Fernando Castelló. El
País. España, noviembre 17, 2000.
Desde el punto de vista de la libertad de prensa, sin la cual, y sin la de
los periodistas para ejercerla, no hay libertad a secas, en Reporteros sin
Fronteras (RsF) dividimos el mundo en tres grandes bloques: aquel donde la hay
teórica y prácticamente, aunque sea con intentos de injerencia de
los poderes políticos y económicos; aquel donde se da teóricamente,
pero se la conculca en la práctica; aquel en que ni teórica ni prácticamente
existe.
En el primero no se mata ni encarcela a los periodistas; en el segundo, el
Estado no se suele atrever a encarcelar a periodistas molestos, pero tolera que
grupos no siempre incontrolados los asesinen impunemente; en el tercero se
encarcela a los periodistas que intentan informar libremente. En estos dos últimos
bloques, a menudo los periodistas tienen que elegir entre dos exilios: el
exterior y el interior, que son la autocensura y la inhibición.
En la comunidad iberoamericana se da esa división, con países
democráticos, semidemocráticos y antidemocráticos en el
terreno de la libertad de prensa, al igual que en los demás campos donde
florece, se marchita o no llega a germinar la libertad a secas. España
figuraba, hasta hace poco, entre los primeros; Colombia sigue estando entre los
segundos, y Cuba se mantiene en solitario entre los terceros. Pero España
ya es hoy la tercera ardi beltza (oveja negra en vasco) de esa comunidad y la única
de la europea.
España: en la mira del terrorismo.
En España, espejo democrático, hoy algo empañado, de la
llamada hispanidad, los periodistas se ven amenazados por ETA, dentro y fuera
del País Vasco. Alentada por el entorno social del terrorismo
independentista, se agrava desde comienzos de este año la espiral
represiva de hostigamiento, amenazas, listas negras, cócteles mólotov,
artefactos explosivos y tiros a bocarrajo contra periodistas considerados "enemigos
del pueblo vasco". Esta espiral culmina con el asesinato del colaborador de
El Mundo José Luis López de Lacalle, el 7 de mayo, y se reactiva
con el intento de asesinar el 10 noviembre en San Sebastián, con una
bomba fallida, a los periodistas Aurora Intxausti, de EL PAÍS, y su
esposo, Juan Palomo, de Antena 3 Televisión, junto con su hijo de año
y medio.
Tras el asesinato de López de Lacalle, cometido cuatro días
después de que RsF denunciase en Madrid que las crecientes amenazas y
atentados, dentro y fuera del País Vasco, podrían "culminar
en breve en una muerte" y exigiera mayor protección para los
periodistas y medios, la organización internacional envió una misión
de investigación in situ. En junio difundió un informe (Los
periodistas, en la mira de ETA) en el que se constataba el grave peligro que
implicaba intentar informar u opinar en torno a la situación del País
Vasco bajo la mira del terrorismo y su entorno, que fuerzan a los informadores a
elegir entre el silencio, el exilio o el jugarse la vida en el intento de ganársela.
Un periodista asesinado, nueve objeto de atentados personales fallidos,
docenas de artefactos incendiarios o explosivos arrojados contra medios o
domicilios, en el País Vasco o en el resto de España en lo que va
de año... Y en estas tareas echan una mano gustosos el GRAPO y un extraño
grupo "anarquista". No es de extrañar que más de cien
periodistas se vieran ya obligados, cuando se redactó el informe de RsF (¿cuántos
serán hoy?), a trabajar, dentro o fuera del País Vasco, con
escolta policial o privada; una docena al menos se hayan visto forzados a "exiliarse"
(entre ellos, Carmen Gurruchaga, de El Mundo, Premio RsF 2000 a la libertad de
prensa) y numerosos medios de comunicación se tengan que acorazar con
medidas de seguridad inconcebibles en la Europa democrática.
En las últimas semanas se han recrudecido los atentados y actualizado
las listas negras de periodistas, como las que establece la revista
freudianamente denominada Ardi Beltza (recordamos: Oveja Negra) en lo que
objetivamente es una forma de señalar con el dedo en el gatillo o el
detonador. Un fallo en un detonador evitó el triple asesinato de San
Sebastián. Aurora Intxausti, vasca como Carmen Gurruchaga, figuraba entre
cuarenta periodistas acusados de trabajar para Interior en un vídeo
editado por aquella publicación del ¿periodista? Pepe Rei. Y mucho
nos tememos que, de no adoptarse las medidas de protección y disuasión
oportunas, las actuales advertencias de RsF (que también aparece citada
en el aludido vídeo) se podrían convertir en la agorera crónica
de una nueva muerte anunciada y denunciada.
Colombia: en todas las miras.
Los periodistas colombianos siguen estando amenazados por el narcotráfico,
pero hoy también por diversos grupos armados: paramilitares,
guerrilleros, servicios secretos paralelos del Ejército... Para todos
ellos, los periodistas no son sino avanzadillas al servicio del "campo
enemigo", por lo que los han convertido en objetivos de guerra. Esos grupos
armados podrían ser los responsables de los asesinatos de Luis Alberto
Rincón, Alberto Sánchez Tovar y Pablo Emilio Medina, entre el 28
de noviembre y el 3 de diciembre de 1999.
El 25 de mayo de 2000, Jineth Bedoya, de El Espectador, era secuestrada y
torturada por los paramilitares. Treinta y ocho periodistas han sido
secuestrados en los dos últimos años, a menudo por las guerrillas.
Decenas han sido abatidos por unos u otros en la última década,
haciendo de Colombia la oveja negra del mundo en asesinatos de periodistas.
Según una encuesta de la Universidad de La Sabana, publicada en
febrero de 2000, el 42,5% de los periodistas interrogados afirman haber recibido
amenazas de distintas procedencias. Ocho de ellos han elegido el camino del
exilio en los últimos doce meses.
Cuba: en la mira del Estado.
Tres periodistas siguen encarcelados en Cuba, la oveja negra de América
en este terreno: Bernardo Arévalo Padrón, condenado a seis años
de prisión en noviembre de 1997 por "ultraje" al jefe del
Estado; Manuel Antonio González Castellanos, detenido el 1 de octubre de
l998 y condenado a dos años y siete meses por "ultraje" al jefe
del Estado; Jesús Joel Díaz Hernández, condenado a cuatro años
en enero de 1999 por considerarse su trabajo como periodista "socialmente
peligroso".
La Constitución estipula que la libertad de prensa debe estar acorde
con los objetivos de la sociedad socialista. Sólo existe prensa oficial,
y el control llega hasta Internet, cuyo acceso permanece reservado a unos pocos
privilegiados.
Un centenar de periodistas independientes, agrupados en una veintena de
agencias de prensa no reconocidas, siguen sometidos a un acoso permanente. Desde
la cumbre de La Habana, 37 han sufrido detenciones, 26 han sido amenazados con
procesos judiciales, seis han sido agredidos o amenazados con serlo. Sus
familiares se ven amenazados de expulsión de sus viviendas, despido, etcétera,
o sufren acoso telefónico. Desde el mes de julio, Luis Alberto Rivera
Leyva, director de la agencia APLO, ha sido amenazado, detenido o puesto bajo
arresto domiciliario en ocho ocasiones.
En este clima, 19 periodistas se han visto forzados a exiliarse desde el 1
de enero de 2000, y 40, en los últimos cinco años. La Ley 88, de
marzo de 1999, es una espada de Damocles, de hasta veinte años-cárcel
de peso, que pende sobre toda persona que colabore con medios extranjeros o
facilite informaciones que supuestamente puedan servir a la política
norteamericana.
Peticiones de RsF. RsF exige al Gobierno cubano la liberación de los
tres periodistas encarcelados, el cese del acoso a las agencias independientes y
la derogación de las leyes que impiden la libertad de prensa. Al Gobierno
colombiano, que cumpla sus compromisos de protección a los periodistas y
castigo a sus agresores y asesinos, en su mayoría hasta ahora impunes.
Exigencias éstas que hace extensivas al Gobierno central español y
al autonómico vasco, a los que invita a hacer aplicar las leyes penales
vigentes a los instigadores de la violencia contra la prensa e "indicadores"
que, usando la libertad de expresión contra sí misma y el derecho
a la vida, ponen a los periodistas en la mira del terrorismo.
Entretanto, prosigue en los tres países la macabra elección a
que se somete a los profesionales de la información entre cárcel,
muerte, exilio o autocensura, esa cárcel del alma, esa muerte
intelectual, ese exilio interior, acaso el peor para un periodista, que debe ser
libre de informar sin temor a su pueblo, para que éste, estando
informado, pueda ser libre.
Fernando Castelló es presidente de la organización
internacional Reporteros sin Fronteras.
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