LA HABANA, Cuba.- En 1978 nació la empresa “privada con capital estatal” que posee el mérito de haberse convertido en el monopolio de las empresas offshore de Cuba durante las décadas de 1980 hasta bien entrada la de 1990.
CIMEX se encargaría de enviar funcionarios “confiables” a países como Panamá, Honduras y Costa Rica donde habían sido establecidas sociedades empresariales gracias a ciudadanos cubanos y extranjeros que habrían servido como testaferros.
Pascual García, exfuncionario de CIMEX y encargado de la exportación e importación de piezas para autos y chatarra en una oficina de la entidad establecida en Tegucigalpa, asegura que el negocio estaba registrado en el país centroamericano, a nombre de un ciudadano nicaragüense llamado Florentino, empleado del lugar y que desconocía su verdadera participación en el negocio, por el cual apenas recibía un salario “como mecánico”.
“Mi trabajo era enviar las ganancias a Cuba y llevar los registros de los autos que llegaban al puerto (desde La Habana) como chatarra y que más tarde eran reenviados a Cuba como de uso. Eran autos que las empresas daban de baja y que luego eran comprados por estas mismas empresas. Un negocio que reportaba unos 800 dólares por cada auto”, afirma Pascual.
CIMEX, dirigida desde su fundación por el Ministerio del Interior, contuvo en sus inicios al Departamento Z, que poco después se convertiría en el célebre Departamento MC (Moneda Convertible), dirigido por el coronel Tony de la Guardia, fusilado en 1989 junto al general Arnaldo Ochoa como resultado del juicio conocido como Causa no. 1 de 1989.
Pero el holding continuó creciendo y llegó a agrupar a más de 80 empresas importadoras y exportadoras.
“Entre las primeras que CIMEX creó estaban Comercial CIMEX (registrada en Panamá en 1984), Treviso Trading (registrada en Panamá en 1981), Amisa, entre otras. Con el paso del tiempo llegué a contabilizar más de 250 empresas bajo el ala del conglomerado, entre navieras, financieras y comerciales”, afirma el abogado Pablo de Cuba, exasesor del Ministerio de Comercio Exterior y creador de algunas de las más de 1 700 empresas del gobierno cubano, de las cuales la mayoría aún operan en el exterior.
En 2009, poco tiempo después de que Raúl Castro asumiera el poder supremo, CIMEX dejaría de pertenecer al MININT para ser absorbida por el Grupo Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (GAESA), de modo que el coronel Héctor Oroza Busutil, segundo jefe de dicho grupo, y director de varias empresas offshore en Panamá como Kave Coffee S.A., Wounded Knee Holding Corp., American Internacional Services S.A. y Shamrock Assets Corp, sería nombrado su presidente.
“Hasta ese momento CIMEX se había convertido en una piedra en el zapato de Raúl”, afirma un ex alto oficial de las Fuerzas Armadas fundador de GAESA y testigo del traspaso de CIMEX: “Muchos escándalos de corrupción pero no solo eso, sino que absorbía todos los negocios importantes fuera de Cuba y la aspiración de Raúl era concentrar ese poder económico en los militares de confianza (…). Hasta el año (19)89 las FAR fueron insignificantes en la economía, pero cuando se crea el grupo de trabajo en las FAR a principios de los 80, ya se hablaba de convertir el GAE (GAESA) en el principal motor de la economía y tratar de absorber CIMEX (…). Raúl se encargó de llevarle pruebas a Fidel sobre lo que estaba pasando, pero eso todo el mundo lo sabía, no descubrió nada nuevo. Él lo que hizo fue asestarle el golpe final (al MININT), se apoderó de él (…), en eso está la mano de su yerno en aquel momento y de Casas Regueiro, que era el cerebro de todo”, asegura este exoficial bajo condición de anonimato.
La justificación del embargo
Iniciaban los años 60 cuando Estados Unidos impuso a Cuba un embargo comercial, económico y financiero como respuesta a las expropiaciones realizadas por el gobierno revolucionario a ciudadanos y empresas norteamericanas radicadas en la Isla.
El embargo, en sus inicios, no solo prohibía a las empresas estadounidenses realizar negocios con Cuba, también sancionaba a las filiales extranjeras de empresas radicadas en territorio norteamericano y a las de otros países.
Las leyes del embargo especifican que también son sancionables las compañías en Estados Unidos que realicen negocios con Cuba indirectamente (por ejemplo, a través de una offshore), a menos que sean transacciones autorizadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, o el Buró de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio.
En consecuencia, los hermanos Castro desarrollaron, a velocidad de atleta, una estructura económica de apariencia socialista cuyos cimientos y buena parte de su armadura habría de ser al estilo capitalista, algo que no todas las veces dio los enjundiosos resultados que esperaban, de acuerdo con los reiterados estallidos al interior del propio aparato de gobierno por razones de corrupción o, como se define en las actas de los juicios de 1989: “abuso de la confianza depositada por el Partido (Comunista)” en los acusados, una frase que revela cuán frágil es el sistema de los Castro, basado en la lealtad y no en la capacidad demostrada.
El objetivo declarado del gobierno cubano con estas operaciones capitalistas “ocultas” habría sido evadir el embargo, pero también evitar la burocracia del propio Estado cubano, un obstáculo que, aún en el presente, causa desvelo entre los principales dirigentes de la isla.
“Realizar estas operaciones de una manera más dinámica, menos supervisada, menos sujeta a la burocracia del Banco Nacional de Cuba. Todas estas compañías recibieron en su momento el financiamiento del Banco Financiero Internacional, que ahora pertenece a GAESA”, explica bajo condición de anonimato un ex asesor del Ministerio de Comercio Exterior cubano contactado vía telefónica por un grupo de periodistas del Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
Según la misma fuente, además de burlar el embargo, las empresas offshore tenían el objetivo de realizar operaciones encubiertas. Tal fue el caso de la importación secreta de café proveniente de Ghana y Mozambique, durante las décadas de 1970 y 1980.
Las toneladas de este producto se compraban a veces a través de esas empresas offshore radicadas en España y se embarcaban hacia Cuba. Sin embargo, en los contratos de estas operaciones el producto se describía como ‘cajas verdes’ y no como ‘café verde’.
Semejante fraude se realizaba sistemáticamente para burlar los convenios regulatorios sobre oferta-demanda establecidos por las partes integrantes de la Organización Internacional del Café (el precio del mismo podía oscilar entre 1.25 y 2.55 la libra) y no precisamente para burlar el embargo estadounidense.
Cuba tenía una cuota, como cualquier otra nación exportadora y, para mantenerla, alteraba las declaraciones con el fin de conservar su condición de país exportador.
Cuba importaba el café africano tergiversando así los contratos a través de estas offshore, un tráfico ilegal con el cual Cuba no solo violaba un convenio de comercio internacional sino que vendía al pueblo cubano un producto de baja calidad, mientras el café cultivado en la isla era destinado totalmente a la exportación para obtener más ingresos en divisas.
