LA HABANA, Cuba – Existe en México un oasis para los cubanos que emigran por tierra hacia los Estados Unidos: la “casa del balsero y el emigrante cubano”. La institución fue fundada por el abogado Eduardo Matías Ferrer, miembro de la Asociación Cívica Cuba-México.
La sede es un pequeño apartamento en la colonia Tacuba en el Distrito Federal, donde cada semana se acomodan colchones en el suelo, entre las improvisadas oficinas que archivan trámites realizados o en desarrollo. Un espacio donde la comida cubana se improvisa con las donaciones recibidas para los cubanos de paso.
El sitio funciona como un centro de albergue para emigrantes protegido por la ley mexicana, que asegura que las autoridades del Instituto de Nacional de Migración (INM) no tengan acceso al lugar.
Ferrer y su esposa Alma, una mexicana apasionada con Cuba, dedican todo su tiempo a realizar trámites gratuitos de regularización migratoria a los cubanos, indocumentados o no, que deseen quedarse en México o seguir su paso hacia los Estados Unidos.
“Tramitamos documentos que les permitan viajar y no ser retenidos en una prisión migratoria donde estarían a punto de ser deportados”, declaró Eduardo Matías en entrevista ofrecida a CubaNet.
Los cubanos que emigran desde Ecuador hacia los Estados Unidos de América son los más desfavorecidos según la experiencia del abogado.
“Deben atravesar fronteras a través de las selvas durante días o semanas de caminos. En la mayoría de los casos son extorsionados por polleros, retenes militares y siempre están en peligro de ser secuestrados”, manifestó Eduardo Matías.
“En estos casos México se convierte en la mitad del camino hacia los Estados Unidos. No ser detenidos por la policía migratoria mexicana, es una especie de suerte que compite con quedar a la deriva en las calles”, añadió.
La necesidad del refugio
En el último año, unos 17 993 cubanos entraron a Estados Unidos a través de los pasos fronterizos con México. La tendencia al aumento del flujo de migrantes cubanos por territorio mexicano, estimuló en el 2008 a los gobiernos de Cuba y México a cerrar un desacuerdo de 14 años con un acuerdo migratorio de 6 años de existencia.
La actualización del convenio establece las reglas para que en un plazo máximo de 45 días los cubanos indocumentados detenidos procedentes de Cuba, sean deportados a la isla.
El acuerdo que resolvió el problema con la deportación de los cubanos, a su vez incrementó la corrupción de las autoridades mexicanas que la utilizan como instrumento para extorsionar. Principal temor de los cubanos que huyen de la isla.
Como parte de la Asociación Cívica Cubano mexicana Eduardo M. Ferrer creó la “casa del balsero y el emigrante cubano”, con la que colaboran unas 47 personas.
Pero el albergue y la regularización migratoria no son los únicos pasos en la ayuda que brindan a los cubanos.
“Aparte de presentar los documentos nosotros hacemos un monitoreo del viaje de los cubanos en avión hacia la frontera con los Estados Unidos. Antes de salir lo llevamos al INM, mostramos los documentos para que den el visto bueno y les decimos (a las autoridades) las fechas de viaje”, explica el abogado.
Desde el primer paso de la ayuda hasta el monitoreo es manipulado por el gobierno de Cuba para construir una historia de “traficante” alrededor de Ferrer.
“Llevo 28 años sin entrar a Cuba, no me dejan. Antes era para ellos un contrarrevolucionario, ahora dicen que soy traficante de personas porque ayudo a los cubanos que huyen de Cuba. Dicen que gano millones”, expresa, restándole importancia a las acusaciones.
“Yo no he creado nada nuevo”, afirma Ferrer. “Hace más de 100 años existen cubanos organizados en México que ayudan a los emigrantes que pasan por este territorio. El antecedente más lejano de esta ayuda es Pedro Antoni Santacilia y Palacios, un cubano asociado a la familia de Benito Juárez que desde su posición de asesor personal de Juárez ayudaba a todos los cubanos que pasaban por territorio mexicano”.
Algo así se palpa en el ambiente interior de la “casa del balsero y el emigrante cubano”. Archivos repletos de fotos y documentos que avalan los certificados INM, la Cámara de Diputados, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y otros, que colgados en las paredes, crean un ambiente de confianza para quienes llegan solicitando auxilio.
