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LA HABANA, Cuba.- El 2017 comenzó con la varilla bien alta para los cubanos que tienen un negocio propio. En especial, los emprendedores que comercian o prestan servicios ambulantes, son acosados por las instituciones estatales que organizan y controlan el quehacer del sector.
Cuentapropistas de la capital señalaron que en el transcurso de enero aumentaron las intervenciones policiales, las restricciones operativas, inspecciones, multas y, por consiguiente, la extorsión sobre los trabajadores autónomos.
En la isla el trabajo por cuenta propia nació sujeto a directrices —recogidas en el llamado objeto social de cada figura permitida— que niegan personalidad jurídica a los pequeños empresarios, limitando el crecimiento de los negocios.
La arista más impopular viene a ser los mecanismos internos que, de acuerdo a los intereses del gobierno en cada territorio, se emplean para controlar la actividad de la libre empresa.
Algunas de estas acciones no son leyes, sino políticas que contradicen los acápites establecidos en las licencias para determinar los rangos de movilidad comercial, tipos de productos y servicios que se pueden ofrecer.
El 2016 concluyó marcado por prohibiciones y decomisos realizados, fundamentalmente al segmento de trabajadores ambulantes.
Daniel Téllez, un vendedor de cebollas en el municipio Centro Habana, dijo que en las últimas dos semanas ha enfrentado seis inspecciones y recibido dos multas que ascienden, entre ambas, a 1 050 pesos.
Del mismo modo, señala Téllez que las autoridades “hacen un swing más grande” a los dueños de carretillas (vendedores ambulantes de productos agrícolas) y bicitaxis, para quienes la situación de trabajo se vuelve cada vez más compleja en la ciudad.
“No sé a qué se debe, pero es notable. No los dejan ni respirar”, comentó.
Un carretillero que aceptó colaborar en condición de anónimo explicó que, a tenor de poseer o no licencia, tanto él como la mayoría de sus colegas pagan un “tributo” a los inspectores para que le permitan desplazarse con libertad por las calles de Centro Habana.
De acuerdo a su testimonio, al menos dos veces por semana entrega una bolsa con viandas o 10 CUC a miembros del cuerpo de Inspectores Generales Integrales.
“Es un chantaje. Llegan y te preguntan qué tienes para ellos”, destacó. “Si te haces el duro y no das nada te enganchan 700 pesos de multa, por cualquier cosa. Y luego te mandan más inspectores a cazarte la pelea, entonces sí que llueven las multas”.
Añade la fuente citada que en la extorsión también participan agentes del orden, los que se valen de las regulaciones viales para presionar a los cuentapropistas y obtener una “tajada”.
“La carretilla tiene que estar en constante movimiento. Eso no hay quien lo aguante, en algún momento tienes que parar a descansar y es entonces que se aprovechan”, concluyó.
Si de vigilancia se trata, Carlos González, bicitaxista de Centro Habana, comunica que durante enero se duplicaron los operativos policiales contra los dueños de ese medio de transporte.
Según refleja González, en las redadas las autoridades decomisaron el “bicitaxi” a cinco compañeros de oficio.
“La gente ve pasar el camión de la Brigada Especializada (de la Policía Nacional Revolucionaria) y sale corriendo. Con ellos no hay multas ni soborno, te cogen junto con el ‘bicitaxi’ y te zumban para arriba del camión. Y si chistas, agarras una metida de leña”, ilustró.
González dijo que el año pasado entraron en vigor una serie de modificaciones que, entre otras reformas, limitaron las arterias por donde pueden transitar. En enero 2017 se incrementó el número de calles “prohibidas”.
Asimismo, amplió que se mantiene detenido el otorgamiento de nuevas licencias operativas, motivo por el cual se mueven decenas de bicitaxis ilegales.
Por su parte Andrés Madera Ravelo, también propietario de uno de esos triciclos de pasaje, comentó que los miembros del gremio se resisten a acatar las restricciones de movimiento dado que pagan una licencia certificada para trabajar en cualquier sitio del país.
Puntualiza Madera que las restricciones se convirtieron en caldo de cultivo para el acoso de autoridades locales, quienes ahora tienen nuevos móviles para pedir pagos subterráneos.
“Lo que hacemos es que en la piquera recolectamos 300 pesos semanales por cada uno, para ‘mojar’ (sobornar) a los inspectores, a la policía y hasta al delegado (de la circunscripción o comunidad)”, dio a conocer Madera, alegando que “es la única manera de trabajar con un poco de tranquilidad. Si no lo hago, ¿con qué voy a mantener a mis hijos?”
