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Diciembre 7, 2000



Noticias de Cuba

El Nuevo Herald

Publicado el 7 de diciembre de 2000, en El Nuevo Herald

EU prohíbe viajar por Cubana a funcionarios

Carol Rosenberg. The Miami Herald

El 21 de diciembre de 1999, un DC-10 arrendado por Cubana se estrelló en Ciudad de Guatemala, y 25 personas murieron. Cuatro días después, un Yak-42 de fabricación rusa de Cubana se estrelló unas 90 millas al oeste de Caracas, en Valencia, y los 22 ocupantes también murieron.

Preocupado por la seguridad de la aerolínea estatal Cubana de Aviación, el Departamento de Estado ha prohibido a diplomáticos estadounidenses y a otros funcionarios de gobierno viajar por la isla en vuelos internos.

La información se ha dado a conocer en momentos en que las aerolíneas que ofrecen vuelos charter desde Estados Unidos se preparan para una de las temporadas de viajes navideños más activas entre Miami y la isla. Los charter no usan aviones de Cubana. Pero, una vez allí, cualquier visitante que quiera hacer un vuelo interno tendría que tomar un vuelo de Cubana de Aviación.

Una advertencia del Departamento de Estado con fecha del 1ro. de diciembre reveló la prohibición y sugiere que "los norteamericanos a los que se les requiera viajar dentro de Cuba podrían decidir desistir de su viaje o considerar medios alternos de transportación''.

Un diplomático de Estados Unidos que pidió anonimato, dijo que el Departamento de Estado emitió el aviso porque una vez que la agencia ha prohibido a los funcionarios estadounidenses volar a Cuba, la ley federal requiere que también se notifique al público.

"Creemos que Cubana de Aviación no es segura, y eso es nuevo'', dijo el oficial, que citó preocupaciones relacionadas con el mantenimiento, piezas y el estado de los aviones, algunos de los cuales son Ilyushin,, reliquias de la era soviética.

Los aviones de Cubana han tenido varios accidentes serios en los pasados 18 meses.

El 21 de diciembre de 1999, un DC-10 arrendado por Cubana se estrelló en Ciudad de Guatemala, y 25 personas murieron. Cuatro días después, un Yak-42 de fabricación rusa de Cubana se estrelló unas 90 millas al oeste de Caracas, en Valencia, y los 22 ocupantes también murieron.

También en septiembre un piloto de Cubana murió de un ataque cardiaco durante un vuelo de Bogotá a La Habana. Con 155 personas a bordo, el copiloto logró aterrizar en Barranquilla.

En peligro las llamadas a Cuba

Pablo Alfonso. El Nuevo Herald

Si usted planea llamar por teléfono a sus familiares en Cuba para estas Navidades apresúrese: La Habana está afilando las tijeras para cortar las líneas telefónicas con Estados Unidos.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, negó a las empresas telefónicas autorización para el pago de un impuesto que se venció el pasado 30 de noviembre y que La Habana reclama como condición indispensable para continuar las comunicaciones entre ambos países.

Según fuentes estadounidenses consultadas por El Nuevo Herald la OFAC advirtió también a las compañías de telecomunicaciones que no pueden pagar ese impuesto a través de terceros países, ya que su destino final sería igualmente las arcas del gobierno cubano.

"Con este impuesto Cuba quiere ingresar unos $30 millones de dólares adicionales a los $80 millones que recibe anualmente por las llamadas telefónicas con Estados Unidos'', comentó una de las fuentes.

Por su parte Cuba advirtió a las compañías telefónicas de Canadá y Europa que les cobrará a ellas el impuesto si canalizan llamadas procedentes de Estados Unidos. Según las autoridades cubanas en los últimos meses han estudiado el promedio de llamadas que se reciben en Cuba desde Canadá y Europa.

"Asumimos que un aumento significativo de ese promedio serían llamadas originadas en Estados Unidos y en consecuencia sujetas al pago del impuesto'', indicó desde La Habana una fuente de ETECSA.

La congresista republicana por la Florida, Ileana Ros-Lehtinen, dijo que las amenazas de La Habana demuestran que el único interés del régimen castrista "es satisfacer su avaricia por el poder absoluto y fortalecer su dominio sobre la población''.

"La dictadura está manipulando y aprovechándose de las emociones de las familias cubanas'', subrayó Ros-Lehtinen.

Voceros de las compañías norteamericanas, que hablaron con El Nuevo Herald a condición de no ser identificados, confirmaron que los pagos por servicios telefónicos correspondientes al mes de octubre se liquidaron el 30 de noviembre, sin incluir el nuevo impuesto exigido por Cuba.

"Estamos cumpliendo lo que establecen las leyes norteamericanas'', dijo uno de los voceros.

El impuesto, que añade $0.245 por minuto a la tarifa actual de $1.20 --una de las más altas del mundo--, fue aprobado por Cuba el pasado 20 de octubre mediante el Decreto-Ley No.213. Autoridades norteamericanas alegan que el nuevo impuesto cubano viola los acuerdos suscritos entre las empresas telefónicas estadounidenses y la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA).

La medida fue adoptada en represalia a la ley norteamericana que autorizó el uso de fondos del Estado cubano, congelados en bancos estadounidenses para pagar a familiares de los pilotos de Hermanos al Rescate asesinados en aguas internacionales por Mig's castristas en febrero de 1996.

Las exigencias de Cuba --que quiere recuperar con el impuesto los fondos decomisados-- parecen estar cerrando las puertas de la comunicación a las familias cubanas que viven a ambos lados del Estrecho de la Florida. El decreto advierte en su artículo 12 que si las autoridades norteamericanas impiden el pago del impuesto "Cuba se reserva el derecho de adoptar las medidas que estime pertinentes, incluido el corte total de las comunicaciones telefónicas directas e indirectas entre Cuba y Estados Unidos''.

La disidencia convoca a un debate nacional

El llamamiento fue hecho por la Mesa de Reflexión de la Oposición Moderada, que agrupa a cinco organizaciones

Agence France Presse. La Habana

Un grupo de opositores cubanos propuso ayer crear tres foros en los que participen el gobierno, la sociedad, la disidencia, las distintas iglesias y el exilio, para conducir a Cuba hacia una transición pacífica a la democracia.

La Mesa de Reflexión de la Oposición Moderada (MROM), que agrupa a cinco organizaciones, lanzó su propuesta Iniciativas 2001 para que en los foros se debatan, durante el próximo año, tres grandes temas: derechos humanos, reconciliación de los cubanos y normalización de las relaciones Cuba-Estados Unidos.

La disidencia cubana está compuesta por unos 100 grupos pequeños a los que el gobierno acusa de ser financiados por Washington.

La propuesta de la MROM es que el gobierno cubano "inicie y participe en los cambios junto con la oposición (...) para que la sociedad cubana se incorpore a estos cambios y en un lapso de dos o tres años pueda haber elecciones generales'', explicó en rueda de prensa Fernando Sánchez, presidente del Partido Solidaridad Democrática, uno de los cinco grupos que componen la MROM. "Lo mejor que puede suceder es que los cambios se produzcan dentro de la mayor estabilidad posible'', indicó Manuel Cuesta Morúa, secretario de la Corriente Socialista Democrática, al calificar la propuesta de la MROM como "la mejor fórmula para que Cuba cambie'' sin sufrir traumas sociales.

En cuanto al tema de los derechos humanos, la iniciativa propone debates "entre todos los cubanos'', incluidos los disidentes, las diversas denominaciones religiosas y las autoridades de la isla, para analizar el tema desde un punto de vista integral y no solamente político.

"No pretendemos crear una Comisión de Ginebra en Cuba, sino un espacio para los cubanos'', aseguró Cuesta Morúa.

Sobre la iniciativa para la reconciliación cubana, la MROM propuso un diálogo en La Habana, en el segundo semestre del 2001, entre cubanos de la isla y del exilio, para lo cual será necesaria la autorización del gobierno para que los participantes del exterior puedan ir a Cuba.

Sobre la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, los opositores pretenden realizar debates en los que participen las autoridades cubanas, la disidencia e instituciones y personalidades estadounidenses y europeas.

Según los promotores de estas iniciativas, entre quienes ya aceptaron participar en ese debate está Wayne Smith, ex jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba.

La intención de esta tercera iniciativa es crear puentes de entendimiento entre "ambas naciones y colaborar con ambos Estados en la eliminación de los obstáculos que impiden un acercamiento positivo y respetuoso''.

Fuertes alegatos en juicio a espías

Rui Ferreira. El Nuevo Herald

El equipo defensor de los cinco acusados de espiar para el gobierno cubano responsabilizó ayer reiteradamente al exilio por la existencia de la red de espionaje en el sur de la Florida, mientras que la fiscalía sostuvo que podrá probar en las próximas semanas que los reos intentaron penetrar agencias militares estadounidenses y hasta asesinar.

Durante el primer día de alegatos del juicio contra los cinco últimos integrantes de la Red Avispa, aparentemente desbaratada en Miami hace dos años, el fiscal federal asistente Dave Buckner expresó en la corte de la jueza Joan Lenard que los acusados vinieron "al país a espiar nuestras instalaciones militares, nuestros grupos políticos, a engañar a nuestros políticos electos, y a asesinar a cuatro hombres [los pilotos voluntarios de Hermanos al Rescate derribados por Cuba en 1996]''.

La defensa argumentó que el exilio cubano representa un peligro real para el gobierno cubano y que, al propugnar ciertos sectores el derribo violento del régimen de la isla, éste se vio en la obligación de mantenerse informado de supuestos peligros y amenazas.

"[Los acusados] nunca tuvieron la intención de perjudicarnos'', declaró el abogado Paul McKenna, defensor de Gerardo Hernández, el principal acusado, según el gobierno, por estar involucrado en el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate.

"Los cubanos los enviaron aquí no para herirnos, sino para protegerse a sí mismos y, posiblemente, a familias en Cuba de muchos exiliados'', añadió el letrado.

El 12 de septiembre de 1998, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) arrestó a 10 cubanos acusados de espiar para la isla. Otros cuatro, todos prófugos, fueron incorporados al proceso, supuestamente por haber participado en mayor o menor medida en el derribo de las avionetas.

Según la fiscalía, la Red Avispa era un grupo extremadamente sofisticado, que poseía una buena red de comunicación con la isla que incluía a, por lo menos, dos diplomáticos acreditados en la misión cubana ante las Naciones Unidas y que fueron expulsados de Estados Unidos a fines de 1998.

"Tenían sistemas de criptografía muy buenos para codificar sus mensajes. Aun así nuestros agentes lograron quebrarlos, y en las próximas semanas van a ver cómo, en sus propias palabras y escritos, los acusados se organizaron para conspirar contra nuestro país'', dijo Buckner al jurado de 12 personas.

Además, los acusados poseían radios de onda corta donde recibían mensajes cifrados "en grupos de cinco letras'' con instrucciones rápidas. "Sus documentos falsificados, hechos en Cuba, son los mejores que nuestros técnicos han visto hasta hoy'', agregó el fiscal asistente.

A la sesión asistió un nutrido grupo de agentes del FBI, familiares de los voluntarios de Hermanos al Rescate asesinados por Cuba, así como familiares de dos de los acusados que viajaron expresamente de la isla para el juicio.

En su alegato, McKenna también acusó al presidente de Hermanos al Rescate, José Basulto, de ser el principal responsable de la muerte de los voluntarios del grupo, porque "pese a las advertencias'' desarrolló "un patrón de violaciones del espacio aéreo cubano que se hizo humillante para las autoridades de la isla''.

"El día anterior al ataque cubano le advirtieron que lo iban a derribar, y él no hizo caso'', dijo el abogado. Basulto afirmó a El Nuevo Herald que la jueza Lenard le había pedido que no hablara con la prensa.

"Voy a cumplir la voluntad de ella como un gesto de buena voluntad, aunque sé que [legalmente] no estoy obligado'', dijo.

Durante la audiencia, la defensa reveló los verdaderos nombres de los dos acusados que el gobierno no había logrado identificar totalmente: John Doe II, alias Luis Medina III, se llama en realidad Ramón Vilariño, mientras que John Doe III, alias Rubén Campa, responde al nombre de Fernando González. La semana pasada, McKenna reveló que Hernández era el verdadero nombre de Manuel Viramontes. Los restantes acusados siempre usaron sus verdaderos nombres en sus actividades porque ambos son ciudadanos estadounidenses: René González y Antonio Guerrero.

Según Joaquín Méndez, el abogado de Fernando González, para entender las actividades de su cliente "es necesario ver cosas que suceden fuera de Miami''.

"Hace dos años en La Habana estallaron bombas que fueron puestas por gente conectada con exiliados radicales en nuestra comunidad'', recordó. Por eso, "lo que Campa [González] hacía era cooperar con el aparato de seguridad de su país para identificar quién, aquí en Miami, estaba poniendo las bombas en Cuba''.

El acusado participó en al menos cinco operaciones de seguimiento de activistas anticastristas.

Méndez continuó diciendo que el FBI confiscó un barco de armas en el Río Miami después de que González realizó una operación de vigilancia del trasiego, durante el cual grabó un video. "En este caso, Cuba no sólo se protegió sino que también envió un informe de 60 páginas con el video. Podría decirse que si no arrestaron antes a mi cliente, fue porque les servía la información que él recogía'', añadió.

Regreso de menor depende de acuerdo

Wilfredo Cancio Isla. El Nuevo Herald

Las posibilidades de que el niño Jonathon Kenneth Colombini regrese a territorio norteamericano junto a su padre son escasas y dependerán mayormente de un posible acuerdo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, consideraron expertos legales.

Casi un mes después de que Jonathon, de 5 años, fuera llevado por su madre a Cuba, el caso se mantiene bajo un manto de silencio y el abogado litigante Michael Berry, que representa al padre, prefiere evitar las declaraciones sobre la estrategia legal en marcha.

"No hay realmente un arma legal para forzar el retorno de ese niño'', indicó el abogado miamense Leopoldo Ochoa. "Lo único que queda en este caso es pedir y suplicar al gobierno de Cuba''.

La oficina de Berry en Clearwater afirmó ayer a El Nuevo Herald que preferían mantener la discreción debido a que se trata "de un caso muy sensible''.

Cuba sólo ha publicado una nota editorial sobre el caso, aparecida el pasado 23 de noviembre en el diario oficial Granma.

Arletis Blanco, de 29 años llegó ilegalmente a Cuba el 12 de noviembre en compañía de Jonathon y Jessica, su hija de un año; su actual pareja Agustín Lemus, de 37 años, y el primo de éste, Yuriel León Lemus, de 21 años. Los niños y Blanco están en el hogar de los familiares de Lemus en Blanca Arenas, en la occidental provincia de Pinar del Río.

Los analistas legales coinciden en que las opciones de retorno del menor dependen de la voluntad de La Habana.

La situación se complica debido a que Cuba y Estados Unidos no tienen un acuerdo de extradición. La Habana no es signataria del Tratado Internacional sobre Secuestro de Niños de La Haya, establecido en 1980.

Para la abogada Laura Fabar, especialista en custodia familiar, Colombini podría acudir a los tribunales de la Florida en la búsqueda de beneficio de las leyes familiares del estado, sobre todo si se formulan alegaciones en contra de Blanco por violar la custodia compartida.

Por su parte, la policía del condado de Monroe indicó ayer que continúa la investigación sobre la presunta participación de Blanco en un desfalco de $150,000 en la empresa McKenzie Petroleum, de Cayo Largo, donde ella trabajaba. El caso de custodia familiar ha sido remitido a la fiscalía federal del distrito de Miami.

"Si esta mujer es una vulgar ladrona, el gobierno de Estados Unidos podría extender una petición de extradición a las autoridades cubanas, pero todo quedaría en una interrogante'', opinó Ochoa. Blanco, que también emitió un cheque sin fondos por $5,400 en la tienda Cudjoe Key Fishing Equipment, ha tratado de atribuir la sustracción del dinero a una supuesta conspiración anticastrista armada del Movimiento Democracia y el grupo Alpha 66.

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