LA HABANA, Cuba.- El Movimiento cubano por la Libertad de Expresión (MOLE) presentó este lunes, justo cuando se celebra en la Isla el día del jurista, una petición de acción para declarar inconstitucional el Decreto-Ley 370.
La petición se entregó, de manera simultánea, en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el Consejo de Estado (CE), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Tribunal Supremo Popular (TSP); y está dirigida a Juan Esteban Lazo Hernández y Homero Acosta Álvarez, Presidente y Secretario de la ANPP y del CE respectivamente, a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República, a Rubén Remigio Ferro, Presidente del Consejo de Gobierno del TSP, y a Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República de Cuba.
Los más de sesenta suscriptores iniciales presentaron la petición a nombre de “poco más de 500 personas residentes en Cuba y de alrededor de 3 mil 100 personas de origen cubano y otras 83 nacionalidades, quienes desde el 19 de abril de 2020 hemos firmado la Declaración contra el Decreto-Ley 370: Ley Azote”.
Entre otros, los peticionarios se basan en el artículo 61 de la Constitución de la República de Cuba, el cual establece que los ciudadanos tienen derecho “a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley”.
Del mismo modo, declaran que su reclamo se sustenta en que el Decreto Ley 370 y su legislación complementaria establecen restricciones a la libertad de expresión que contradice lo dispuesto en los Artículos 8, 40, 41, 54 y 228 de la Constitución vigente y lo prescrito en tratados internacionales en vigor para la República de Cuba, entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
“(…) la libertad de expresión constituye la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas y la base para el pleno goce de una amplia gama de otros derechos humanos, por tanto su restricción ilegítima también constituye una limitación al ejercicio de otros derechos humanos, tales como libertad de reunión y de asociación, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, participación en la dirección de los asuntos públicos y ejercicio del derecho de voto, lo cual constituye una violación de los principios de indivisibilidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos reconocidos en el Artículo 41 de la Constitución”, detalla el documento.
El artículo 68, inciso i, del Decreto Ley 370, estipula que se considera una contravención asociada a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.
Desde enero del presente año hasta la fecha, un total de veintisiete ciudadanos cubanos, activistas y periodistas independientes han sido multados con 3000 pesos (alrededor de 120 dólares) en virtud del Decreto Ley 370. A algunos incluso les han confiscado sus equipos de trabajo como ordenadores y teléfonos celulares. Más de una veintena han sido amenazados con la sanción.
En el caso del periodista independiente Niober García Fournier , le han sido impuestas dos multas en base al Decreto Ley 370.
Como respuesta ante el aumento del hostigamiento por parte de los órganos represivos, el 19 de abril varios multados y colaboradores hicieron pública la “Declaración contra del Decreto Ley 370: Ley Azote”. En ella manifestaban que el Decreto Ley 370 constituye “el escarmiento, la ejecución pública de aquellos con criterios propios, a quienes intenta quebrantar, ya sea obligándolos a desistir de sus denuncias u opiniones, o a abandonar el país (…) El 370 es hoy lo que era para los esclavos, durante la etapa colonial, el látigo, el azote, el castigo por rebelarse contra el opresor”.
La campaña contra el 370 llamó la atención de organizaciones de derechos humanos y medios de prensa, nacionales e internacionales. El 6 de mayo se lograba un hecho sin precedentes en la historia de Cuba: alrededor de cincuenta organizaciones de este tipo publicaron el comunicado “Cuba y su Decreto-Ley 370: aniquilando la libertad de expresión en internet”.
En la declaración se repudia la imposición del Decreto Ley 370 y la persecución en contra de periodistas y actores de la sociedad civil independiente en Cuba, así como se conmina a gobiernos y demás entidades a repudiar estos actos y exigir al régimen cubano el respeto de los pactos internacionales de derechos humanos.
Poco después, producto del enfrentamiento a la Ley Azote, se funda MOLE. Sus fundadores exponen que la organización se constituyó con el objetivo de promover acciones para la derogación de todas las regulaciones nacionales que atenten contra la libertad de expresión en Cuba, mantener la vigilancia sobre los actos del gobierno que puedan coartar la libertad de expresión y suscitar la educación cívica en los ciudadanos cubanos.
La petición de inconstitucionalidad del 370 presentada hoy es el resultado del trabajo implementado por MOLE.
No obstante, la primera acción de este tipo se produjo el 29 de abril cuando el economista y disidente cubano Enix Berrio Sardá, en representación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, entregó una solicitud a la ANPP para que esta revisara y declarara inconstitucionales dos de los artículos del Decreto Ley 370. Dos días después, se informaba la desaparición de Berrio Sardá, quien fue interrogado y amenazado por la Seguridad del Estado cubana por más de 48 horas.
La denuncia al Decreto Ley 370 fue fundamental también en el primer informe país sobre la situación de derechos humanos en Cuba, presentado este 4 de junio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según el documento, “Cuba sigue siendo el único país del Hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Permanece un modelo de monopolio estatal sobre los medios de comunicación”, existe una “persecución selectiva y deliberada en contra de medios y periodistas independientes” y “se observa una grave discriminación por motivos políticos en el ejercicio de los derechos humanos a todo aquel que piense o quiera expresarse distinto al régimen socialista”.
Para responder a la petición presentada este lunes por MOLE, las instituciones involucradas disponen de cuarenta y cinco días.
Los integrantes de MOLE informan que todos los interesados en ser parte de la iniciativa pueden descargar los documentos (1 y 2) y enviarlos directamente a [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected], con el asunto PETICIÓN DE ACCIÓN PARA DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEY 370/19.
“El Decreto-Ley 370 o Ley Azote nos afecta a todos. Como ciudadanos es nuestro deber combatirlo colectivamente a través de las vías legales disponibles. Todos unidos somos Una Mole de Libertad”, subrayó el comunicado de MOLE.
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