LA HABANA, Cuba.- “La violencia de género no es un fenómeno nuevo en Cuba, aunque ha sido invisibilizado durante décadas (…). Necesitamos ya un ordenamiento jurídico que no deje a nadie afuera, necesitamos garantizar políticas públicas que nos favorezcan, tipificar el feminicidio, que se deje de centralizar el acceso a la información”. Así lo expuso la periodista independiente cubana María Matienzo, este 3 de febrero, durante una conferencia virtual organizada por Race and Equality en la que se analizó el papel de Cuba ante la agenda 2030 y su cumplimiento del punto número 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), referido a igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas.
En este marco, la escritora y periodista de CubaNet presentó su informe “Cubanas fuera de la Agenda 2030”. Su objetivo es “llamar la atención sobre la situación de las mujeres y las niñas cubanas que quedan por fuera de las estadísticas que proporciona el Estado a los organismos internacionales, en las que se da la imagen de una equidad que no existe. Se pretende promover que haya coherencia entre la ratificación de pactos y declaraciones internacionales con las prácticas que efectivamente tienen lugar en Cuba”.
Para su análisis, la autora se basó en entrevistas realizadas entre 2016 y 2020, y publicadas en el medio digital CubaNet News; las mismas indican que en Cuba existe un patrón de violencia contra las mujeres que “se repite a lo largo de los años, demostrando el incumplimiento del ODS 5”.
“La violencia en Cuba está institucionalizada y se regula según las normativas del Estado (…). La realidad de las mujeres cubanas es ajena a las conclusiones estatales según las cuales la igualdad de género se ha alcanzado en la isla. Por el contrario, el día a día muestra que la discriminación contra las mujeres aún está latente, afectando su plena participación en la esfera pública y limitando sus oportunidades de liderazgo”, señala el documento.
En cuanto a la supuesta representatividad de las féminas cubanas, Matienzo explicó que, aunque el 53 por ciento de las integrantes del Parlamento son mujeres, “por motivos políticos la violencia de género en contra de las mujeres que no se sienten representadas por la FMC es una de las expresiones más visibles”.
La autora explicó además que en noviembre de 2019, un grupo de 40 mujeres activistas presentó ante la Asamblea del Poder Popular (ANPP), órgano encargado de regular las leyes cubanas, una solicitud de ley integral contra la violencia de género. Para ello, argumentaron que Cuba firmó y ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y, sin embargo, el ordenamiento legal vigente no contempla como delitos la violencia, el maltrato o el feminicidio.
Esta propuesta fue desoída y, por tanto, quedó fuera del cronograma legislativo hasta 2028, cuando se vuelva a considerar la posibilidad de dictar nuevas leyes.
Según la Red Femenina de Cuba, organización de la sociedad civil independiente, entre 2015 y 2018 fueron asesinadas al menos 502 mujeres. Solamente en 2020, 32 féminas fueron asesinadas por sus exparejas. Y, en lo que va de año, ya han tenido lugar 4 feminicidios.
De igual manera, en el último año se han conocido además varios casos de menores de edad víctimas de abuso lascivo o violaciones sexuales. Al respecto, Matienzo argumentó que, “si las mujeres no tenemos detrás leyes que nos protejan, las niñas están peor”.
Otro de los aspectos abordados por la autora es el referido a las violaciones de derechos de mujeres activistas, sobre lo cual alega que en Cuba se ha criminalizado el activismo. Las féminas que promueven y defienden los derechos humanos son sometidas a intimidaciones, amenazas y persecuciones.
“Hasta julio de 2020 había nueve mujeres presas políticas en Cuba. La represión contra las activistas ha ido en aumento en la medida en que se ha hecho más visible su lucha por los derechos humanos. El Estado cubano ha comenzado a percibir el poder de convocatoria y la transformación de las mujeres, y se ha ensañado con sus familias encarcelando hijos e hijas. Las familias suelen ser el blanco principal de las agresiones. En los casos descritos, los hijos y las hijas han pagado las consecuencias del ejercicio de la libertad de expresión y de la participación en la vida pública de sus madres”.
De igual forma, la autora refiere que, aunque la Constitución de la República de Cuba reconoce que “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y responsabilidades” y que “el Estado propicia el desarrollo integral de las mujeres y su plena participación social”, en la práctica se evidencia que tal igualdad no se garantiza.
“Pese a esta norma constitucional, y a ser un Estado miembro de la CEDAW, Cuba no ha implementado en forma eficiente los estándares internacionales para proteger a las mujeres y las niñas. Tampoco ha cumplido con el ODS 5, contrariando lo expresado en su informe a la CEPAL y desconociendo el principio de “no dejar a nadie atrás”.
En la videoconferencia intervino además Marthadela Tamayo, activista del Comité Ciudadano por la Integración Racial (CIR), quien resaltó que en Cuba las mujeres afrodescendientes son víctimas de mayores discriminaciones.
Por su parte, Eorises González Suárez, activista de la organización Plataforma Femenina, afirmó que el Estado cubano no ha implementado ningún plan de acción nacional que promueva los derechos de las mujeres.
En cuanto al marco regional, Damaris Paola Rozo López, Directora del Observatorio Regional de ODS, explicó que América Latina y el Caribe enfrentan retos y dificultades para el alcance de la agenda 2030 y las estimaciones presentan que no se lograrán cumplir los objetivos para el 2030; y “de seguir esta tendencia reflejada, ni siquiera en 50 años se podrán cumplir”.
El informe se presentará además en un evento público, en el mes de marzo próximo, organizado también por Race and Equality. Este centro trabaja desde hace varios años en Cuba con el objetivo de promover a la sociedad civil.
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