, ningún acatamiento a los otros poderes del país. Solamente les diré (pues parecen no saberlo) que el estado de excepción o emergencia está reconocido en nuestra Carta Magna, pero que su declaración corresponde al Presidente del Consejo de Estado, según se establece en el artículo 67 de la misma, que, por supuesto deberá hacerse público por todas las vías posibles para conocimiento general y, hasta donde sé, eso no ha ocurrido ni siquiera cuando lo de los ciclones que recientemente afectaran al país.
Tampoco he  sabido que  ese Ministerio tenga capacidad legiferante como para “crear derecho”.

   Los cursos continuarán, y nadie vea en esto intención de  desafiar a las autoridades o algo por el estilo pues esa interpretación no tendría nada que ver con la realidad.

   De lo que se trata es que estamos hablando, no del derecho de un letrado que cumple la máxima martiana “Al venir a la tierra todo hombre tiene derecho a que se le eduque y, después, en pago, el deber de contribuir a la educación de los demás”, sino del derecho de todos aquellos cubanos (¿decenas, cientos, miles?) que quieren conocer sus propias leyes que los gobiernan y los derechos, como nos enseñaran los fundadores de la nación, “no se mendigan. Mendigarlos es propio de cobardes incapaces de ejercitarlos”.

   En cuanto a Ud., y con todo el respeto que me merece por mujer, por cubana, por letrada y por Ministra, me duele tener que retirarle mi confianza: es totalmente paradójico que la nación que se autoproclama en Ginebra la más defensora de los derechos ciudadanos que hay en el mundo, permita que se impongan a esos mismos ciudadanos, mediante la fuerza bruta, sin explicaciones legales de ninguna índole, actos de esa naturaleza.

   Ruégole excusas por esta segunda carta que, como ya le expresé, será la última. Una vez más, mis respetos.