Denuncian "amenazas" de la policía de Barajas
MARÍA VÁZQUEZ, Madrid. El País. Jueves 6 julio 2000 - Nº 1525
Son ya 14 los cubanos retenidos en la Sala de Refugiados del aeropuerto de Barajas que se han declarado en huelga de hambre para evitar su regreso a Cuba y presionar para que se admitan a trámite sus solicitudes de asilo político. Los cubanos, 29 en total, aseguran que la policía
ha "amenazado" a los integrantes de una familia con expulsarlos a la fuerza hoy mismo. Según este testimonio, los agentes les han advertido de que emplearán "toda la violencia" necesaria.
"Nos dijeron que nos iban a llevar a Cuba empaquetados o esposados y que, si era necesario, tomarían toda la violencia precisa", aseguró ayer a este periódico Félix Ladrón de Guevara, uno de los 29 cubanos retenidos en Barajas. Añadió
que los cinco agentes de policía que formularon esta amenaza contra él, su mujer y su hija, de diez años, dijeron a continuación: "Si hay que pegar un tiro, no sería la primera vez".
Desde Interior se niegan estos hechos y se argumenta que es la Audiencia Nacional quien "tiene la llave" sobre la posible repatriación forzosa de los cubanos que han visto inadmitidas sus solicitudes de asilo político por parte del Gobierno, así como que "se
está actuando correctamente, según la ley". "Se les está proporcionando asistencia médica y comida. El ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) está revisando todo el proceso", añadieron las mismas fuentes.
Por el contrario, fuentes próximas al exilio cubano en España creen que las autoridades españolas están recibiendo "presiones" por parte de Cuba y que esto ha supuesto un giro en la política seguida hasta ahora por el Ejecutivo, consistente en
conceder refugio de forma casi automática a todos los cubanos que lo solicitaran y se encontrasen en territorio español.
Para el abogado de oficio Guillermo Pérez-Reyes, que lleva el caso de cinco de estos peticionarios de asilo y en huelga de hambre, el cambio gubernamental se ha producido en los últimos días, "desde que se ha planteado la reforma de la Ley de Extranjería".
Salvador Jorge Castillo y su esposa, Eneida González, Germán Vargas, Jacqueline Cabrales, Andrea Avelina Sánchez -de 68 años y que, en un primer momento, había decidido no sumarse a la huelga por razones médicas- son algunos de los 14 huelguistas
dispuestos a "lo que sea" con tal de no tener que regresar a su país.
En caso de tener que volver a Cuba, los peticionarios de asilo, por el simple hecho de haberse "atrevido" a solicitarlo, podrían enfrentarse a una severa sanción bajo la imputación de "peligrosidad social", con los agravantes de "traición a la
patria, deserción y contrarrevolución", señala Pérez-Reyes.
Una abogada cubana, que se encuentra en el grupo y que pide que no se revele su identidad por miedo a represalias contra su familia en Cuba, asegura que la policía cubana ha acudido al domicilio de su madre y que, en presencia de su hija de 12 años, le habían recordado que
existe un expediente de peligrosidad abierto contra ella por sus ideas políticas. En caso de tener que retornar a Cuba, esta letrada podría enfrentase a una pena de prisión superior a diez años.
Entre los solicitantes de asilo que han visto inadmitidas sus peticiones se encuentran militantes del movimiento clandestino Comité de Defensa de Derechos Humanos de La Habana y un joven de 27 años, Germán Vargas, que ha sufrido seis años de prisión en Cuba
después de que un tribunal militar lo condenara por insubordinación y hurto de explosivos.
El secretario de la Fundación Hispano-Cubana, Guillermo Gortázar, manifestó su convicción de que el Gobierno resolverá de forma positiva el conflicto, bien mediante la concesión de asilo político, bien dándoles acogida por razones
humanitarias.
El ACNUR pide que la ley garantice que los refugiados no sean deportados
EL PAÍS, Madrid
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha remitido al Ministerio del Interior sus sugerencias respecto a la reforma de la Ley de Extranjería relativas a los temas de su competencia. El ACNUR considera "de especial relevancia" y "enorme
importancia" que se incluya una disposición que garantice el principio de no devolución de los refugiados, "piedra angular" de su protección internacional establecida en la Convención de Ginebra de la que España es parte. Asimismo solicita otra
disposición que asegure la no devolución de un extranjero a un país donde corra peligro su vida o integridad o pueda ser torturado.
Pide igualmente que ningún solicitante de asilo sea rechazado en la frontera o expulsado en tanto no se haya resuelto su solicitud, y añade que el derecho a ser asistido por abogado e intérprete de forma gratuita no debe estar sujeto "a ningún tipo de limitación".
El Alto Comisionado cuestiona las sanciones a los transportistas, ya que "no se les puede responsabilizar de conocer por anticipado quiénes entre sus clientes serán admitidos al procedimiento de asilo". El ACNUR sólo acoge de forma favorable la inclusión de
un artículo referido a los apátridas, si bien considera que la ley debería prever que se les exonere de determinadas "obligaciones administrativas" teniendo en cuenta su especial situación de vulnerabilidad.
Por su parte, los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez y José María Fidalgo, respectivamente, rechazaron ayer en El Escorial la reforma que propone el Gobierno y se decantaron por el desarrollo reglamentario del texto vigente, que contó en el
momento de su aprobación con el apoyo de todos los partidos parlamentarios salvo el PP.
El líder de UGT aplaudió el "acto de contrición" del Gobierno en algunos de los puntos más polémicos de su anunciada reforma, como el derecho a la tutela judicial efectiva para los inmigrantes, la reagrupación familiar de los trabajadores o el
derecho de reunión y sindicación. Pero, en cualquier caso, reiteró su reprobación a cualquier cambio en el texto vigente, al que calificó como "un buen marco consensual para facilitar el control de los problemas económicos y sociales de la integración
de los inmigrantes". Fidalgo también se mostró más partidario de pactar el reglamento que desarrolle la actual ley que de modificarla, informa Juan J. Gómez.
También la Plataforma de ONG de Acción Social, integrada por 17 organizaciones, rechaza la reforma. L a Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), miembro de esta plataforma, considera la reforma un "error político"
que sólo responde al "deseo de continuar con una visión policial" de la inmigración. Además, ATIME se queja de que no se les haya comunicado los cambios que piensa introducir mañana el Consejo de Ministros. |