Marta Beatriz Roque Cabello. Publicado el viernes, 22 de
diciembre de 2000 en El Nuevo Herald
La Habana -- La puesta en vigor del decreto ley 213 y la suspensión
anunciada de las comunicaciones telefónicas entre Cuba y Estados Unidos a
partir del pasado 15 de diciembre de 2000 ha movido a meditar a los miembros del
Instituto Cubano de Economistas Independientes Manuel Sánchez Herrero, en
busca de posibles soluciones.
Al margen de las razones argumentadas por el gobierno cubano para
implementar este cuerpo legal, su resultado más inmediato y relevante ha
sido perjudicar al pueblo dentro de la isla y a sus familiares en el exilio.
Suprimir el derecho que tienen millones de personas de comunicarse con sus
seres queridos no puede justificarse de modo alguno por el cálculo
economicista de cobrar fondos congelados. Podrían explorarse otras vías,
que no afectaran a una parte considerable de la sociedad.
Existen diferentes variantes. La más sencilla sería permitir
que las llamadas fueran pagadas en US dólares aquí en Cuba --por
los usuarios del servicio telefónico--, a los cuales se les cobraría
el impuesto. De todas formas el decreto ley está concebido para que sea
la parte de nuestra población que está en el exilio la que cargue
con el gravamen. Su artículo 10 así lo establece, sin lugar a
dudas.
Esta interrupción de las comunicaciones y la nueva amenaza de adoptar
medidas adicionales para cobrar los fondos congelados arroja dudas sobre las
verdaderas intenciones del gobierno cubano. Se puede leer entre líneas
que los objetivos de este impuesto no son económicos, sino políticos.
Poner al exilio cubano en contra del gobierno de Estados Unidos de América,
retomando lo ocurrido en el caso del niño balsero.
Romper lo que se había logrado en materia de reunificación
familiar, a través del contacto telefónico, alejando a los del
lado de acá de las ideas que les puedan transmitir los de allá,
sobre el American way of life. Así, mantener las doctrinas del sistema,
en un momento en que cada vez se hace más difícil encontrar un
sentido a la ideología que se preconiza.
Desactivar el trabajo de la oposición interna --en particular de los
periodistas independientes--, desvinculándola de la comunicación
con emisoras radiales de Estados Unidos así como con diferentes
personalidades y organizaciones del exilio.
Impedir los contactos de intelectuales estadounidenses y cubanoamericanos
con el pueblo de Cuba que pudieran coadyuvar al desarrollo del track two de la
ley Torricelli.
Aunque dicho decreto se ampara en el derecho de cada estado de reglamentar
sus telecomunicaciones, se limita a las que se presten entre Estados Unidos y
Cuba, aunque sean a través de terceros países, dejando clara la
confrontación con los vecinos del norte.
No importa cuánto discurramos los economistas independientes, o
cualquier otro grupo de nuestra incipiente sociedad civil, sobre la posibilidad
de solucionar este entuerto que tiene consternada a una gran parte de nuestra
población, dentro y fuera del país. En definitiva las intenciones
son bien claras y si tomamos como referencia la inamovilidad a la que la dirección
estatal nos tiene acostumbrados, podremos sacar como conclusión que esta
nueva forma de compulsar no tendrá solución momentánea.
Y no es que nos tengamos que cruzar de brazos ante el problema; lo
importante es que no nos dejemos engañar por sus supuestos orígenes.
Lo que está detrás de todo esto ha quedado aquí expuesto.
Reflexionemos al respecto y pongámonos de frente a la cuestión
principal. Sólo así, tanto los que buscamos posibles soluciones
como el resto de los afectados, seremos capaces de hallarlas.
Los cubanos no podemos seguir permitiendo que se violen nuestros derechos.
Economista cubana, cumplió prisión por ser una de los
cuatro firmantes del documento 'La Patria es de Todos'.
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