Mauricio Vicent. El País. Lunes 24 julio. 2000 - Nº 1543
Gráfico: 'Inversiones españolas en Cuba'
Hace 11 años un grupo español constituyó en Cuba la primera empresa mixta con el Gobierno de Fidel Castro. Aquella aventura, llamada Cubacan, fue un experimento. La Habana autorizó a ese primer grupo inversor la construcción de tres hoteles en la playa de
Varadero, un negocio de 50 millones de dólares que resultó un éxito.
El sector turístico, y específicamente los hoteles Sol-Palmeras, Meliá Varadero y Meliá Las Américas, fueron el tubo de ensayo donde las autoridades probaron la apertura al capital extranjero y evaluaron sus beneficios e inconvenientes, en momentos en que
necesitaban con desesperación una alternativa de dinero fresco tras la debacle socialista. Una década después, de por medio la ley Helms-Burton -y los titubeos económicos del Gobierno cubano-, la inversión extranjera en la isla se ha consolidado y crece, pero con
mucha lentitud.
Asociaciones mixtas
Los últimos datos oficiales ofrecidos en julio por el Ministerio de Inversiones Extranjeras y Colaboración Económica (MINVEC) reflejan el siguiente panorama (al cierre de 1999). El volumen total de la inversión extranjera asciende a 4.300 millones de dólares,
pero esta cifra incluye tanto el dinero desembolsado como el comprometido (que equivale aproximadamente al 40%). Y de las 374 asociaciones mixtas que existen hoy, en 1999 fueron aprobadas 58, lo que supone un incremento del 17% de la inversión en relación a 1998.
Italia, Canadá y España poseen los mayores volúmenes de negocios. Hasta 1999, Italia y Canadá eran los líderes gracias a las fuertes inversiones de la compañía italiana Stet (que invierte más de 800 millones de dólares en la
rehabilitación, modernización y gestión de la telefonía cubana) y a la canadiense Sherritt (unos 600 millones en la producción de níquel y en el sector del turismo y la agricultura). Sin embargo, los negocios hispano-cubanos firmados en los últimos
meses han variado el panorama.
La entrada de Altadis, que compró en febrero por 500 millones de dólares el 50% de las acciones de Habanos (la empresa cubana comercializadora de puros) y el reciente acuerdo alcanzado por Ibersuizas para construir una fábrica de cemento en Santiago de Cuba (una inversión
de 150 millones de dólares), probablemente situarán a España este año como primer inversionista -desde hace años ya es el primer socio comercial de la isla-.
Pese a estas grandes inversiones, el flujo de capitales hacia Cuba sigue siendo pobre. Basta un dato para demostrarlo: en 1998 la inversión española, sólo en Brasil, Chile y Venezuela, superó los 7.400 millones de dólares, casi el doble de lo que ha recibido
Cuba del mundo entero en diez años.
Las razones que explican la lentitud del desarrollo inversionista son varias. Van desde la hostilidad de EE UU, plasmada en leyes que persiguen y sancionan a los empresarios extranjeros que invierten en la isla en propiedades nacionalizadas a estadounidenses después de 1959 -antes de ese
año una buena parte de los cañaverales, tierras y empresas cubanas eran de ciudadanos de ese país-, hasta la propia política económica cubana, que fija estrechos márgenes para la inversión y adolece de no pocos obstáculos burocráticos y
lagunas legales.
Sin duda, la ley Helms-Burton ha golpeado, y duramente, el proceso de apertura al capital extranjero. Las autoridades afirman que su principal resultado no ha sido el que los inversionistas ya radicados en la isla cancelen sus compromisos (aunque algún caso se ha dado), sino su efecto
disuasorio. "Nadie sabe cuántas empresas han dejado de entrar en Cuba para evitarse dolores de cabeza con EE UU", ha dicho en alguna ocasión Castro. Eso, sin contar las cartas y amenazas directas del Departamento de Estado, e incluso las sanciones contra ejecutivos de algunas
empresas como la Sherritt.
"Pero, más que estos obstáculos exteriores, lo que más frena la llegada de capital fresco es la propia voluntad del Gobierno cubano", afirma un hombre de negocios instalado en Cuba desde hace más de una década. Varios empresarios consultados por este
diario señalaron los mismos problemas: la lentitud de las negociaciones; la imposibilidad de contratar mano de obra sin pasar por el Estado; las trabas burocráticas, que alargan las gestiones más simples; el marco jurídico, en el que existen lagunas -sin ir más
lejos, no hay ley inmobiliaria-; y sobre todo, los titubeos políticos, que hacen que de pronto se paralicen procesos ya en marcha.
Ejemplo de ello es la reciente suspensión de nuevas inversiones en la construcción de viviendas para extranjeros. Ésta había sido una de las últimas áreas en abrirse al capital extranjero, y con mucho éxito. Diecisiete empresas, varias españolas,
ya habían sido autorizadas a fabricar 2.300 apartamentos en la capital -sólo se ha terminado un edificio de 29 viviendas-, pero en mayo el MINVEC dio la orden de parar. La medida generó inquietud en la comunidad empresarial, pues fue interpretada como un cambio de política
y de reglas del juego cuando la partida estaba en marcha.
La ministra de Inversiones Extranjeras, Marta Lomas, calmó los ánimos durante un reciente encuentro con un grupo de 60 empresarios españoles que participaron en la X sesión del Comité Hispano-Cubano de Cooperación Empresarial, celebrada en La Habana a
principios de julio. Lomas aseguró que no había un cambio de política y que se trataba de una "suspensión temporal", además sólo aplicable a La Habana. Los 500 apartamentos ya vendidos o comprometidos con extranjeros se respetarían, dijo, y
el resto será comprado por empresas estatales, que los alquilarán.
Los motivos para que las autoridades dieron para justificar la medida fueron diversos: la competencia que se le estaba haciendo al prioritario sector turístico; los problemas de infraestructura de La Habana, que hacen imposible asimilar tantas obras a la vez; que sólo el 10% de los
compradores de los 500 apartamentos vendidos hasta la fecha eran extranjeros con vínculos con Cuba, cuando uno de los objetivos de la apertura era resolver el déficit de viviendas para empresarios y diplomáticos, y también que la venta de apartamentos a extranjeros,
cuando los cubanos no pueden comprar una vivienda, sino sólo "permutarla", generaba demasiadas contradicciones sociales.
Vía complementaria
El Gobierno tiene otra razón de peso para estrechar o ampliar los marcos de la inversión a su conveniencia. "Para Cuba, la inversión extranjera es una vía complementaria a los esfuerzos económicos que realiza el Estado, y no un pilar sobre el cual
descansará su desarrollo. Pero se debe entender bien que esta apertura no es circunstancial, no tiene marcha atrás", dice el vicepresidente cubano, Carlos Lage.
Una cosa es cierta: a pesar a todos los obstáculos para invertir en Cuba, sean internos o externos, cubanos o norteamericanos, cada vez son más las empresas que deciden apostar por la isla y su futuro. Eso sí, lo hacen lentamente, con mucha cautela, igual que el Gobierno de
Castro planifica con toda precaución y calma su desarrollo económico de cara al nuevo siglo.
Una tarta en porciones
La apertura a la inversión en Cuba se inició en 1989 en el turismo. Las autoridades no querían abrir al capital extranjero otros sectores por temor a perder soberanía. Los tres primeros hoteles se levantaron en Varadero por un grupo español liderado por el
canario Enrique Martinón y con la gestión de Sol-Meliá.
Hoy el 23% de los casi 200 hoteles que hay en la isla y el 38% de las 32.000 plazas, las gestionan 17 cadenas foráneas. Las principales son españolas
Meliá es líder, (con 14 hoteles), pero también están Club Mediterranée y Accor, de Francia, la canadiense Delta, la italiana Vita Club y la alemana LTI.
Con el tiempo, y a pesar del rechazo inicial, se ha permitido invertir en otros sectores y se ha ampliado el límite de las participaciones del capital extranjero (puede llegar al 100%, pero raramente se autoriza más de un 50%).
Hoy hay 90 asociaciones mixtas en el sector de la minería, 50 en el turístico, 30 en la industria ligera y 24 en alimentación. Hay negocios mixtos en pesca, telecomunicaciones y tabaco. La mayoría son pymes, con inversiones que oscilan entre 1 y 5 millones de dólares.
De las 374 asociaciones mixtas que hay, 86 son españolas, pero sólo aportan el 17 % del capital invertido en la isla.
© Copyright DIARIO EL PAIS, S.L. - Miguel Yuste 40, 28037 Madrid
digital@elpais.es | publicidad@elpais.es |