LA HABANA, Cuba. – Desde su sillón de ruedas, Leydis García Medina, 43 años, residente en el batey Deseadas del municipio Colón, en Matanzas, reconstruye las últimas dos décadas de su vida: hace más de 20 años Alexander Flores Miranda, su pareja en ese tiempo, la golpeó y después la lanzó del quinto piso del edificio donde vivía.
Con apenas 20 años, Leydis sobrevivió por primera vez.
“Segundos antes de golpearme me soltó que si no era de él no iba a ser de nadie. Luego del trastazo me lanzó para que pensaran que yo me había suicidado”, recuerda Leydis.
“Recuperé el conocimiento a los dos días y estaba arriba de una cama en el hospital de Matanzas. Tenía fracturada la columna a nivel de la vértebra diez y me tuvieron que hacer una reconstrucción para fijarme desde la ocho hasta la doce”.
Leydis no denunció a su exmarido. Los motivos prefiere reservárselos. No obstante, reconoce que Alexander la maltrataba a menudo, “tanto verbal como físicamente”.
“Antes de ese día lo denuncié en la Policía y tuve que retirar la denuncia porque me dijo que si mantenía la acusación me iba a matar, como intentó”, cuenta.
En un país donde la violencia machista y los feminicidios no están tipificados como delitos, muchas mujeres dejan de denunciar a sus maltratadores por miedo o desconocimiento. Cuando denuncian tampoco es seguro que encuentren mecanismos legales que las conduzcan a espacios seguros.
Aunque en Cuba existen las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, el propio Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), dirigido por Mariela Castro Espín, admitió hace años que en la Isla no habían “mecanismos de protección legal para las víctimas de la violencia de género”.
La sobrevida, otra vez
En 2020, Leydis fue violada y apuñalada por Yoandy Riol García, otra expareja que pese a su rosario de agresiones se encuentra libre con “una medida cautelar de fianza en efectivo”, como atestigua una carta de la Fiscalía Municipal de Colón fechada el 23 de octubre del pasado año.
Riol García no ha dejado de amenazarla de muerte. Sin embargo, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Fiscalía han hecho caso omiso a sus denuncias, asegura Leydis.
“Tuve una relación hace siete años de golpes y humillaciones con Yoandy. Cuando me decidí a dejarlo, él irrumpió en mi casa y me amenazó con hacerme daño. Yo lo denuncié y lo encontraron culpable, por lo que lo condenaron a tres años de privación de libertad. Sin embargo, él apeló y le pusieron un año en campamento y dos de la casa al trabajo”, cuenta.
“Todavía no terminaba de cumplir la sanción y un día a las 4:00 de la mañana entró nuevamente a mi casa y me violó. Lo acusé y en septiembre de 2020 se le sancionó a una pena de siete años de privación de libertad por los delitos de violación y violación de domicilio. Además, le impusieron una orden de alejamiento que él no ha cumplido”.
Después de haberlo acusado, el agresor le dijo que “como él estaba cumplido” la iba a matar. “Y luego me encajó una puñalada en el hombro derecho muy cerca del pulmón y se fue corriendo. Si no fuera por los vecinos, estaría muerta”, narra Leydis.
Estas amenazas son ampliamente conocidas por las autoridades encargadas de administrar la justicia en el territorio, apunta la entrevistada. “El jefe de Sector de Deseadas, Wilfredo Ángel Meneses, ha visitado la casa en varias ocasiones y yo le he dicho que mi hijo, Reynaldo Jesús, quiere subir un video para Facebook pidiendo ayuda a otros países, porque en este no han hecho nada con mis reclamos”, explica.
“Yoandy me apuñaló y aún sigue suelto”, lamenta Leydis, que no puede entender cómo, a pesar de ser condenado, su agresor se mantiene en libertad. “Mientras, nosotros estamos encerrados en la casa por temor, como si hubiésemos cometido un delito, él todavía está en la calle campeando por su respeto y amenazándome de muerte”.
En septiembre de 2020 hizo una reclamación ante la Fiscalía Municipal de Colón, donde decía que se encontraba inconforme con el proceso de investigación y las medidas adoptadas por los órganos investigativos en contra de Riol García.
“Solicité en reiteradas ocasiones a los agentes tanto de la PNR como de la Unidad de Instrucción del territorio que él no permaneciera en libertad, ya que sentía, y aún siento, mucho temor de lo que pueda hacerme debido a todas las amenazas verbales y las acciones que ha cometido contra mí, pero estos organismos han desentendido mis denuncias”.
¿Quién protege a Leydis?
El informe “Cubanas fuera de la Agenda 2030”, presentado por la periodista María Matienzo Puerto durante una conferencia virtual organizada por la ONG Race and Equality el pasado 3 de febrero, señala que “según la Red Femenina de Cuba (RFC), organización de la sociedad civil independiente, entre 2015 y 2018 fueron asesinadas al menos 502 mujeres (cubanas). Solamente en 2020, 32 féminas fueron asesinadas por sus exparejas”.
Solo en el recién finalizado mes de febrero al menos cuatro mujeres fueron ultimadas, según la RFC. De acuerdo con la revista feminista Alas Tensas, el último feminicidio reportado este año ―con lo que ya suman nueve― ocurrió en Bayamo, justo el Día Internacional de las Mujeres.
Para las activistas de YoSíTeCreo en Cuba, una plataforma de apoyo y acompañamiento a las mujeres en situación de violencia machista, en la Isla “el Estado tiene una serie de instituciones (Federación de Mujeres Cubanas, CENESEX, Fiscalía, Sistema de Salud y ONG sobre todo ecuménicas, aunque ya estas no son del Estado) que brindan algunos apoyos; pero no cuenta con un sistema integral a víctimas de violencia de género. Falta acompañamiento, leyes específicas, policía especializada, entre otros”.
En Deseadas, sin conexión a internet ni acceso a los medios digitales y las redes sociales, Leydis no se ha enterado de que grupos de activistas como YoSíTeCreo en Cuba o la RFC podrían brindarle apoyo psicológico y asesoría. Sin más medios que los que están a su alcance inmediato, reza cada día para que su maltratador no entre por la puerta.
El Estado, un macho que se desentiende
Además de las gravísimas agresiones que ha sufrido a lo largo de su vida, Leydis denuncia el abandono de las instituciones que deberían apoyarla debido a su condición de salud y su historial de violencia machista.
Aunque posee una vivienda otorgada por las autoridades hace tres años, carece de libreta de abastecimiento, lo que hace aún más difícil su subsistencia y la de su hijo de 11 años.
“(Las autoridades) buscaron un (local) habitable y me lo dieron, sin metrocontador para la corriente eléctrica ni tarjeta de abastecimiento, por lo que estoy agregada en otra. Muchas veces pierdo hasta la dieta porque me es muy difícil trasladarme hasta Colón, que es donde estoy ubicada, porque un coche me cuesta hasta 100 pesos”.
Antes de la unificación monetaria, Leydis tenía una pensión de 215 pesos, que subieron a 1000 en enero. Después de reclamar al régimen por tan baja asignación, la incrementaron a 2000 pesos. Sin embargo, con el aumento de los precios aparejado a la Tarea Ordenamiento, ese monto aún es insuficiente. Entre comida, ropa, zapatos, corriente eléctrica, aseo (para ella y su hijo) y medicamentos, “la cuenta no da”, se queja.
Hoy día, solamente la canasta básica de una persona cuesta en total 1528 pesos (incluyendo los productos alimenticios y de aseo de la venta normada, así como electricidad y agua). Si se incluye medicina y otros alimentos que se adquieren en el mercado informal, la cuenta se incrementaría por encima de los ingresos de Leydis.
“Frecuentemente tengo que ir al basurero a recoger lo poco que encuentre porque ya la gente no bota nada, desde un plástico para venderlo luego, hasta una cuchara para reutilizarla, porque a mí este Estado no me da nada”, denuncia.
“Un día, una trabajadora social de Colón me dijo que no me daba zapatos porque yo no caminaba. Por suerte la despidieron. Y la Asociación de Limitados Físico Motores (ACLIFIM) a la que pertenezco hace muchos años, no me ha resuelto ni un sillón de ruedas”.
El sillón de ruedas… ese es otro de sus dolores de cabeza: “La caja de bolas tiene problemas, las llantas están partidas y las gomas grandes de atrás están soltando los pedazos”, desgrana. “El otro día llamé a la ACLIFIM y me dijeron que no hay sillón para mí, aunque mi vida transcurre sobre uno”.
Para completar, su permanente estado en un sillón de ruedas le ha provocado una escara de gran profundidad que “casi le llega al hueso”, describe ella misma. Y aun así, el medicamento tópico que debe usar para controlar la lesión, no ha podido adquirirlo.
“El cirujano me dijo que debía usar Granulex porque el nitrato de plata me agranda el orificio, pero si no puedo adquirir ni siquiera las sondas que necesito, porque no las hay en ningún lugar y el gobierno no me las garantiza, ¿cómo voy a conseguir entonces ese fármaco?”, se pregunta.
“Tampoco hay medicinas para la circulación; estoy bajo tratamiento psiquiátrico, pero no tengo antidepresivos, en estos momentos no estoy tomando nada para los nervios”, lamenta.
Según confiesa, ha intentado quitarse la vida varias ocasiones, “con píldoras y hasta con cloro”. Dice que no aguanta más, que se va a internar en un asilo, pues por lo menos allí le dan pastillas y comida.
“Yo trato de entretenerme cosiendo o tejiendo. Creo que en cualquier momento me vuelvo loca porque la cabeza no me da para más”, termina.
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