La vivienda digna y segura es un derecho

La vivienda digna y segura es un derecho

Para dar solución a este mal y a otros se requiere la sustitución de la economía centralizada, dirigida y controlada directa o indirectamente por el estado

Vivienda en La Habana. Foto archivo

SAN JUAN, Puerto Rico.- Duele ver el triste espectáculo de familias cubanas durmiendo en portales por miedo al desplome de ruinosas viviendas. Son muchas los miles de familias en la Isla que residen hacinadas en inseguras edificaciones, con riesgo para sus vidas por causa de derrumbes.

Según estadísticas oficiales para 2018 se calcula que en el país hay 9 823 cuarterías y unas 84 452 viviendas en estado precario. Además, hay 854 edificios residenciales en estado crítico, todo lo cual se estima que afecta unas 849 753 personas. A ello cabe añadirse el déficit de un millón de viviendas, lo cual afecta a 2.5 millones de habitantes en todo el país.

Este no es solo el único gran problema que día a día padece el pueblo cubano. Añádase la falta de alimentos y medicinas, las condiciones insalubres de los hospitales, la mala calidad del transporte público, entre otros muchos.

Se trata de un mal endémico cuya raíz está en la ineficiencia intrínseca del impuesto sistema económico, político y social que ha arruinado al país tras 60 años de dictadura comunista, y el cual se caracteriza por el centralismo totalitario, el clasismo y la privilegiación.

El improductivo sistema económico genera la escasez de los materiales necesarios para la construcción de nuevas viviendas y la reparación y el mantenimiento adecuado de las existentes. A su vez, el control del Estado en la distribución y venta de aquellos limitados materiales que éste pone a disposición del público son vendidos a precios exorbitantes en divisas o moneda convertible (CUC), inaccesibles para el salario de los ciudadanos, lo cual genera la existencia de un mercado negro basado en la corrupción y el robo.

Esto súmesele el problema generado por el enfoque clasista de privilegios en favor de aquellas personas incondicionalmente comprometidas con la dictadura, a los cuales el Estado les otorga viviendas, alimentación y servicios médicos en detrimento de las personas más necesitadas y las cuales son otorgadas en mayor calidad y cantidad en cuanto mayor sea la jerarquía dentro de las estructuras políticas del Estado.

En el fondo, el régimen cubano no puede, ni le interesa, resolver el serio problema de la vivienda que sufre el pueblo, pues la pobreza es parte del control social que el estado totalitario ejerce sobre el ciudadano.

Así pues, el Estado cubano viola institucionalmente un derecho humano contenido en el artículo 25, inciso 1 de la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial a la alimentación, el vestido, la vivienda…” (énfasis nuestro)

En otras palabras, todos los seres humanos tienen derecho a una vivienda digna y segura. Un derecho que sistemáticamente el régimen le ha conculcado al pueblo cubano durante décadas.

Bajo las actuales condiciones, resulta imposible la solución del serio problema habitacional que padece el pueblo cubano. Se trata de un problema sistémico. O sea, que es causa de una economía centralizada, ineficiente e improductiva, dentro de una sociedad dominada por una casta privilegiada, exclusivista y minoritaria que ostenta el dominio absoluto de un estado dictatorial y totalitario.

Para dar solución a este mal y a muchos otros que padece el pueblo cubano, se requiere la sustitución de la economía centralizada o en cualquier forma dirigida y controlada directa o indirectamente por el estado, por un sistema económico que abra el país al libre empresarismo y mercado para todo el pueblo sin distinciones. Esa libertad empresarial hará incentivar la productividad y acrecentar la economía, al tiempo que incrementará el empleo y elevará el salario de los trabajadores, por ende, el nivel de vida de la población; y consecuencia, se incrementará la producción de los materiales de construcción y provocará su abaratamiento en el libre mercado, garantizando su accesibilidad al pueblo para la reparación de sus viviendas y la construcción y/o adquisición de otras nuevas.

Por otro lado, la libertad de empresarismo generará la apertura del mercado financiero, lo que permitirá la adquisición de préstamos para los inversionistas desarrolladores de viviendas y para los ciudadanos en general que deseen adquirir una vivienda nueva, lo que hará accesibles la adquisición de viviendas seguras y dignas con verdaderos y plenos títulos de propiedad.

Luego la solución del grave problema de la vivienda, y demás escaseces y penurias que sufren los ciudadanos cubanos, empieza el cambio total y profundo del sistema político, social y económico imperante en el país. Un cambio enmarcado dentro de un sistema inclusivo y participativo de todos los cubanos basado en el democrático pluralismo político, la justicia social, y la libertad empresarial y de mercado.

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